Agrega que para una mayor efectividad, sería importante que el legislador facilite con sus leyes las negociaciones entre las partes, que ayuden a concluir un proceso más rápido, con preacuerdos y principios de oportunidad, “pero siempre de forma balanceada con la justicia”.
Según el Centro de Servicios Judiciales de Medellín, desde que entró en vigencia el SPOA en la ciudad (1 de enero de 2006), se han radicado 46.133 solicitudes de acusación con fines de juicio o sentencia por allanamiento y preclusión.
De esas, los 33 Juzgados de Conocimiento (municipales y del circuito) han emitido 32.883 sentencias y 11.779 autos de preclusión, y aprobado 12 principios de oportunidad.
A la fecha, están pendientes de fallo 1.471 expedientes.
Esto indica que en la capital paisa la congestión no parece estar en los estrados penales, sino en la parte investigativa de la cadena. “El sistema no ha colapsado, pero se necesitan más jueces, más fiscales y más policías judiciales”, expresa Mónica Quintero Tabares , juez coordinadora del Centro de Servicios.
Un fiscal de la Unidad de Vida comenta que tiene 500 expedientes para investigar represados desde 2009.
Sobre las debilidades del SPOA, dice la burocracia es mayor. “Hay que pedir permiso para todo: allanamientos, seguimientos, y uno depende del tiempo del juez; en el sistema antiguo (ley 600), el fiscal era autónomo para eso”.
Un suboficial de la Sijín (Policía Judicial), acota que tantas carpetas represadas en la Fiscalía dificultan la lucha contra el crimen. “Sabíamos que había armas en una casa, pedimos la orden de allanamiento, pero se demoró 20 días porque el fiscal tenía demasiados casos; esas armas las mueven cada tres días, perdimos el año”.
Al respecto, el fiscal general, Eduardo Montealegre , declaró: “No vamos a retroceder en la implementación del sistema acusatorio, pero recibiremos con beneplácito las críticas constructivas”.
Problemas como estos podrían repetirse en los juzgados administrativos y el Consejo de Estado presentó un proyecto para aplazar el inicio de la oralidad, previsto para el 2 de julio, según el juez Restrepo.
TEXTUALMENTE
“Fracasó porque no estábamos preparados”
Luis F. Otálvaro
Presidente Asonal Judicial Nacional y Seccional Antioquia
“Nosotros habíamos señalado desde 2003 y 2004, la inconveniencia que esa normatividad traería, porque no estamos preparados tecnológicamente, por falta de cultura y de capacitación del personal. Vimos improvisación y hoy se nos da la razón, porque es imposible que ese sistema funcione cuando ni siquiera hay la base necesaria, que es tener el personal técnico, los laboratorios y otros instrumentos de alta tecnología.
Para lo único que ha servido es para los casos de flagrancia, porque cuando no la hay, las investigaciones se quedan quietas. Tenemos alrededor de mil carpetas por cada fiscal en las unidades de Vida. En Medellín son 25 fiscales de Vida, es decir 25 mil investigaciones que no han tenido éxito, porque no ha habido flagrancia. El otro cuello de botella es en la Defensoría, que solo tiene capacidad para aquellas investigaciones en las que hay personas detenidas.
Este sistema fracasó, pero siempre he dicho que esto se soluciona con plata. Creo que el país necesita como mínimo un investigador por cada funcionario, unos 7.000, y apenas hay 2.000; 125 municipios están sin juez y más de 400 sin fiscal. Hay jueces fijando audiencias para dentro de tres meses en las grandes ciudades. No hay ninguna celeridad.
Además, con la constante modificación de las normas (unas 30 desde 2005 que se implementó el sistema) no hay seguridad. Hoy un delito es excarcelable y mañana no”.
