Las propuestas de actualización normativa presentadas por el Fiscal General de la Nación son merecedoras de un amplio y profundo debate nacional basado exclusivamente en el interés público.
Sería deplorable, sin embargo, repetir los errores del pasado. Hoy, seis años después, estamos viviendo las consecuencias de una reforma apresurada al procedimiento penal como la de 1991, que fue incapaz de estructurar un sistema procesal moderno, desburocratizado, ágil y, ante todo, respetuoso de un orden constitucional basado en el respeto por la dignidad humana. Se ha dicho, con razón, que desde 1938 no ha habido en Colombia un verdadero esfuerzo de construir una política criminal coherente. En estos últimos sesenta años sería destacable la elaboración del Código Penal de 1980 que, pese a ser susceptible de mejoría, se constituyó en modelo para América Latina. Los trabajos de preparación de este Código tomaron 8 años.
En las democracias modernas no se aprueban códigos de la noche a la mañana. Reformas recientes de corte acusatorio tomaron 4 años en Chile, 6 en Argentina, 4 en Guatemala, 5 en Uruguay, 6 en Bolivia, por ejemplo. En Europa, el cambio de los regímenes penal y procesal duró casi dos décadas en Alemania y 5 años en Austria; mientras que la sola reforma procesal tomó 15 años en Italia y 5 en Portugal, para citar algunos casos. Ello tiene sentido cuando se comprende que el éxito de la prevención y lucha contra el crimen no es asunto de cambiar artículos de Códigos, sino, principalmente, de basar estos cambios normativos en estudios serios de política criminal y en reformas para que las instituciones y sus funcionarios puedan actuar con eficacia y celeridad contra el delito.
El constituyente le devolvió al Congreso la facultad de adoptar los Códigos. Este tiene una oportunidad histórica para democratizar la discusión e identificar necesidades de adecuación de legislación y de adopción de cambios estructurales en las instituciones penales. Se está legislando para el destino de nuevas generaciones y sería imperdonable que dentro de cuatro o cinco años estemos reabriendo las reformas por falta de resultados.
Es muy preocupante que el proceso de aprobación de varios cientos de artículos esté avanzando sin debates de fondo. Hay que recoger las recomendaciones calificadas de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, Colegios de Jueces y Fiscales, abogados litigantes, el sector académico y otros actores públicos y de la sociedad civil conocedores de la realidad de la justicia penal y de las tendencias internacionales del sistema acusatorio que se pretendió adoptar en 1991. Una reforma apresurada va en total contravía del necesario fortalecimiento del poder punitivo, disuasivo y resocializador del Estado.
*Director Corporación Excelencia en la Justicia
El Tiempo / 9 de diciembre de 1998
