Bogotá, 9 de febrero de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Espectador. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Desde el año pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió el estudio de uno de los mayores escándalos de corrupción judicial: el cartel de la toga. Para la justicia especial, creada para investigar y juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado, este entramado de sobornos a cambio de los cuales se torcieron procesos en la Corte Suprema de Justicia tiene una relación con la guerra, según expresó en los documentos que oficializan la admisión en esa jurisdicción de los excongresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile. En la otra orilla, el procurador Fernando Carrillo y el fiscal general (e), Fabio Espitia, aseguran que este caso no es del resorte de la JEP.
La discusión se remonta a cuando la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP admitió a Álvaro Ashton en julio del año pasado. Aunque la Sección de Apelación había ordenado admitir al excongresista desde 2018, la competente para validar el trámite era la SDSJ. Además de su expediente por nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas mientras fue senador del Partido Liberal, la justicia especial asumió investigarlo y juzgarlo por un caso de amenazas a un hombre que iba a testificar en su contra en ese mismo caso de parapolítica y por el cartel de la toga, al encontrar que ambos casos estaban indirectamente relacionados con el conflicto.
Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ), el soborno de $600 millones que Ashton ya aceptó haberle pagado al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno para embolatar su proceso por parapolítica tenía como fin “cubrir con impunidad conductas conectadas con el conflicto” y, por ende, cabe en esa justicia. En enero de este año, con ese mismo argumento, la misma SDSJ admitió al exsenador cordobés Musa Besaile, quien llegó a ser el congresista más votado del país. Aunque tiene una veintena de procesos, la JEP solo aceptó investigarlo ―por ahora― por vínculos con paramilitares y por la coima que aceptó haberle pagado, él también, a Gustavo Moreno.
Aunque la Procuraduría intentó dar la pelea en el caso de Ashton, perdió. Para el ente disciplinario el cartel de la toga, “se gesta en un entorno de corrupción y abuso del poder público que no se corresponde con lo pretendido en el Acuerdo de Paz”. No obstante, en octubre siguiente, la Sección de Apelación de la JEP dejó en firme la admisión de Ashton y dijo que la discusión sobre el vínculo del cartel de la toga con las competencias de la justicia especial ya era “cosa juzgada”. Ahora, tras la entrada de Besaile, el procurador Carrillo reiteró que la JEP no puede ser el “escampadero de los corruptos” y apeló la entrada del exsenador cordobés por el mismo argumento.
Atacando por otro frente, el pasado 20 de enero la Fiscalía le pidió a la Corte Constitucional que aclare a quién le compete investigar y juzgar a Álvaro Ashton por este caso de sobornos. Según la fiscal Claudia Patricia Vanegas, quien tiene a su cargo gran parte de los procesos del cartel de la toga, que Ashton pueda enfrentarse a menores penas y a un trato más benévolo por someterse a la JEP en un caso que, a su juicio, es competencia de jueces ordinarios genera “un incentivo perverso para aquellos que quieren recibir los beneficios propios de la justicia transicional habiendo cometido delitos ordinarios por fuera del marco o contexto del conflicto armado”.
En respuesta, la JEP le dijo a la Corte que no solo tienen competencia para juzgar a Ashton, sino que esa competencia es prevalente. O sea, que por ley le ganan el pulso a la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema. Además, la SDSJ señaló en el documento, conocido por este diario, que, como desde agosto de 2018 la Sección de Apelación había aceptado el sometimiento del exsenador, luego ratificado en 2019, con cartel de la toga a bordo, la discusión ya “constituye cosa juzgada”, y cerró reprochando lo dicho por la fiscal Vanegas que, dice la JEP, genera inseguridad jurídica.
El abogado de Ashton en la JEP, Isnardo Gómez, autor del concepto con el que el cartel de la toga aterrizó allí, también le respondió a la Corte Constitucional ante la arremetida de la Fiscalía. Gómez reiteró el argumento de que la competencia de la JEP prevalece y dio como ejemplo el caso de Besaile, en el que la propia Corte Suprema reconoció esto y remitió el expediente a la justicia especial. Así, dice la misiva, “las variables o banderas de la Fiscalía no son las dispuestas por el legislador y es por lo que, con el debido respeto, pido a la Corte inhibirse de conocer un conflicto que no existe y advertir a la Fiscalía que debe someterse a lo decidido por la JEP”.
El Espectador consultó con Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, sobre este entuerto jurídico. En su concepto, el sometimiento de figuras como Besaile y Ashton no se da “porque quieran aportar más verdad”, sino que “lo que quieren es beneficiarse de un sistema que puede ser menos severo en sancionar este tipo de casos”. En su opinión, la JEP debe levantar una “muralla” para evitar “estos choques de trenes” y el secreto está, dice Herrera, en la relación directa con el conflicto. “Si no, esta relación indirecta que está reconociendo la JEP nos llevaría a una cadena interminable en la que cualquier persona, por cualquier delito, pueda someterse a la JEP”.
Una opinión contraria tiene el penalista Andrés Garzón, que representa a varias personas en la JEP. “El cohecho ―delito por el que procesan a Besaile y Ashton en este caso―, como tal, no puede verse como relacionado con el conflicto, pero si se ve el contexto particular, se observa que con ese delito se encubre una conducta del conflicto: vínculos con paramilitares”, asegura Garzón. Además, reflexiona: “No podemos negar que durante 50 años tuvimos la sombra del conflicto en cada situación de nuestro país. Si hay un tribunal que busca cerrar la brecha de los odios, de los problemas, de la justicia misma, hay que dejarlo funcionar”.
Para Herrera, “con base en los antecedentes, la Corte Constitucional va a señalar que, desde luego, hay que respetar las decisiones de la JEP, pero para juzgar conductas directamente relacionadas con el conflicto”. Garzón, por otro lado, señala que “el Acto Legislativo 01 de 2017 que dio lugar a la JEP y que ya fue verificado por la Corte dice claramente que la JEP conocerá de todos los temas que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado”. No hay una postura concluyente y la decisión definitiva la tiene la Corte. En lo que sí coinciden Herrera, Garzón y otros juristas consultados es en que la justicia especial debe continuar revisando caso por caso y lo que se diga en un caso no puede convertirse en regla para expedientes similares.
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