Partidos políticos analizan apoyo a Emilio Otero por implicaciones con opinión pública.
La reelección de los secretarios de Senado, Emilio Otero, y de la Cámara, Jesús Alfonso Rodríguez, se convirtió en un dolor de cabeza para los partidos por las implicaciones que les puede traer con la opinión pública.
Otero radicó ante el Congreso su hoja de vida para aspirar por sexta vez al cargo. Rodríguez también se inscribió.
No obstante, esta vez tienen el camino más complicado luego del escándalo y descrédito que recayó sobre el Capitolio tras el hundimiento de la reforma de la justicia.
El actual Secretario del Senado es conocido y apreciado por varios de los congresistas, pero es duramente criticado por la opinión pública por su salario y por supuestamente ser el autor del ‘mico’ que, en la reforma judicial, aforaba a los secretarios generales, lo que implicaba blindarlos del accionar de los jueces.
Otero ha reiterado que esa propuesta la impulsaron los mismos conciliadores de la reforma judicial. Y aunque también ha sido criticado por los procesos disciplinarios y penales que afronta, ha sido enfático en asegurar que nada de lo que lo acusan es cierto.
“Genera imparcialidad con las bancadas”, opinó sobre Otero el senador de Cambio Radical Carlos Motoa. Pero otra cosa piensa Armando Benedetti, de ‘la U’, quien considera que “elegirlo sería un suicidio para el Congreso”.
EL TIEMPO supo que unos 60 senadores quieren persuadir a Otero de que retire su candidatura para no afectar más la imagen del Congreso.
Sin embargo, solo hasta el 19 de julio, un día antes de la elección, se reunirán los partidos para definir el respaldo.
Pero de lo que no se podrán quejar los 102 senadores y los 166 representantes es que tendrán de donde escoger. Para la Secretaría de Senado se inscribieron 119 candidatos y para la de la Cámara, 27.
Los líos de Emilio Otero
Emilio Otero, secretario general del Senado hace diez años, quien hoy busca ser reelegido, ha estado en la mira de la opinión pública. Una de la razones es la polémica que suscitó su salario de 360 millones de pesos al año.
Fue sancionado por la Procuraduría, hace 16 años, por irregularidades en un contrato, aunque nunca se ejecutó la medida.
