10 de enero de 2019 –
A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicada por Ámbito Jurídico. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Desde este viernes 11 de enero la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes reanudan labores después de la culminación de las vacaciones colectivas ordenadas por el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.
Pero es bueno recordar que antes del inicio de este descanso colectivo, desde el 31 de octubre del 2018, algunos juzgados civiles de Bogotá ubicados en los edificios Morales Molina, Camacol, San Remo, Kaysser, Jaramillo y Virrey habían iniciado el cese de actividades por cuenta de un acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Acuerdo 11127 del 2018 estableció una serie de medidas transitorias para varios juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple y juzgados civiles municipales de Bogotá. Allí se adoptó la decisión de transformar transitoriamente 29 juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas.
Sin embargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá declaró la ilegalidad del cese de actividades promovido por el sindicato Vocero Judicial. (Lea: Los asuntos pendientes de la justicia en el 2018)
Teniendo en cuenta el marco normativo y jurisprudencial respecto a la legitimidad de la huelga, la Sala indicó que como la administración de justicia es un servicio público esencial se configuró la causal de ilegalidad, contenida en el literal a) del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.
Así las cosas, el panorama es confuso después de la decisión judicial de ilegalidad, pues voceros del sindicato demandado anunciaron la interposición de recursos frente a esta determinación, con lo que surge la duda sobre el inicio de actividades en estos despachos. ¿Continuará el cese de actividades después de la terminación de la vacancia judicial?
Intermediación
De otra parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) dio a conocer a través de su cuenta de twitter el ofrecimiento de su director para intermediar entre los juzgados y el Consejo Superior de la Judicatura.
El magistrado Edgar Carlos Sanabria afirmó, según información publicada por la corporación, que el Consejo Superior mantiene intacta su disposición de diálogo, pero recalcó que los promotores del cese de actividades están en una posición de total “intransigencia”.
Es por ello que se espera que en los próximos días se pueda instalar una mesa de concertación para encontrar una solución definitiva a esta crisis en la Rama Judicial, ya que son muchos los ciudadanos afectados ante la ausencia de servicio en estos despachos.
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