EL TEXTO de conciliación que se había acordado el miércoles entre Cámara y Senado sobre la ley de víctimas fue rechazado por la plenaria del Senado.
La conciliación, y por lo tanto el proyecto de ley, se hundió con los votos de 48 senadores que rechazaron la ponencia, contra sólo 24 que la apoyaron.
Mientras el Gobierno anunció en la plenaria que el próximo 20 de julio presentará una iniciativa que recoja los estándares internacionales para la reparación a las víctimas, los autores del proyecto hundido también planean presentar una nueva propuesta.
El senador Juan Fernando Cristo le anunció a EL NUEVO SIGLO el propósito de “trabajar nuevamente con las víctimas un nuevo proyecto de ley a partir del 20 de julio”.
Igualdad
Ayer Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, le dijo a EL NUEVO SIGLO que, sin perjuicio de la presunción de inocencia de los agentes del Estado vinculados a procesos por violación de derechos humanos, como es el caso de los llamados falsos positivos, las víctimas deberían tener derecho a una reparación inmediata que no tuviera que esperar años de pleitos judiciales.
En su informe, además, Alston consignó que “es imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley, las víctimas tanto de actores estatales como de grupos ilegales sigan siendo tratadas con igualdad”.
Sin embargo, el Gobierno conminó ayer a la bancada uribista para que se opusiera al informe de conciliación, alegando, por una parte, que solo podría haber reparación a las víctimas de agentes del Estado cuando la justicia produjera un fallo condenatorio de última instancia.
Pero, además, alegó problemas presupuestales. En un comunicado, la Casa de Nariño señaló que el informe de conciliación radicado el martes por la noche tendría “un costo superior a los 80 billones de pesos” que “crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento”.
Sin embargo, el senador Cristo respondió que ese cálculo se hace sobre la base de artículos que no están en el proyecto y que en realidad se trataba de un “problema de principios y no de plata”.
En ese sentido, el comunicado presidencial, leído por César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de la Casa de Nariño, reveló que para el Gobierno el texto conciliado “se constituye en una grave amenaza a la seguridad democrática, puesto que iguala a los terroristas con agentes al servicio del Estado”.
En todo caso, Uribe también había anticipado que, si se aprobaba el informe de conciliación, objetaría el proyecto de ley.
Si la conciliación hubiera tenido posibilidades de ser aprobada, los familiares de “las víctimas de agentes del Estado”, explicó el representante Guillermo Rivera, habrían podido “también obtener una reparación por vía administrativa”. Tal sería el caso, indicó, de las familias de Soacha, que si las plenarias de Senado y Cámara hubieran recogido el texto que los conciliadores estaban proponiendo, habrían podido, “a través de las oficinas de Acción Social, obtener su reparación y no tener ni que pagar abogado ni que acudir a una instancia judicial a esperar muchos años una condena de los victimarios para poder recibir reparación”.
