Comunicados CEJ

Bogota 11 noviembre de 2008. La coalición Elección Visible- Corte Constitucional, quiere informar que hoy martes 11 de noviembre a la 1:00 PM se llevará a cabo la primera audiencia pública en el Capitolio Nacional del Senado de la República, en la cual un grupo de decanos y Senadores de la República, podrán hacerles preguntas a los candidatos a magistrados, propuestos por las dos primeras ternas que definió la Corte Suprema de Justicia.

El propósito de esta audiencia pública, que además será televisada, es que los ciudadanos puedan conocer a partir de las respuestas, la ideología y visión política de cada uno de los 6 candidatos.

Hoy la Corporación Excelencia en la Justicia realiza la ceremonia de entrega de este reconocimiento otorgado cada dos años para visibilizar iniciativas innovadoras de gestión, que contribuyen al mejoramiento de la justicia en Colombia.

El Ministerio del Interior y de Justicia ha venido adelantando la preparación de un Proyecto de Ley de Arbitraje, con el cual se pretende modernizar la figura en Colombia y adecuarla a los estándares internacionales sobre el particular.

La Corporación Excelencia en la Justicia llevará a cabo el foro "Presentación de la nueva Corte Constitucional", dirigido por el Doctor Eduardo Cifuentes, Decano de Derecho de la Universidad de los Andes y el abogado y periodista Rafael Nieto Loaiza, quienes entrevistarán a cada uno de los nuevos magistrados que han compuesto la Corte Constitucional hasta el momento, sobre temas cívicos, jurídicos y políticos de la agenda Nacional.

La Corporación Excelencia en la Justicia, con el apoyo de la Universidad Javeriana, realizará este foro con el propósito de conmemorar los 20 años de la pérdida del líder político, Luis Carlos Galán.

Fuente: Ámbito Jurídico

Intensos debates, comunicados de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil y una constante campaña mediática a favor y en contra fueron el común denominador durante el trámite de la reforma a los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución en lo relativo a la Justicia Penal Militar (JPM).

El punto de partida esencial para sus defensores lo constituye la alegada falta de garantías y seguridad jurídica para los integrantes de la fuerza pública. Distintos sectores consideraron que en un contexto de conflicto armado interno, no existían herramientas jurídicas sólidas que permitieran enfrentar a los grupos armados al margen de la ley sin el temor de ser procesados por conductas propias de las hostilidades armadas.

Pero los críticos sostienen que no se requería una modificación a la Carta Política, ya que era suficiente con la expedición de un paquete normativo y el fortalecimiento de la capacitación de los funcionarios judiciales.

ÁMBITO JURÍDICO consultó a varios expertos sobre la necesidad de esta reforma, que modifica las reglas en cuanto al juzgamiento de militares por infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) en el contexto del conflicto armado interno, situación que adquiere mayor importancia ante un eventual escenario postconflicto.

¿Modificación pertinente?

Los cambios indispensables para adaptar el ordenamiento jurídico a una realidad social se debaten entre la necesidad de afectar la carta fundamental de un Estado o hacerlo a través de la modificación de reglas de inferior jerarquía normativa.

Clara Cecilia Mosquera, directora ejecutiva de JPM del Ministerio de Defensa, señala que este acto legislativo "se sustentó en la necesidad de reformar integralmente el fuero penal militar, en especial el juzgamiento de los miembros de la fuerza pública, con unas definiciones de rango constitucional y con desarrollos legislativos que les ofrecerá seguridad jurídica, así como fijar parámetros para establecer las competencias entre las jurisdicciones penal ordinaria y penal militar".

El brigadier general (r) Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF MM (Acore), opina que, para los militares y para el país en general, "era el mejor de los caminos, ya que, en la práctica, el artículo 221 de la Constitución no se estaba interpretando como corresponde".

Ruiz agrega que ante la pérdida de la esencia del fuero militar, que estaba afectando seriamente la moral combativa de las tropas, "era necesario, desde la Constitución, fijar parámetros claros de juzgamiento, acordes con la verdadera concepción del artículo 221, recuperando, de paso, el fuero como un derecho y una garantía de carácter institucional".

En sentido similar se pronunció la organización Defensoría Militar (Demil). Al ser consultada por este medio de comunicación, la Demil precisó: "El artículo 221 era claro y garantizaba el fuero militar". Pero ante los pronunciamientos de la Corte Constitucional, "se imponía que se lo protegiera de esas interpretaciones", agregó.

El académico Jean Carlo Mejía afirma que esta reforma es la solución parcial a la inseguridad jurídica que enfrentan los militares, la que catalogó como "un problema estructural del Estado colombiano". En ese sentido, añade que la inseguridad jurídica en el uso de la fuerza tiene que ver con el contexto, "es decir, si hay o no un conflicto armado y a qué reglas se está sometido en estas situaciones".

En muchos escenarios, se ha interpretado el silencio del Comité Internacional de la Cruz Roja como un beneplácito implícito a la reforma constitucional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ausencia de pronunciamientos de esta institución sobre el acto legislativo responde a la rigurosidad de los principios, metodología y línea institucional de su trabajo, la que implica abstenerse de entrar a calificar los procesos normativos internos, como los relativos a la justicia militar.

Críticas

En octubre del año pasado, los 11 titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestaron que, con la aprobación de la reforma, existe un riesgo real de que se incumplan las obligaciones de Colombia contraídas en el DIH y de derechos humanos, lo que supondría un retroceso significativo en los esfuerzos realizados por el Estado "por superar y prevenir la repetición de las notorias violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, especialmente entre el 2003 y el 2008 por miembros de la fuerza pública".

Sobre la necesidad o no de reformar la Constitución para fortalecer la JPM, algunas de las voces críticas se inclinan ante un desarrollo legal y el incremento de la capacitación de los funcionarios judiciales como el camino que debió recorrer el Legislativo.

Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, considera que solo bastaba una reforma legal que clarificara las reglas de combate y un programa de formación especializado para fiscales que investigan militares o policías por sus actuaciones en operaciones. Lo que sí resultaba necesario, a juicio de Uprimny, era "una regla de competencia de jueces y fiscales especializados, como los hay para otros delitos".

Para Augusto Ibáñez, exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, "la diferencia entre la Constitución de 1886 y la de 1991 en este tema es, precisamente, el apoyar, el distinguir y el precisar el fuero militar. Por lo tanto, no era necesaria la reforma constitucional, sino la adecuación del procedimiento, por medio del Código Penal Militar".

Por su parte, Ana María Ramos, coordinadora de proyectos de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que el objetivo perseguido se podría haber conseguido con una mejor capacitación de los operadores judiciales, sin necesidad de alterar el texto constitucional.

Afirmando que "la justicia fue uno de los temas más importantes y el que suscitó mayores preocupaciones en la vida política de Luis Carlos Galán por tratarse de Ia columna vertebral de un sistema verdaderamente democrático en el que debe primar Ia búsqueda de la paz", la señora Gloria Pachón de Galán le manifestó a la Corporación Excelencia en la Justicia sus sentimientos de agradecimiento y los de su familia, por la conmemoración del vigésimo aniversario del magnicidio del precandidato presidencial, al llevar a cabo con el apoyo de la Universidad Javeriana, el foro "Galán y la Justicia", el pasado 20 de agosto, en el auditorio de la misma universidad que lleva el nombre del líder político.

En la noche del martes 20 de noviembre de 2012, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) otorgó este galardón a la práctica Bogotá Jurídica Digital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El Premio fue entregado por la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa.

Así mismo, se concedió mención de honor al Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena por la iniciativa "En el Magdalena lideramos el servicio eficiente y concentrado de la justicia", así como al Proyecto Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán.

“Con este Premio queremos decirle al país que reconocemos los aciertos y esfuerzos de nuestra justicia, que no todo es negativo y que pasan cosas buenas…”, afirmó la doctora Gloria María Borrero, Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia en su discurso durante la ceremonia de entrega del IV Premio.

A su vez, la Dra. Borrero resaltó que las prácticas postuladas en esta versión evidenciaron dos aspectos importantes: 1. El uso de la tecnología en la justicia está cada vez más cerca a la realidad y 2. la preocupación de varios proyectos por la prevención de los conflictos.

Por otra parte, la Ministra Correa en nombre del Presidente de la República destacó la labor que realiza la CEJ al reconocer el trabajo por una mejor justicia en Colombia. Asimismo, se refirió a los nuevos Códigos de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo afirmando que estos abren las puertas a las nuevas tecnologías de la información en la justicia.

Bogotá 30 de octubre de 2008. La Corporación Excelencia en la Justicia, entregó en la noche de ayer en el marco de una solemne ceremonia, que congregó a las más altas autoridades del Estado, Gobierno Nacional, Rama Judicial, las instituciones académicas del derecho y los más importantes juristas del país; medios de comunicación, funcionarios judiciales y al sector empresarial, el Segundo Premio Excelencia en la Justicia 2008, el cual otorgó reconocimientos a proyectos que desarrollaron iniciativas en la materia y aportaron a la tarea de mejorar la calidad de la justicia en nuestro país en los últimos dos años.

La Corporación Excelencia en la Justicia otorgó este reconocimiento a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia por la implementación y certificación del "Sistema de Gestión de Calidad para el Servicio de Investigación Criminal". Esta estatuilla fue entregada por el Señor Vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón y fue recibido por el Brigadier General Ramiro Mena Bravo, Director de la DIJIN.

El proyecto que pretende darle facultades al poder Ejecutivo para que elija al Fiscal General de la Nación no debe ser avalado ni por el Congreso ni por la ciudadanía, según lo afirmó el director del centro Dejusticia, el ex magistrado Rodrigo Uprimny.

Durante los últimos días, en el marco de la tercera versión del proyecto "Voto en Justicia" que desarrolla la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), la doctora Gloria María Borrero, ha venido sosteniendo encuentros con algunos de los candidatos presidenciales y con sus equipos, con el fin de posicionar los temas de justicia en los planteamientos programáticos y los ejes de campaña, ofrecerles información sobre la situación de la justicia en Colombia y compartir propuestas para su mejoramiento.