La CEJ solicitó a los candidatos presidenciales Alvaro Uribe, Horacio Serpa, Noemí Sanín, Luis Eduardo Garzón y Harold Bedoya sus propuestas sobre cinco tópicos que estima cruciales: la administración de la rama judicial, las reformas al sistema penal, el mejoramiento del sistema penitenciario y carcelario, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y las reformas de los procedimientos judiciales por una justicia pronta y accesible. De las respuestas suministradas, pronunciamientos públicos, documentos de campaña y páginas electrónicas se extrajo la información que apoya este trabajo, complementado con sucesivas reuniones presenciales con los equipos asesores.
Voto En Justicia
Por lo visto, la agenda constitucional durante el próximo cuatrenio presidencial y legislativo no podrá ignorar el régimen de la función pública de administración de justicia. Abundan propuestas para reformar el sistema de justicia penal y replantear el modelo de administración de la Rama Judicial. El mayor número de candidatos presidenciales -con importantes excepciones- se inclina por la supresión del Consejo Superior de la Judicatura o su Sala Administrativa.
En cuanto a la justicia penal, se advierte un consenso perfecto de los seis candidatos para impulsar la reforma constitucional que redefina las funciones de la Fiscalía General y siente las bases de un nuevo proceso penal marcadamente oral y de orientación acusatoria. Considerando que en la Cámara de Representantes comienza a hacer tránsito esta enmienda constitucional impulsada por el Fiscal General y radicada recientemente por el Gobierno Nacional, puede concluirse que están sentadas las bases para que el próximo Presidente de Colombia lidere la adopción de una política integral de estado en material criminal, que responda con solvencia los desafíos del terrorismo, la impunidad en las violaciones de los derechos humanos y la criminalidad común.
Claman los candidatos por unos procesos judiciales ágiles, simplificados, orales y públicos. La CEJ quiere promover la discusión de una revisión integral de los procedimientos judiciales y la adopción de un código único procesal -excluido lo penal-, partiendo de que la variable normativa, enmarcada en el escrituralismo y ritualismo, es altamente responsable del atraso y lentitud en los procesos. Del mismo modo que la jurisprudencia constitucional cualifica el derecho a la vida en defensa de una vida digna, el derecho de acceso a la justicia debe promoverse como el acceso a una justicia pronta y eficaz.
El secuestro de la candidata Ingrid Betancourt nos privó de un valioso y pormenorizado testimonio político. Con todo, cabe mencionar estos puntos, suministrados por su campaña, a los que ella misma atribuyó relevancia: despolitización del régimen actual de elección de los magistrados; eliminación del Consejo Superior de la judicatura; y reforma del régimen de la justicia penal comenzando por la supresión de las funciones jurisdiccionales de la Fiscalía.
Más allá de la coyuntura electoral, la CEJ cree útil este ejercicio para anticipar la discusión acerca de los contenidos del componente justicia en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Sectorial de la Rama Judicial. Al lado de enriquecedores disensos, es fácil detectar algunas coincidencias que prefiguran consensos claves para la formulación de verdaderas políticas de Estado en la materia y, por qué no, para avanzar hacia un gran Pacto Nacional por la Justicia.
El Tiempo / 13 de mayo de 2002
