Aunque al Presidente le había dado muchas vueltas en la cabeza la idea de la Conmoción Interior para enfrentar el paro de la rama judicial- de hecho en algún momento se habló la posibilidad de declarar una especie de estado de emergencia en la justicia- fue el consejo del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el pasado martes, lo que lo empujó a tomar esa decisión.
“Los delincuentes están saliendo favorecidos por el habeas corpus, lo que debería llevar a pensar a hacer uso de la Conmoción para frenar la salida masiva de miles de presos”, dijo Sarmiento, en la Asamblea de Anif, en presencia del Presidente.
Al abandonar el lugar, Uribe admitió a los reporteros que la propuesta del banquero lo había puesto a pensar.
Entre martes y miércoles Uribe hizo algunas consultas, pero en la madrugada del jueves ya no pudo dormir. Por eso despertó a Del Castillo antes que llegara el sol.
Revolcón a congestión judicial
Según fuentes del Palacio, Uribe entendió que podía convertir la crisis en una oportunidad y fue más allá. Decidió que aprovecharía la medida de excepción para atacar la congestión judicial.
“No hagamos una Conmoción pensando en el paro, echemos una cosa importante para descongestionar la Justicia”, insistió Uribe ese jueves.
Por eso, aunque la Conmoción va a obligar a muchos jueces a volver a sus despachos desde el próximo martes, Uribe le encomendó al ministro del Interior, Fabio Valencia, hacer todo lo posible para que en agosto del 2010 los juzgados estén al día.
Y esto lo ratificó Uribe el pasado viernes en la clausura de Asocajas de Cartagena al asegurar que su propósito es “prepararnos con unas medidas complementarias en el Congreso para que en el 2010 esta rama del poder esté totalmente al día”.
Para Uribe, y así se los dijo estos días a sus asesores, el problema no son las casi seis semanas de paro de Asonal -hoy cumple 40 días, el más largo la historia reciente, según la Judicatura-, sino los 30 años de represamiento de procesos en los juzgados.
Desde el primer momento, Uribe dejó claro que su decisión no podía afectar la armonía entre los poderes. Por eso, antes de expedir los primeros decretos de excepción, el Gobierno consultó a las Cortes, al Procurador General, al Fiscal General y al Congreso.
“El Gobierno no pretende tomar para sí ningún poder que corresponda a la Justicia; el Gobierno pretende crear el más alto nivel de consenso con la Justicia y darle todas las herramientas para superar esta crisis”, dijo Uribe.
De hecho, el Presidente no usó la medida extraordinaria para ejecutar una ‘barrida’ de jueces. El pasado viernes, no obstante haber entrado en rigor el estado de excepción, no se supo de despidos masivos.
Uribe ha querido proceder con ‘guantes de seda’ con los jueces, entre otras razones para no darle argumentos a sus críticos, sobre todo en Europa y Estados Unidos, donde algunos sectores podrían aprovechar esa situación para atacar asuntos como el TLC.
Conmoción, debate para largo
En todo caso, la declaratoria del estado de excepción, que se produce luego de varios fracasos de negociación con un sindicato de la justicia fortalecido y reacio a ceder, sigue generando controversia.
Entre las voces que descalifican la decisión están las de la oposición. Wilson Borja, representante a la Cámara del Polo, aseguró que “no existen las condiciones para declarar la Conmoción”.
Agregó que Uribe no tuvo voluntad para resolver el tema: “Eso se resolvía con solo 400 mil millones de pesos y no los dispuso, pero sí le permite a los empresarios deducir el 40 por ciento de sus utilidades, con lo que el Estado deja de percibir 1 billón de pesos”.
Y la senadora liberal Cecilia López manifestó: “En medio de esta crisis mundial, va a haber menor inversión extranjera y escaso crédito. Tenemos que competir con muchos países en desarrollo, y con una Conmoción Interior nos ponemos en desventaja porque el mensaje que se da es de inestabilidad”.
No obstante, también criticó a Asonal: “Les faltó sensibilidad, porque hay un grave problema de tutelas y congestión”.
De hecho, por la protesta han quedado libres 2.720 capturados y casi 37.000 tutelas están represadas.
Entre los juristas también hay polémica. El ex magistrado Alfredo Beltrán dice que “La Conmoción no reúne todos los requisitos previstos en la Constitución para declararla. Tampoco mediante decretos se puede reformar el código de procedimiento civil”.
Por su parte, Humberto de la Calle, uno de los artífices de la Carta del 91, cree que “el Gobierno no tenía otra alternativa y su aplicación es constitucional porque la alteración del orden era evidente”.
Todo indica que el debate seguirá en los próximos días cuando se empezarán a ver de manera más concreta los efectos del estado de excepción sobre la crisis de la justicia.
Lo que están pensando en las cortes sobre la Conmoción Interior
Corte Constitucional: La Conmoción “no fue descabellada”, para algunos miembros de esta corte. Otros consideraron que a la hora de estudiar su constitucionalidad habrá discusión sobre si esta medida es legítima para contrarrestar un paro.
Consejo de Estado: La decisión de Uribe generó un cortocircuito entre las cabezas de ese alto tribunal. En un primer momento, el vicepresidente Rafael Ostau de Lafont dijo que “hubiera valido la pena esperar un poco más para tomar una decisión tan trascendente como esta”.
Horas después el presidente del Consejo, Enrique Gil, lo desautorizó en público y manifestó que la Sala Plena aún no había decidido la posición oficial con relación a la Conmoción.
Corte Suprema: “Hay que dar ejemplo. Nosotros no criticamos al Ejecutivo, pues es una decisión autónoma de ese poder”, dijo uno de los magistrados de este tribunal.
Sin embargo, algunos magistrados en privado han manifestado que no estaban de acuerdo con la decisión, porque se estaría violando la Constitución.
Judicatura: En este tribunal la medida fue vista como una oportunidad de oro, especialmente en la Sala Administrativa, que ha estado en la mira para ser eliminada en varias ocasiones.
El Tiempo / 14 de octubre de 2008
