Bogotá, 23 de febrero de 2023. Recientemente se conoció la posibilidad de que el Gobierno evalúe una reforma que tendría por objeto cambiar la estructura de la Corte Suprema de Justicia, creando una nueva Sala, de al menos veinte magistrados, para entregarles funciones contra la impunidad. Sobre ello, la Corporación Excelencia en la Justicia —CEJ— pone de presente los siguientes puntos:
La CEJ ha sido enfática en que se opone a cualquier reforma que atente contra la autonomía y la independencia judicial, principios que se verían perjudicados con la implementación de esta propuesta, sobre todo teniendo en cuenta que lo propuesto implica una clara sustitución de nuestra Constitución Política.
Insistir en esta reforma quebrantaría no solo el diseño constitucional vigente, plasmado en la Constitución Política de 1991 y de la cual incluso los miembros del actual Gobierno se consideran hijos, sino también los principios de independencia y autonomía judicial, toda vez que permitir que nuevos magistrados intervengan en asuntos de la Corte, sobre todo ejerciendo funciones que por mandato constitucional son propias de la Sala Plena y de la Sala Penal, implica que un ente externo a la Rama Judicial se interponga en su quehacer y sus funciones. De hecho, ha sido la Corte Suprema de Justicia la que ha “purgado” la función pública y la actividad política, entre otros, en casos asociados al narcotráfico y a la parapolítica.
En particular, la CEJ resalta que en desarrollo de las funciones atribuidas a la Corte se han proferido 92 sentencias en contra de Senadores y Representantes a la Cámara por delitos contra la fe pública, contra la administración pública y contra la eficaz y recta impartición de justicia.
De otro lado, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones resaltando que pretender afectar las condiciones que la Constitución de 1991 creó para las Altas Cortes resulta inconstitucional. Con ello, la propuesta generaría desde todo punto de vista una sustitución a la Constitución Política, que requeriría el trámite de reforma por medio de un Acto Legislativo.
Sobre lo anterior, en diversas ocasiones los organismos internacionales que evalúan a los estados en Latinoamérica, tales como la Organización de Estados Americanos —OEA— y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, se han referido a este tipo de escenarios rechazando las decisiones que violentan la independencia judicial y las injerencias indebidas.
Es así como la CEJ, en calidad de centro de pensamiento creado hace más de 25 años, descalifica el acto, considerándolo agresivo, antitécnico y que deriva de un menoscabo de las funciones que de manera eficiente ha venido cumpliendo la Corte Suprema de Justicia.
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