CAMBIOS EN EL PROCESO de elección de Fiscal General y crear el Ministerio de Justicia, hacen parte de los cambios propuestos por la comisión encargada de elaborar un proyecto para reformar la justicia nacional.
La propuesta para hacer una reforma profunda a la justicia colombiana está lista y ahora debe pasar a estudio del Gobierno y del Congreso.
Dicha propuesta fue elaborada por una comisión de expertos, que fue convocada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 4932 de 2008 y de la que hicieron parte 13 juristas, liderados por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura, José Alejandro Bonivento Fernández.
Durante dos meses, este grupo adelantó 26 reuniones en ciudades del país, además de mantener un foro abierto en Bogotá para escuchar dudas y sugerencias que desde distintos sectores se hicieron frente a tamaña encomienda.
En los próximos días esta propuesta será sometida a consideración del Gobierno, como responsable de la convocatoria, y al escrutinio de cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República. La idea es buscar un consenso frente a la necesidad, para que este esfuerzo sea llevado al Congreso y se convierta en realidad.
En este último aspecto, y ante los temores por posibles ‘micos’ que le cuelguen más adelante, el documento previene sobre la inconveniencia de cambiar la esencia de la propuesta, sin desconocer el poder reformador del Legislativo.
Consejo de la Judicatura
El hoy conocido Consejo Superior de la Judicatura se convertiría en un órgano llamado Consejo Nacional de la Administración Judicial y pasaría de tener 13 magistrados a 6 miembros, sólo tres de ellos exclusivos del nuevo organismo.
Esto eliminaría automáticamente la Sala Disciplinaria (que hoy disciplina a abogados, jueces, fiscales y magistrados) y se mantendría la función administrativa (Sala Administrativa) pero con nuevos integrantes.
A todo esto se sumaría la llamada dirección ejecutiva y la escuela judicial, ésta última encargada de formar y capacitar a los empleados de la rama.
Magistrados
Otro de los temas que se abordaron en este estudio está relacionado con la ampliación al período de los magistrados. En este sentido, se habla de pasar de ocho años, a doce. No pasó, en cambio, la posibilidad explorada de que se adoptara un sistema vitalicio, como sucede en algunos países de Europa.
El cambio que sí se aceptó fue sobre la edad de retiro forzoso. Hoy los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado deben retirarse al llegar a los 65 años, régimen que no cobija a los integrantes de la Corte Constitucional ni a los de la Judicatura. La reforma pide aplicar esa condición a todos.
Otro tema que quedó relegado fue el relacionado con la posibilidad de incrementar la edad mínima para ser magistrado, que es de 35 años. En ese aspecto se habló de pasar a 45 años.
Además se determinó aumentar los años de experiencia profesional, para que sea de 15 años, y no de 10 como hasta ahora.
En cuanto a la forma de designar magistrados se propone pasar de las listas que hoy elabora la Judicatura y envía a cada Corte, al sistema de cooptación, es decir, que le permita a cada Corporación elaborar su propia lista y mediante audiencia pública escoger al aspirante.
Función disciplinaria
Esta función, que hasta el momento cumple la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, estaría en cabeza de la llamada Colegiatura Nacional.
El proyecto establece la necesidad de quitarle al Congreso de la República (Comisión de Acusación) la función disciplinaria de los magistrados, no la Penal.
En este sentido, serían los propios magistrados, entre sí, quienes se disciplinarían. Los delitos (penales) en que puedan incurrir los magistrados, continuarían siendo juzgados por los parlamentarios que integran la Comisión de Acusación del Congreso.
Medios de Comunicación
Otro asunto que toca el proyecto está relacionado con las recomendaciones que les hacen a los medios de comunicación. Al respecto, el proyecto reclama certeza a la hora de dar a conocer la información, “sin competir con la función judicial”.
En este sentido, la propuesta respalda plenamente el derecho a la información, pero cuestiona el que en muchos aspectos los medios suplanten la función de los jueces.
Presupuesto
Una de las quejas que de manera reiterada se escuchan al hablar de la justicia nacional, además de la congestión, es la falta de presupuesto.
En el documento de la comisión de expertos se propone que en el Presupuesto General de la Nación se establezca un monto mínimo como rubro para la justicia, que no varíe dependiendo del Gobierno.
El llamado a la reforma
Las propuestas de la reforma a la justicia están consignadas en 160 páginas en las que de manera detallada se muestra el blanco y negro de lo que es y lo que debería ser la justicia colombiana; todo, condensado en 15 capítulos que resumen el llamado “Gobierno de la Rama”, espina dorsal de la iniciativa.
Este proceso se ha llevado a cabo durante dos meses, que han sido clave para que los 13 juristas exhiban unas propuestas claras para la nación.
En el decreto 4932 de 2008 se hace el llamado a reconocidos juristas y catedráticos para presentar ante el Gobierno Nacional la reforma, que se dará a conocer oficialmente el próximo 12 de abril.
Además, debe ser analizada por el Gobierno Nacional, quien fue el promotor de esta iniciativa.
Las principales propuestas
Fiscalía General de la Nación
Uno de los hechos que más llama la atención está relacionado con la manera como se propone el nombre de los aspirantes a Fiscal General y quién debe elegir a ese funcionario.
La propuesta habla que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que elabore la lista de aspirantes a suceder al Fiscal saliente, para que el Presidente elija. En la actualidad ocurre lo contrario.
Además se propone replantear el número, para que se pase a una lista de por lo menos seis aspirantes.
En este aspecto se desestimó de tajo la posibilidad de que el Fiscal haga parte del Ejecutivo, por lo que seguiría formando en la Rama Judicial. No obstante, no se descarta que a futuro dicho funcionario no dependa ni de la Rama, ni del Ejecutivo, sino que sea considerado un organismo autónomo. El periodo de cuatro años para el Fiscal seguiría intacto.
Tutela y choque de trenes
Uno de los temas más difíciles de tratar fue el tan duramente cuestionado ‘choque de trenes’ que genera la procedencia de tutela contra providencias judiciales, en especial, contra las sentencias de las altas cortes.
En este punto, la Comisión decidió mantener la procedencia de esta acción, inclusive contra providencias judiciales, pero propone límites para que dicho mecanismo sólo se use por claras violaciones al debido proceso, pero no por diferencias relacionadas acerca de cómo cada tribunal interpreta una norma. Otra de las vías propuestas está relacionada con la revisión al interior de la misma corte de las tutelas. Este tipo de acciones podría seguir llegando a la Corte Constitucional, pero sólo de manera excepcional.
En este aspecto se dispone que al cuestionar una sentencia de una alta corte, vía tutela, éste recurso deba ser interpuesto por un abogado.
El Ministerio de Justicia
La necesidad de crear de nuevo el Ministerio de Justicia, independiente del de Interior (política), es otra de las propuestas que llaman la atención en el documento que propone la reforma a la Justicia nacional, la misma que hace más de un año expuso el Gobierno Nacional y que no deja de ser un debate actual.
El documento hace énfasis en las funciones que deberá tener ese Ministerio: entre otras la política legislativa, judicial, criminal y carcelaria.
Estas, sumadas a la tarea de ser interlocutor directo con la Rama Judicial, es decir, que se convierta en un puente entre el la rama, el Legislativo y el Ejecutivo.
Esta propuesta ha sido debatida por todos los candidatos presidenciales, quienes han analizado las ventajas y desventajas reconformar el Ministerio y han manifestado sus distintas opiniones ante la opinión pública.
