Que el Fiscal General de la Nación sea elegido por el Presidente de la República y no por la Corte Suprema de Justicia, como lo contempla el proyecto de reforma constitucional presentado el lunes por el Gobierno, no es un asunto nuevo.
El revuelo por la iniciativa, que ya había sido contemplada por la comisión de Reforma a la Justicia convocada por el Ejecutivo, tiene que ver más con las circunstancias en las que se presentó: faltan menos de dos semanas para que el presidente Álvaro Uribe termine su mandato.
Gloria María Borrero, directora de la Fundación Excelencia en la Justicia y miembro de la comisión de empalme del mandatario electo Juan Manuel Santos, indicó que aunque tenían información de que el proyecto iba a ser radicado por el Ejecutivo y habían pedido conocer el texto, solo ayer recibieron la información.
“Esto es una prueba de que el presidente Uribe va a gobernar hasta el último minuto y lo ampara el derecho constitucional”, señaló la señora Borrero.
Hay que cambiar el sistema
Sin embargo, como vocera de Excelencia en la Justicia, Gloria Borrero considera que la iniciativa de separar la Fiscalía de la Rama Judicial es conveniente, porque con el sistema penal acusatorio se contempla la independencia de poderes. Por eso, “lo ideal sería que la Fiscalía fuera un organismo independiente, como la Procuraduría”.
El inconveniente de su presentación en este momento radica en los procesos contra funcionarios y personas cercanas al Gobierno que están en manos de la Fiscalía y que estarán pendientes entre 10 y 15 años. “Eso no daría un buen mensaje”.
Para el ex procurador Jaime Bernal, hay un hecho evidente y es que el sistema de justicia, tal y como está, hizo crisis y una muestra es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lleva un año sin poder ponerse de acuerdo para elegir al Fiscal. Tampoco ha podido llegar a un acuerdo para la elección de presidente del alto tribunal.
Por eso, Bernal propone que se hagan cambios tanto para elegir a los magistrados como para elegir al Fiscal. “Lo ideal sería que una comisión de decanos seleccionara un grupo de personas que no tenga intereses particulares para llegar al cargo, que les hagan una entrevista y, de ser necesario, un examen”, explicó Bernal.
Señaló que si bien en otros países es el Presidente quien designa al Fiscal, hay que tener en cuenta la “cultura política”. En el caso de Colombia, un Fiscal nombrado por el Presidente “no sería garantía de independencia en la Justicia”.
Disciplina de partido
Para Armando Benedetti, presidente del Senado, el proyecto de Reforma Constitucional no es del todo conveniente.
Para él, la selección de Fiscal por parte de la CSJ es adecuada. Pero señaló que, como debe dar ejemplo de disciplina de partido, deberá acogerse a lo que decida la U.
Sin embargo, el futuro del proyecto depende del guiño que haga Santos al Congreso, donde cuenta con las mayorías. Hay un antecedente claro, recordó la señora Borrero, y es que el mandatario electo se comprometió con la Rama Judicial a que los proyectos que tengan relación con ella serán previamente consultados.
“Él (Santos) podría llegar con otras prioridades y el proyecto se archivaría sin que se nombre ponente”, dijo la experta.
» Contexto
La doble instancia es necesaria
Otra de las propuestas radicadas por el Gobierno tiene que ver con la creación de una comisión para investigar a los aforados constitucionales que dependerá de la Fiscalía. Esto con el fin de que la Corte Suprema de Justicia no sea la instancia que investigue y juzgue, entre otros, a los congresistas y magistrados.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que el sistema procesal en el país debe ser único. Por lo tanto, la doble instancia contemplada por el Gobierno es necesaria. “Bien sea porque la apelación se dé dentro de la misma Corte o porque el que juzgue en primera instancia sea el Tribunal Superior de Bogotá y se apele ante la Corte Suprema de Justicia”.
