Bogotá, 21 de julio de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto y la imagen fueron tomados de su página web.
Un 34,5 por ciento de los colombianos consideran que la corrupción es el principal obstáculo para acceder al sistema judicial en el país.
Así lo deja ver el informe ‘Voz por la justicia’, construido tras consultar a 9.000 colombianos en 40 mesas y talleres alrededor del país, y que pretenden sentar bases para una eventual reforma o reformas a la justicia.
“Esta consulta evidenció el reclamo ciudadano por la eficiencia y la celeridad con la que se imparte justicia y, para hacer frente a esta necesidad, la respuesta es la digitalización judicial. Este es el momento para iniciar la transformación digital que se requiere”, expresó el procurador general Fernando Carrillo, al mencionar algunas de las conclusiones de la consulta ciudadana.
Este informe, presentado este martes en la Casa de Nariño con presencia del presidente Iván Duque, la cúpula judicial y representantes de la sociedad civil, deja claro que los tres temas que más preocupan a la ciudadanía vinculadas a la justicia son, en un 61 por ciento, la delincuencia común; en un 45 por ciento, la impunidad, y en 34 por ciento, el conflicto armado.
Esto, comentó Carrillo, muestra que es allí a donde deben orientarse los esfuerzos judiciales, además de que es necesario reformar la configuración judicial en el sentido de que haya más acceso a ella en todos los territorios del país y que la justicia no esté centralizada solo en capitales como Bogotá.
Sobre esto, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, quien asistió a la presentación del informe, hizo hincapié en la necesidad de “regionalizar la administración de justicia” para que haya un acercamiento real de este servicio a la ciudadanía.
De hecho, ya hay en curso algunas propuestas para tratar de reducir la brecha geográfica de la justicia, y desde este año el Ministerio de Justicia comenzó en El Charco, Nariño, un piloto de modelo de justicia local y rural, precisamente para promover el acceso efectivo a la justicia con una perspectiva territorial.
De otro lado, además de la corrupción, los ciudadanos también ven como un obstáculo para acceder a la justicia la baja calidad de los servicios de justicia, con un 30 por ciento, y la desconfianza en el sistema, con 20,5 por ciento.
Frente a esto último, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alberto Rojas Ríos, comentó que “la confianza de la ciudadanía en la justicia regresará si la propuesta de reforma es construida por la ciudadanía”, y no se queda solo como una reforma de la rama judicial a sí misma, sin tener en cuenta a los usuarios que día a día experimentan las falencias que hoy tiene el sistema de justicia.
Para la ciudadanía, las tres carencias de infraestructura y tecnología que más afectan la correcta aplicación de la justicia en Colombia son la falta de implementación del expediente electrónico, con 75,7 por ciento; infraestructura física deteriorada, con un 64,2 por ciento, y la falta de disponibilidad de salas de audiencia.
Además, el 80 por ciento de las personas consultadas dijeron que no creen que las leyes se apliquen igual para todos, y el 53 por ciento considera que las sentencias de los jueces no se cumplen. Esto último no está muy lejos de la realidad, ya que, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, solo el año pasado se incumplieron casi 7 de cada 10 órdenes de tutela en el país, ya que el porcentaje de desacatos es del 66 por ciento.
De otro lado, un 95 por ciento de las personas consideran que los tiempos en los procesos judiciales son demorados, y al preguntárseles por las razones de esa mora judicial, la mayoría de personas, 75 por ciento, dijeron que se debe a falta de jueces y funcionarios judiciales, mientras que un 15 por ciento señaló que hay personal mal calificado, y un 11 por ciento puso de presente una falta de tecnología.
El presidente del Consejo de Estado, magistrado Álvaro Námen, mencionó que otra parte de la desconfianza ciudadana tiene que ver precisamente con la imposibilidad de cumplir la expectativa de justicia, y mencionó que desde 1990 hasta la fecha la demanda de justicia ha crecido en un 264 por ciento, pero la oferta judicial lo ha hecho en menos del 38 por ciento, por lo que, expresó, es imperativo que una reforma de la justicia contenga medidas de descongestión.
En ese sentido, dijo que hay que invertir más recursos para que haya más jueces, pero también para que haya una transformación digital que permita mayor eficiencia de la justicia.
Precisamente sobre eso, el presidente Duque mencionó este martes que espera que en las próximas 4 semanas esté firmado un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la digitalización de procesos, específicamente para que el país por fin tenga un expediente electrónico.
De la consulta salieron más de 206 propuestas ciudadanas que constituirán la base de un borrador o anteproyecto de reforma de la justicia que compilará la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), en representación de la sociedad civil, y será posteriormente analizado por las altas cortes.
Algunas de las soluciones ciudadanas para romper las barreras de justicia son implementar facilitadores móviles de justicia que permitan llevar este servicio a distintos lugares; igualmente, los colombianos sugirieron que haya campañas pedagógicas en los centros de estudio, para que las personas se familiaricen con el funcionamiento y la oferta judicial; y que haya centros informativos permanentes.
“Lo que está pidiendo el ciudadano es que se le garantice más y mejor justicia (…). Este debe ser el estilo de la reforma de la justicia, una reforma previamente consultada a los ciudadanos”, concluyó Hernando Herrera, director de la CEJ.
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