Los intervinientes dieron prelación a la discusión del tema de la congestión judicial, situación en la que se basa la justificación de la propuesta del Gobierno. En este aspecto, coincidieron en que el Proyecto de reforma constitucional a la justicia, no está dirigida a solucionar los problemas de descongestión que aquejan al sector y en que la única medida expresamente dirigida a esto, dotar de facultades jurisdiccionales –transitoriamente- a particulares y autoridades administrativas, es equívoca por cuanto la solución debe originarse al interior de la Rama.
“Con estas pretensiones no se puede mantener una democracia. Esta se dignifica bajo la independencia de tres ramas y cada una con una función primordial”, señaló sobre el particular, el dr. Jaime Arrubla, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También anotó que, si el problema actual de la justicia es la descongestión, hay que apuntarle a un aumento en el presupuesto; pues la nómina es la misma desde hace 20 años y la partida, que hoy corresponde al 1.2% del Presupuesto General de la Nación, es decreciente. Considera que la solución es aumentar este presupuesto para formar jueces de descongestión y voltear la mirada, en este aspecto, hacia la Escuela Judicial.
Sin embargo, para el ex ministro Jorge Humberto Botero, cuando hay jueces de descongestión, la productividad judicial baja, por lo que la solución al problema no es aumentar la oferta judicial, sino racionalizar sus entradas, y esto puede lograrse mediante la imposición de formalismos a la tutela; dando en las jurisdicciones -diferentes a la penal- relevancia al principio de impulsión de partes y aplicando una preclusión automática por inactividad; y creando estímulos a la productividad judicial, basados en patrones de calidad, entre otros factores.
Para Botero la tutela es la principal causante de la congestión judicial. El abogado señaló que mientras la justicia ordinaria está cada vez más desprestigiada, lastrada y llena de formalismos y cargas que terminan dilatando el proceso; la excepcional de tutela es más ágil, “pero a nadie le importa la calidad y que el sistema judicial esté siendo devorado por la tutela”, dijo refiriéndose a que más del 20% de las entradas en la jurisdicción ordinaria y administrativa provienen de este instrumento. “Por eso es tan increíble que algunos constitucionalistas, digan que la tutela no congestiona porque están al día, porque eso, la verdad, congestiona el resto”.
Para el ex magistrado Ricardo Calvete, “una reforma en la que se insista en la descongestión es muy importante, porque es una negación de justicia lo que hay con eso y este tema debería ser suficiente para justificar una reforma”. En su opinión, en el marco de la reforma se debería poder analizar cuántos son los jueces que necesita Colombia y cuántos son los recursos que necesita, pues “una justicia sin infraestructura es muy difícil que pueda hablar de descongestión”. Agregó el abogado que sin estabilidad para los jueces y fiscales, no puede haber ni agilidad, ni continuidad: “la carrera y la estabilidad son definitivas y fundamentales. El Estado debe brindar los medios y los elementos con qué trabajar”.
La reunión, que fue llevada a cabo el pasado 23 de agosto, en el auditorio del Instituto de Ciencia Política en Bogotá, estuvo moderada por los doctores José Alejandro Bonivento, Presidente de la mencionada Comisión y por Gloria María Borrero, directora de la CEJ y contó también con la intervención de los doctores Diego Yunes y Pedro Lafont, con quienes se debatieron otros aspectos de la reforma como la suerte del Consejo Superior de la Judicatura, la tutela contra providencias judiciales, la doble instancia para congresistas y la función electoral de las Altas Cortes, entre otros.
El encuentro concluyó con el compromiso de los asistentes en abrir de manera frecuente estos espacios que enriquecen la discusión y amplían el panorama de los factores que deben ser tenidos en cuenta en los debates de la reforma.
