“Por ejemplo, tiene que dar concepto previo cuando se va a aplicar el recurso de extensión jurisprudencial y además deberá asesorar a los municipios de menor categoría en el tema de defensa, incluso asumir gran parte de esta, un hecho que lo desborda”, aseguró. Lo anterior, de acuerdo con Borrero, a propósito de la nueva Ley de Municipios y el nuevo Código General del Proceso, que modifica el Código Contencioso Administrativo. Unido a esto, Borrero aseguró que la entidad, si bien cuenta con una buena dirección y un buen equipo, tiene unas funciones que se enlazan con las de la Procuraduría, en materia de conciliación preprocesal, donde es fundamental que se aclaren esas competencias.
“El proceso administrativo va a tener una cantidad de actores y operadores. La Agencia hará en ocasiones de parte o de interviniente. Están complejizando los procesos”. Para la jurista, la entidad debe volver a sus fueros originales, es decir, que sea un ente regulatorio de la defensa del Estado. “La propia gestión debe quedar en manos de las mismas entidades estatales”, dijo. Entre tanto, para el jurista y ex presidente de la Corporación Siglo XXI, Rodrigo Pombo, la Agencia hasta el momento solo se ha dedicado a construir consejos de asesores, que no tienen mayor función práctica en la descongestión judicial ni en la defensa de los intereses del Estado.
“Lo que dijo el doctor Carrillo en su momento es que esta no iba a ser una agencia de defensa sino de políticas de defensa, pero no se ha visto nada, ni tampoco se ha conocido ningún resultado a favor o en contra que haya llevado la entidad”, dijo. Para Pombo, sería importante establecer unas políticas de conciliación y arreglo directas obligatorias sobre determinados hechos, pues las grandes demandas de Estado son de tipo contractual-estatal (reclamación de tierras, violación de derechos humanos) unido a las de mayor envergadura, como lo son las contrataciones estatales, pues, dijo, cerca del 14% del PIB se mueve en ese sentido. “El tema habría que decantarlo frente a unas líneas jurisprudenciales del Consejo de Estado. La agencia debería marcar, con base en lo que dice la Alta Corte, unas políticas de negociación obligatorias por parte de las entidades públicas con unos criterios cuantitativos”, sostuvo Pombo.
Gestión El director de la Agencia Nacional de Defensa, Fernando Carillo, destacó la labor realizada hasta el momento, partiendo de la construcción de un sistema de gestión de información que abarca más de 300.000 demandas contra el Estado y el cual, estaría en su fase final. Según Carrillo, a raíz de este paso se tiene un inventario de los 600 procesos más grandes, pues aclaró que la Agencia solo se hará cargo de este número, pues dichos casos por su cuantía, impacto o significación son relevantes para el Estado.
De acuerdo con el directivo, unido a esto, la entidad ha creado alianzas estratégicas con las entidades de control. “Con la Contraloría hemos venido avanzando en una estrategia de defensa que pronto va a producir un resultado en términos del carrusel de las pensiones del Consejo Superior de la Judicatura. El Estado va a intervenir con lo que se llama una acción de lesividad la semana entrante”, dijo. Carillo aseguró que a partir de ese inventario se espera determinar lo que serán los protocolos y las estrategias de defensa nacional que esperan entregar en cerca de dos mes para aprobación del Gobierno Nacional.
