Por Yamid Amad
Defensor jurídico de la Nación dice que cambios pueden hacerse con leyes, resoluciones y decretos.
Dar un “timonazo” inmediato a la justicia, sin recurrir a reformas constitucionales, sino con leyes y decretos, para atender el clamor nacional contra la morosidad, propone el exministro de Justicia y fuerte candidato para volver al cargo, Fernando Carrillo. Fue uno de los principales promotores del hundimiento de la reforma judicial que acaba de ocurrir, tras participar en el proceso de examen y descubrimiento de graves anomalías de trámite y contenido en esa reforma.
¿Qué deja todo este proceso?
Todos los poderes deberían hacer un catálogo de lecciones aprendidas. Por ejemplo, urge una revisión del Reglamento del Congreso, de las reglas de la conciliación, una reconsideración de la función del Congreso como legislador y del papel del Ejecutivo en ese proceso de colaboración para hacer leyes.
¿Reformar el Reglamento del Congreso para hacer qué?
Para regular asuntos como las competencias de las comisiones de conciliación. El problema grande que encontró el Gobierno fue un vicio protuberante, grosero, burdo; lo que pasó en las comisiones de conciliación y la forma como entraron a dicha conciliación temas que no se habían discutido durante los ocho debates o que se habían negado durante el proceso; la eliminación sigilosa de lo ya aprobado, como la misteriosa desaparición de un parágrafo que cambiaba las reglas de procesos de investigación penal en marcha.
¿Cómo se evitaría que eso vuelva a ocurrir?
El reglamento actual permite, por ejemplo, que se termine la conciliación muy tarde en la noche y al día siguiente se vote muy temprano en la mañana. Eso es irresponsable. Se requiere un periodo de reflexión, de revisión y de análisis. En el caso de esta reforma, el tiempo jugó totalmente en contra de un proceso mucho más reflexivo, partiendo de la base de que el Gobierno no estuvo en la mayoría del tiempo que sesionó la Comisión de Conciliación. Hay que replantear el ejercicio de la función legislativa en términos de calidad y seriedad institucional. El proceso de recoger asuntos de lo discutido por una y otra cámara puede llevar a la distorsión de la voluntad del constituyente por falta de reglas de juego claras, o al desborde de las competencias. Esa es una lección evidente que hay que aprender.
¿Cree que el Gobierno debe insistir en el espíritu de la reforma inicial, de robustecer y descongestionar la justicia?
Esa es otra lección que debe ser aprendida y que debe venir acompañada de lo que podría ser una nueva propuesta. Habría que cambiar el eje, los protagonistas y el escenario para que una transformación de la justicia sea viable. Yo pienso que, lamentablemente, a la gente de la calle esta reforma que naufragó no le interesaba porque no percibía cómo la podía beneficiar. Lo que sí le preocupó, y ese fue el clamor popular, fue el conjunto de circunstancias anómalas que se dieron en la última fase del proceso. De ahí la reacción e indignación de la gente, que se materializó en una movilización ciudadana espontánea e inteligente. Al ciudadano le importan sus derechos, tener acceso a la justicia, que esta sea pronta y cumplida, que no haya congestión. Urge una reforma donde el papel protagónico lo tienen que jugar las organizaciones sociales y la sociedad civil. Hay organizaciones muy serias que tienen mucho que decir en esta materia, como la Corporación para la Excelencia de la Justicia, Plural, Dejusticia, el Observatorio de la Justicia, entre otras. Tenerlos como protagonistas en un nuevo proceso es esencial.
En las sesiones extraordinarias del Congreso, los parlamentarios coincidieron en afirmar que el Gobierno sí conocía lo que se aprobó. ¿Es así?
Yo no conocí el proceso de cerca. El Ministro de Justicia asumió con altura su responsabilidad en esa materia. Lo que el Gobierno descubrió en un estudio a doble columna que se hizo fue que entraron una serie de temas a la Comisión de Conciliación que no estaban en los debates anteriores.
¿Cree que se requiere una reforma constitucional para enfrentar el problema de la morosidad en la justicia?
Hay que buscar primero un gran consenso con las organizaciones sociales, con la Rama Judicial, con los jueces, y, sobre todo, con los ciudadanos. Otra lección aprendida en los procesos de reforma a nivel global consiste en saber que la clave del éxito no es rediseñar las instituciones, sino modificar los comportamientos humanos. Buena parte de los problemas de la Rama Judicial tienen que ver con las personas que están al frente de las funciones judiciales. Hay carencias graves en materia de capacitación, de recursos humanos, de modernización, de gestión y de gerencia judicial. Ahora más que nunca el Consejo Superior de la Judicatura tiene un gran desafío: demostrar eficiencia, eficacia y resultados.
¿Cómo hacerlo?
Yo participé durante los últimos 15 años en procesos de reforma judicial en América Latina, y hoy diría que lo fundamental es que no son las grandes reformas constitucionales las que producen los verdaderos cambios en la administración de justicia. Es la solución de las pequeñas cosas que la empantanan. La prioridad no es la macrorreforma institucional de la justicia, sino la dimensión micro que apunte al acceso y a la garantía de los derechos de los ciudadanos.
¿Se superó el debate sobre si se podía negar la reforma en sesiones extras?
Por supuesto. La Constitución dice que el trámite de una reforma se surte en sesiones ordinarias, pero esa no es una prohibición. El incidente de las objeciones presidenciales no hace parte del trámite. La Corte Constitucional ha dicho que, en el caso de las leyes estatutarias, los incidentes de objeciones no necesariamente se tienen que tramitar en sesiones ordinarias. Y la misma Corte, en una jurisprudencia, señaló que las normas de trámite de la ley pueden aplicarse a los actos legislativos. Ese fue el caso de la reforma hundida. Una cosa es el trámite de la ley y otra cosa es el incidente de objeciones.
¿Es decir que las sesiones extras no fueron convocadas para reformar la Constitución, sino para no reformarla?
Exactamente. La actitud firme y responsable del presidente Santos, como Jefe de Estado, salvó al país de un colapso, cuyas consecuencias aún no se han terminado de dimensionar. El Presidente no podía ser un convidado de piedra frente a inmensos riesgos que implicaba un segundo de vigencia de la reforma constitucional.
Una de las cosas perdidas con el fracaso de la reforma fue la adición presupuestal de dos billones de pesos…
En esta materia podría liderarse un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Judicial para asignar bien esos recursos, con criterios objetivos de definición de prioridades. Para ello no se necesita una reforma constitucional. Este es un compromiso del Gobierno frente a la modernización de la justicia.
Otro tema hundido fue la doble instancia en juicios a aforados. Eso, inclusive, es una orden de la Corte Constitucional…
Así es. El gran problema es que a la reforma le fueron colgando bolas como si fuera un árbol de Navidad. La transformación que necesita la justicia se puede hacer ya, por la vía de leyes, de decretos o de reformas a nivel de gestión, de descongestión, de capacitación y de una buena aplicación de los recursos que el Ejecutivo está dispuesto a darle al poder judicial en los próximos años. Pero hay que facilitar el acceso a la justicia, buscar eficacia, celeridad y la capacitación del recurso humano. Esto no exige reforma constitucional.
¿Si le dieran a usted la oportunidad, como ministro de Justicia, de intentar esa reforma, la podría hacer?
No hablemos de mí. Esa reforma se puede hacer, sin duda. Una verdadera política pública de acceso a la justicia no ha habido en Colombia en los últimos años, como tampoco una de eficacia y capacitación.
¿Es posible ya una reforma para las cosas que necesita la gente?
Así es. En Colombia ha estado varias veces el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, quien escribió hace dos años el libro La idea de la justicia. Allí sostiene que una reforma en el siglo XXI debe apuntar a resolver las injusticias diarias que se cometen con las personas más vulnerables dentro de la sociedad. Las injusticias con las mujeres, con los pobres, con los niños, con los discapacitados. Yo diría que en el caso de Colombia, también con los desplazados. Esa es la reforma de la justicia que hay que hacer: la que entienden los ciudadanos. La reforma sobre la cúpula de los poderes es insuficiente y se ha quedado atrás.
¿Esa reforma se podría hacer ya?
Eso es lo que está pensando el Gobierno. Una convocatoria en una dirección nueva, porque un elemento característico del fracaso de las reformas, no solo en Colombia sino en América Latina, ha sido la centralización del proceso. No se ha llegado, por ejemplo, a la justicia regional, ni mucho menos a nivel municipal. Todos los municipios deberían tener, por ejemplo, una secretaría de justicia. Eso no existe. En otros países de la región hay centros de administración de justicia a nivel local. En Colombia se ensayaron las casas de justicia, pero se abandonaron. El acceso se logra a través de la descentralización. Está ensayado y da resultados.
¿Un problema grave de la justicia es su pobreza?
Sí. Y eso hay que remediarlo sin multiplicar los presupuestos, sino sabiendo asignar bien los recursos sin necesidad de constitucionalizar ninguna fórmula.
¿Hay que revisar la formación de quienes ejercen la justicia?
Ese es un tema crucial, es el más importante, la columna vertebral de una reforma judicial. Aquí las facultades de derecho, la academia, los colegios de abogados, los estudiantes y profesores tienen que ser copartícipes de un proceso así. La educación legal en Colombia requiere un timonazo grande. Yo creo que habría que montar un programa de emergencia de capacitación en administración judicial. En Colombia hay muy pocas maestrías en administración judicial. Ser juez no es bien visto por las mejores facultades de derecho del país. Los abogados son educados para ser gerentes de instituciones financieras, para ser políticos, pero la condición de juez ha sido vista como una opción de segunda categoría. Eso hay que cambiarlo.
¿El hecho de que haya fracasado la reforma de la justicia supone que se acabó la necesidad de reformarla?
Todo lo contrario. Debe ser un aliciente mayor y una oportunidad para salir adelante con ese empeño. Hay que dejar a un lado el instrumento constitucional. Esta crisis debe convertirse en un estímulo para sacar adelante las reformas que se pueden hacer desde el punto de vista reglamentario, legislativo y de políticas concertadas entre todos los protagonistas.
No se sabe si usted va a ser ministro o no. Sin serlo, tuvo mucha injerencia en la solución que acaba de pasar. ¿Usará los mismos poderes de acceso que utilizó para buscar ahora un acuerdo sobre reformas no constitucionales a la justicia?
Aspiro a que sí, porque desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, que dirijo, no solo se defiende al Estado sino que se busca la prevención del daño que se pueda ocasionar.
En los 70, el entonces precandidato Jimmy Carter decía en Estados Unidos, mientras golpeaba de casa en casa: “Yo me llamo Jimmy Carter y quiero ser presidente de Estados Unidos”. Usted diría hoy: “Yo soy Fernando Carrillo y quiero ser ministro de Justicia”?
Yo diría: “Me llamo Fernando Carrillo, fui ministro de Justicia y desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado quisiera acompañar esa gran transformación que requiere la justicia, porque ese ha sido mi compromiso durante las últimas décadas en diferentes países de América Latina”.
