10 de enero de 2019 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por Hoy Diario del Magdalena. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
La libertad condicional del contratista Guido Nule Marino, condenado a 21 años de prisión por el denominado ‘Carrusel de la contratación’, y Emilio Tapia, también vinculado en el mismo proceso, ha generado polémica en varios sectores del país, incluso en los entes de control, aún sabiendo que la acción se registró de manera legal y constitucional.
Para el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, es evidente que la actuación elevada por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Barranquilla, que le otorgó la libertad al contratista, tuvo irregularidades, pues no dejó en evidencia que Nule Marino no cumplió con la exigencia económica que debía pagar una vez fue condenado.
“No podemos seguir aceptando que la navidad de las excarcelaciones se convierta en una situación normal y que los beneficios a los corruptos se conviertan en una regla”, consideró Carrillo Flórez.
El jefe del Ministerio Público celebró que en este momento hay dos proyectos de ley en curso que incorporó la imposibilidad de sustituir la detención preventiva por una detención domiciliaria.
“Esos privilegios no caben para los corruptos y no caben, además, porque para eso están las convenciones internacionales de corrupción, si es el caso vamos a valorar cada uno que se ha registrado en lo corrido del año”, dijo Carrillo.
Si bien el procurador hizo énfasis en que Colombia tiene una serie de compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción, aseguró que es necesario replantear la política legislativa y “habrá que hacer más severas las penas en materia de decretos de corrupción, que es el problema más grande que tiene el país”.
Contrario a lo que opina Carrillo Flórez, el penalista y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Bernate, consideró que la solución no está en el aumento de penas.
“Resulta increíble que ante personas que si bien es cierto cometieron delitos muy graves, pero que ya pagaron su deuda con la sociedad, se genere una reacción en la que se pretenda aumentar las penas sin saberse a qué topes”, dijo Bernate.
Consideró que esto no tiene asidero, dado que hoy en día Colombia tiene las penas más altas del continente. En ese sentido, dijo que la justicia colombiana tiene que reconocer que las penas tienen un límite y que cumplen una función resocializadora.
“Todas las personas tienen derecho a una oportunidad. No es claro que todo conduzca a nada malo ni nada bueno, ni tampoco a aumentar las penas, ni mucho menos a restringir beneficios, por el contrario hay que buscar verdaderas alternativas que ataquen la razón por la que se delinque y no pensar que la razón a todo es subir las penas y quitar los beneficios”, aseguró Bernate.
Por otro lado, desde un sector independiente, Hernando Herrera Mercado, en cabeza de la Corporación Excelencia a la Justicia, expresó que es necesario que “existan sistemas de redención de penas para los delitos, porque eso está aliado a la rehabilitación de cualquier confeso condenado, pero en el caso de los condenados por delitos que tiene que ver con la desviación de recursos consideramos que no se deben tener esos beneficios”.
Para Herrera Mercado, el caso de la redención de delitos por penas deben ser mucho más estrictos y en el caso de la casa por cárcel deberían prohibirse tajantemente.
El presidente de la corporación consideró que es necesario valorar cada acción que tiene el condenado, si bien obtuvo el tiempo cumplido de la pena para adquirir el beneficio de casa por cárcel e incluso la libertad, se deben considerar los lineamientos que se dictó una vez fue leída su sentencia, que en ese caso resulta importante realizar los pagos al Estado y a las víctimas que dejó la comisión de delitos.
Así las cosas, lo que ahora se espera es que en el Congreso de la República se surtan las diligencias debidas para considerar si se aplican penas más severas o si por el contrario lo que se debe aplicar es un reajuste en la política legislativa y judicial.
BOGOTÁ Colprensa
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