Será las prioridades del nuevo Gobierno restablecer y consolidar la armonía y la cooperación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial. Para ello debe aplicarse la siguiente receta:
1. Restablecer el diálogo franco, transparente, pero no a través de los medios de comunicación, sino rescatando las instancias de coordinación existentes.
2. Crear rápidamente el Ministerio de Justicia y del Derecho y nombrar un Ministro de las más altas calidades, que sirva de puente entre las dos Ramas.
3. Acatar las decisiones de los jueces y, si no se está de acuerdo con ellas, utilizar los propios recursos de impugnación al interior de los procesos o el diálogo “privado” con los superiores de los jueces.
4. Crear verdaderas, útiles y no solo retóricas, estrategias de coordinación, pues la justicia es una política de Estado.
5. Concertar la reforma que requiere el sistema judicial y, si ello no es posible, propiciar un amplio debate en el Congreso, en el que se expongan las opciones con transparencia y teniendo en cuenta sólo los altos fines del estado de derecho.
6. Concertar un plan inmediato para las reformas de carácter técnico y de gestión sobre las que no hay acuerdo y para darle a la justicia los recursos económicos que se requieran para su implementación.
7. La judicatura debe promover que los jueces sean más estrictos en el cumplimiento de la ley, cerrando los espacios para interpretaciones “creativas” que se apartan de ella. Igualmente debe emprender una lucha frontal contra la corrupción de jueces y funcionarios.
8. Los jueces y los fiscales deben ser conscientes de la falta de legitimidad que entre los ciudadanos tiene la justicia y esforzarse en su mejoramiento efectivo, poniendo todo de sí y utilizando de manera eficiente los recursos puestos a su disposición y no seguir escudándose en la parcial congestión y en la falta de presupuesto suficiente…