La plenaria del Senado aprobó que hasta el 2018, el Gobierno Nacional se encargue de que el sector jurisdiccional reciba bienes y servicios por valor equivalente a 1.8 billones de pesos.
Este dinero se destinará a la ejecución de planes de descongestión; a la implementación de los procedimientos orales; al uso, acceso y dotación de tecnologías de la información, y a la inversión en infraestructura que garantice la adecuación de atención de los ciudadanos y la eficiente tramitación de los procesos.
El dinero será dividido por años y la continuidad del desembolso dependerá “del cumplimiento de las metas fijadas en los correspondientes planes y programas de inversión y no harán base presupuestal”, explica el artículo de la reforma.
En la última hora se han aprobado 8 artículos más, incluyendo el de la polémica de la reelección presidencial, que ya quedó subsanado y el que permite que los congresistas participen en los próximos debates de esta reforma y de las leyes que la reglamentarán así sean investigados por las cortes.
Reforma judicial: congresistas sólo serán detenidos cuando sean acusados ante las cortes
El Senado aprobó la fórmula propuesta para juzgar a los parlamentarios. Quedó viva una proposición para que en debates posteriores se permita la detención de los congresistas sólo hasta que haya una sentencia.
No obstante, hasta ahora, la detención sólo se aplicará cuando el parlamentario sea acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia, que para garantizar la segunda instancia se dividirá internamente.
La medida aprobada no aplicará para los congresistas a los que se les acuse al momento de que la reforma se convierta en ley.
La primera instancia en la etapa de juzgamiento la harán cinco magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema. La segunda instancia será conocida por la Sala Plena, con exclusión de quienes hicieron parte de la primera etapa.
