El Congreso, que como lo dijo el presidente de la República será el “árbitro de la discusión”, también enfrentará un pulso interno. Pero no para responder por los problemas que en realidad afectan a los ciudadanos, sino por los procesos penales y disciplinarios a los altos dignatarios del Estado.
Senado y Cámara de Representantes se enfrentarán por la suerte de la Comisión de Acusaciones. Mientras la Cámara propone fortalecerla, darle mayores herramientas y equilibrar sus investigaciones con las de la Corte Suprema de Justicia, el Senado busca acabarla.
Para nadie es un secreto que la Comisión de Acusaciones es inoperante. Pero el diagnóstico de la Cámara de Representantes es que si no se le otorgan herramientas, los resultados no llegarán.
El diagnóstico del Senado es otro. Al punto de que califica la Comisión como “foco de impunidad” porque no tiene las mismas calidades que, por ejemplo, las altas cortes.
“Lamentablemente la función judicial del Congreso constituye foco de impunidad y de descrédito por carecer de un organismo especializado de altísimas calidades académicas, intelectuales y morales que instruya los procesos de modo que pueda la Cámara de Representantes cumplir a cabalidad con su función investigadora”.
Así lo señalan 12 senadores, todos ellos del Partido de La U, que firmaron el proyecto que pretende eliminar la Comisión de Acusaciones.
En la exposición de motivos del proyecto los senadores también consideran que mantener la Comisión de Acusaciones con la estructura y el funcionamiento actuales “constituye un atentado contra la dignidad de la justicia, el poder punitivo del Estado, la independencia y la autonomía de la Justicia y el prestigio de la rama legislativa del poder público”.
El pronunciamiento del Senado no dejó indiferente al presidente de la Comisión, el representante Germán Blanco (P. Conservador). “Lamento profundamente que los senadores de la República, siendo congresistas y muchos de ellos repitiendo período, no crean en la justicia parlamentaria. Esas expresiones carecen de fundamento, ninguno de estos senadores ha pasado por esta comisión. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, pero reconocemos que nos faltan herramientas y por eso proponemos autorreformarnos”, dice.
Blanco además considera que si la Comisión de Acusaciones está incurriendo en impunidades, el Senado debería denunciarlo ante las autoridades competentes.
En esa afirmación coincide el representante Augusto Posada (Partido de la U), quien, refiriéndose a los senadores que presentaron el proyecto y firmaron esa exposición de motivos, dijo: “Deben tener la valentía para denunciar ese foco de impunidad porque, obviamente, eso es un delito. Si los miembros de la comisión de Acusaciones hemos prevaricado, pues ellos tienen la obligación de denunciarnos ante la Corte Suprema”.
Los dos proyectos
Este enfrentamiento tuvo su origen la semana pasada, cuando 18 representantes a la Cámara, de todos los partidos, radicaron un proyecto para reformar la Comisión de Acusaciones. Pero incluyeron la polémica propuesta de blindar a los congresistas para que no fueran detenidos sino al final de un juicio penal que los condenara.
El proyecto fue rechazado por varios senadores que respondieron con el proyecto para acabar la Comisión de Acusaciones, cuyo autor es el senador Manuel Enríquez Rosero (la U).
El proyecto del Senado pretende crear el ‘Tribunal de Investigación penal y Disciplinaria’, adscrito a la Cámara de Representantes. Estaría conformado por nueve miembros, elegidos por concurso público para períodos individuales de cuatro años y deberán tener las mismas calidades e inhabilidades que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
“Los congresistas no estamos preparados para instruir disciplinaria y penalmente procesos, y muchos de los miembros de esa comisión ni siquiera son abogados”, dice Manuel Enríquez, quien además explica que los integrantes del nuevo tribunal permanecerán en su cargo “mientras se observe su buena conducta y tengan rendimiento satisfactorio”.
Esa propuesta fue rechazada en la Cámara de Representantes. Germán Blanco dice que el Senado pretende entregar el control que se hace de la justicia parlamentaria sobre una serie de aforados, “simple y llanamente para que se cree una nueva corte. Lo único que pretenden es crecer burocráticamente el aparato judicial del Estado”.
Esta discusión será zanjada en el debate de la reforma a la justicia. El Senado está encargado de los dos primeros debates y podría sepultar el proyecto de la Cámara. Sin embargo, el más afectado de este pulso podría ser el verdadero propósito de la reforma a la justicia. Por esa razón, ni el Gobierno ni las altas Cortes quisieron abordar el tema de las funciones judiciales del Congreso.
