Varios ministros de Juan Manuel Santos han hecho una férrea defensa de la reforma.
A un paso de recibir esta semana la aprobación final en la Cámara de Representantes, la tan anunciada Reforma a la Justicia ha terminado cuestionada por sectores sociales y académicos, que anticipan que sus males estructurales —congestión, falta de acceso, impunidad, clientelismo judicial, etc.— no tendrán soluciones.
Mientras la Mesa de Unidad Nacional del Congreso, conformada por partidos afectos al gobierno Santos, defiende los “beneficios y cambios” de la enmienda constitucional, los críticos tienen la certeza de que quienes saldrán favorecidos son los congresistas y los magistrados de las altas Cortes.
El académico Mauricio García Villegas, miembro del colectivo DeJuSticia, ha dicho en varios análisis que el blindaje que buscan los parlamentarios al ser juzgados y disciplinados, puede terminar en una “captura política de la Justicia”, y enfatiza que lo aprobado, hasta el momento, “no parece ser esa ansiada reforma” que por años han esperado la mayoría de los colombianos.
A las críticas de Asonal Judicial, que como organización sindical dice que buscar la descongestión de los procesos —el Consejo Superior de la Judicatura dijo que en 2011 cerca de 800 mil se quedaron sin estudio— dándole facultades a notarios, centros de conciliación y abogados es “privatizar” este servicio fundamental, se sumó la preocupación de la Corporación Excelencia de la Justicia, CEJ. Su directora ejecutiva, Gloria Borrero, advierte que “la justicia impartida por los jueces de descongestión tiene hoy problemas de calidad”.
En desacuerdo con este inciso, la CEJ dice que “los centros de arbitraje y de conciliación solo tienen personal administrativo en bajo número y sus funciones son prestar apoyo a los arbitros y conciliadores”.
El congresista Iván Cepeda opinó que con la enmienda está en juego la independencia del Sistema Judicial y también advierte que como están planteadas las cosas habrá un debilitamiento sustancial.
“Esa perdida —indicó— de independencia y la privatización de la justicia podría derivar en una situación de impunidad e inmunidad para congresistas y otros aforados. La reforma de la justicia no puede basarse en la descongestión de tribunales y juzgados a través de privados. No es posible que una función tan vital para la sociedad como la de impartir justicia se le entregue a particulares”.
Como los otros críticos, Cepeda cree que no habrá la pronta y cumplida justicia que anhelan los colombianos, ni se tocarán los núcleos de la criminalidad en poder de las “altas esferas” sociales y políticas.
El jurista Ramiro Bejarano opina que la reforma “no le sirve al pueblo Colombia” y la califica como el más “alevoso ataque que le han hecho a la decencia del país”. “Este —precisó— es le pacto más inmoral que se haya hecho en Colombia desde la perdida de Panamá. Desde ese entonces, el país no había sufrido una afrenta institucional tan grotesca y grave como esta”.
“UN SOBORNO MUTUO”
La otra dura crítica la hizo, en diálogo con EL HERALDO, el jurista Ramiro Bejarano. Desde Buenos Aires, Argentina, sostuvo que la reforma “es un soborno constitucional, porque todos terminaron haciéndose mutuas concesiones: los parlamentarios quedan a salvo de procesos penales y disciplinarios; los magistrados consiguieron la inmoralidad de la prórroga del periodo de 8 a 12 años, y su retiro forzoso pasó de 65 a 70 años, y el Gobierno ha logrado avanzar en su propósito. Esta reforma no les sirve a los colombianos, solo favorece los intereses de estos tres sectores”.
