Bogotá, 28 de abril de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo escrito por nuestro director ejecutivo, Hernando Herrera Mercado, publicado en la revista Alternativa. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
La pandemia de nuestros tiempos (Coronavirus) ha incentivado la búsqueda de refugios para comprender la dimensión de las tragedias humanas, y qué mejor asilo para mentalmente evadir los rigores de las cuarentenas, aislamientos o confinamientos impuestos necesariamente por las autoridades, que la literatura. Precisamente de sus obras, hay una que por su homonimia con el presente, motiva a releerla, entre otras, también para disipar la intranquilidad que esta vulnerabilidad no solo concierne a nuestra contemporaneidad sino que igualmente ha tocado a otras generaciones. Me refiero por supuesto a ‘La peste’ del escritor Albert Camus, novela que como alguien dijo, trasciende su marco temporal y geográfico, adquiriendo hoy en día el rango de metáfora universal.
No obstante, más allá de la irrupción de una epidemia letal como la que padecemos, en realidad Camus, pretende mostrarnos que además de las epidemias biológicas, hay otras “pestes”. Esa narrativa puede entonces extrapolarse o adaptarse, a todo tipo de situación desafortunada que aqueje a una sociedad. En el caso colombiano varias problemáticas pueden incumbir a ese criterio, pero dada la actual coyuntura, sí existe una que la puede ambientar perfectamente, es la pretérita crisis carcelaria.
Por décadas se viene hablando de esa situación irresuelta, alimentada por el hacinamiento, la corrupción, la insalubridad y el inadecuado control sobre los reclusos. En consecuencia, aludir a la expresión crisis carcelaria para denominar a este penoso estado se hace poco original, y más aún, cuando la problemática del sistema penitenciario, se encuentra con un reconocido sobrediagnóstico.
El listado de aspectos donde se visualiza el deficiente funcionamiento de las cárceles, arranca con el crecimiento vertiginoso de la población reclusa, que deriva en su hacinamiento. Ese drama no solo afecta actualmente a los centros penitenciarios y carcelarios del país, sino también a estaciones de policía y unidades de reacción inmediata (URI’s). Según estadísticas oficiales, a finales de 1990, la capacidad de los 178 centros carcelarios existentes en esa época era de 28.380 cupos, y la población recluida era de 32.387 personas, existiendo un déficit de 4.007 cupos, o sea un hacinamiento del 14 %. Esas cifras tienen a hoy un notorio incremento, que se corrobora con más de 120 mil personas privadas de la libertad, y tasas de sobrepoblación superiores al 40 %.
Ahora bien, dicha sobrepoblación carcelaria, se presenta debido a tres causas. En primer lugar, al aumento de las acciones que se tipifican como delitos —punto concerniente a la forma cómo generalmente se ha venido diseñando la Política Criminal caracterizada por una hiper-penalización de conductas—, y que al ser infringidas, suponen más sindicados, y más personas que por esos hechos, vayan a prisión. Valga la pena agregar, que dicha política también ha sido caótica cuando en vez de incentivar la penalización, se han permitido excarcelaciones masivas sin haberse adecuadamente previsto el impacto de tales medidas en los índices criminalidad. Sobre el tema del hacinamiento preocupan otros dos aspectos complementarios: la morosidad judicial y la reincidencia. Un tercio de las personas en la cárcel no está condenado sino procesado, lo que en parte se atribuye, a poseer uno de los sistemas de justicia más lentos de la región —de acuerdo con el Banco Mundial—. De otro lado se ha doblado la cifra de reincidentes que están detenidos en el país, lo que según el Inpec hace que actualmente se encuentren recluidas más de 22.000 personas que volvieron a cometer delitos —mientras que en 2012 esta población era de 10.592 detenidos—, y que en los últimos años el número de detenidos que tras recuperar la libertad reincide haya crecido en más del 110 %.
Para completar la problemática, es oportuno traer a colación la omisión de construcción de más centros penitenciarios, culpa que recae en el Estado central y en los entes territoriales. Estos últimos poseen la función legal de encargarse de los sindicados o procesados —es decir a quienes aún no se les ha resuelto su situación jurídica—, y que como se vio arriba, son un buen número de los privados de la libertad. Cifras adicionales reseñan que de la totalidad de los presos que están en las cárceles, el 33 % están en condición de sindicados, y a pesar de ello, los presupuestos municipales y distritales no han incluido partidas para cumplir con su responsabilidad, abandonado su misión legal de construir y mantener centros penitenciarios. De otro lado, los gobiernos nacionales de las últimas décadas no han generado los necesarios cupos adicionales carcelarios para el resto de la población recluida, estando en mora de edificar nuevas prisiones y ampliar los centros penitenciarios existentes.
Otro aspecto de la crisis carcelaria ha sido evidenciado en auditorias realizadas por la Contraloría General, mostrando carencias de la guardia penitenciaria que impiden una vigilancia con eficiencia. Ese ente de control le atribuye esas deficiencias, principalmente, a la excesiva cantidad de permisos sindicales a personal de custodia y vigilancia, que se tramitan por medio de las 78 agremiaciones que reúnen a los funcionarios del Inpec. En los últimos tiempos, el promedio anual de esos permisos sindicales ha sumado más de 40.000 días. Esos permisos beneficiaron a personal que se encuentra precisamente constituido en su mayoría por el cuerpo de custodia y vigilancia, situación que afecta significativamente la seguridad de los establecimientos carcelarios. Lo anterior repercute, en la falta de continuidad de sistemas de verificación interna, en la ausencia de regularidad en el conteo de presos, o en la función de revisar debidamente los daños de las infraestructuras carcelarias con el fin contrarrestar eventuales fugas.
Esta cruda radiografía muestra la penosa situación carcelaria, misma que supone un enorme y aplazado reto estatal, y en el que debe tenerse como puntos focales la agilización de los procesos de los sindicados ante la justicia, la real revisión de la política criminal y su coherencia, la construcción de nuevos centros de reclusión, y otro tema para el que habrá tiempo de hablar después, la real rehabilitación y resocialización de la población privada de la libertad.
Enorme responsabilidad poseen las autoridades nacionales y locales, pues, para superar esta tragedia de gran magnitud que padece hace años Colombia, ya que como bien lo sugiere la narrativa Albert Camus, las pestes devastadoras que diezmaron a Orán, no solo se circunscribían a las pandemias virales.
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