Coinciden en la reforma del Consejo Superior de la Judicatura, reforzando la gerencia de la Rama. Santos plantea la participación del Ejecutivo en la administración de la Rama, esquema parecido al de Francia o España. En el órgano de Gobierno, algunos coinciden en que deben participar los presidentes o magistrados de las cortes, procurando solucionar el distanciamiento entre la jurisdicción y el actual esquema de administración de la Rama.
Coinciden también en la necesidad de inyectarle a la justicia más recursos, atados a controles en la eficiencia del gasto. Ningún candidato compra la propuesta de la Comisión de Expertos, de un porcentaje fijo asignado por la Constitución. Se abren camino la justicia como una política de Estado y la creación del Ministerio de Justicia.
Con respecto a la tutela, Vargas propone eliminar su procedencia contra decisiones judiciales. Otros propiciarían acuerdos con las altas cortes para moderar el ‘choque de trenes’. Ninguno se ocupa de los abusos de la tutela de parte de los ciudadanos.
Todos coinciden en fortalecer el Sistema Penal Acusatorio. Se han pronunciado sobre la necesidad de fortalecer la justicia transicional. Santos es el único que propone que la Fiscalía pase al Ejecutivo, para lograr mayor coordinación de la política criminal, propuesta que a pesar de la coyuntura del país no debería descartarse sino analizarse.
Todos declaran su respeto por la independencia de los jueces y por las decisiones judiciales y prometen armonía con las altas Cortes.
Brillan por su ausencia medidas para articular y racionalizar la oferta de justicia tanto formal como informal, para mejorar la formación del abogado, la probidad del juez y la lucha anticorrupción -con excepción de Sanín que promete la creación de los Tribunales Anticorrupción-. Hacen falta propuestas para poner al día nuestro derecho con las exigencias de la globalización, fortalecer la primera instancia y lograr un acceso efectivo del ciudadano a la justicia. No se abordan temas como la politización de la justicia y la estrategia de justicia cuando el Estado retoma el territorio, incluyendo la prevención de la reincidencia.
GLORIA MARÍA BORRERO R.
Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia.
