18 de septiembre de 2018 – 

A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por Vanguardia. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.

¿Reforma a la justicia afectaría la tutela?

La propuesta del Gobierno de reformar la tutela marca un hit en materia jurídica, si acoge parte de la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha venido elaborando.

La herramienta que nació con la Constitución de 1991 como la forma expedita de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Tutela, es uno de los temas más álgidos en la Refoma a la Justicia que propone el Gobierno del presidente Iván Duque.

La tutela en 27 años ha sido la mejor garantía judicial y gracias a ella miles de colombianos han salvado su vida en materia de acceso a tratamientos médicos, medicamentos y todo lo relacionado con el sistema de salud.

Aunque son muchos los ejemplos sobre el buen uso de la tutela, con la propuesta del Gobierno se busca acabar con las llamadas ‘tutelatones’ al precisar la legitimación; fijar unos tiempos y crear jueces con una labor más especializada.

Y aunque no es la primera vez que en el país se hacen intentos por reformar la tutela, expertos consideran que sí es necesario generar el debate y escuchar a la Corte Constitucional para que explique cuál es su propia reglamentación sobre “procedebilidad e inmediatez”.

Para Omar Alejandro Alvarado, docente de Derecho de la Universidad Autónoma d Bucaramanga, Unab, “el proyecto de Reforma a la Justicia que presentó el Gobierno Nacional afecta en tres puntos la acción de tutela: la primera tiene que ver con los límites de la tutela, es decir, hoy día tenemos procesos judiciales larguísimos…, entonces lo que en últimas pretende el Gobierno es garantizar la seguridad jurídica de las partes”.

Otro punto tiene que ver con la legitimación para presentar la acción de tutela, por ejemplo, el caso de Petro es simbólico y tuvimos una tutelatón, entonces, cientos y cientos de colombianos presentaron tutelas en busca de la garantía de los derechos jurídicos y lo que genera una congestión judicial porque a todos hay que responderle; por tanto la legitimación lo que busca es limitar el ejercicio de tutela diciendo cuál es el verdadero interés dentro del proceso de tutela del accionante.

En este aspecto, Diego Hernández, docente de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, UIS, considera que “lo que yo veo es que algo que el Gobierno no distingue es la legitimidad que tiene la acción de tutela porque es como cuando tú tocas algo muy sagrado para la comunidad y es que a través de la acción de tutela las personas más pobres, las más ricas y todos los ciudadanos la hemos tenido en la caja de herramientas, por tanto todo lo que sea restrictivo es un error de legitimación, incluso del mismo Estado, porque más allá de cualquier circunstancia que debemos tutelar todo para que se reconozcan nuestros derechos, que exista la acción es un hit del derecho… La acción de tutela es una de las que está más masificada en Colombia, entonces restringirla sería un error en cuanto a la legitimidad del Estado mismo”.

De igual manera, para Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “deben evitarse las reformas que le hagan perder su esencia a la tutela. Lo preocupante de la reforma es que indica sobre qué temas habrá reforma y al parecer será solo sobre ciertos asuntos, algunos de ellos contrarios a la naturaleza de este mecanismo”.

“Zapatero a tus zapatos”

Sobre el punto que hace referencia a crear jueces especializados, el docente de la UIS precisó: “Esa medida es muy acertada, porque el gran problema de la tutela es que no tiene jurisdicción propia, todos los jueces civiles, penales de familia, administrativos, laborales, etc, resuelven tutelas, por ejemplo, en el caso de un divorcio un juez de Familia debe dejarlo en espera para que se tramite de manera preferente la acción de tutela y eso hace que la calidad de los fallos de tutela no sea tan argumentativos, porque los fallos son casi siempre copiar y pegar apartes de sentencias de la Corte Constitucional, por tanto el debate argumentativo en estas jurisdicciones es muy corto porque tienen un ritmo acelerado de trabajo, entonces crear una jurisdicción constitucional que le permita a unos jueces especializarse en resolver tutelas es magnífico y es lo que la tutela necesita para que pueda tener una mayor base argumentativa en sus decisiones, pero lo más importante, para que el juez de constitucionalidad sea un juez de tutela”.

En su opinión el docente de la Unab considera que “mejoraría la calidad de la sentencias en la medida en que “zapatero a tus zapatos”, es decir, cada una en su especialidad, pero congestionaría algunos despachos más que otros porque sería un reparto poco equitativo en la carga laboral, entonces se busca es que sea un juez práctico, que ya teniendo los precedentes en unos casos que son reiterados no se tarde mucho en decidir”.

Lo cierto es que el debate aún no ha comenzado y según el experto de la UIS, “el Legislativo no es progobierno o no hay una mayoría suficiente, entonces cada proyecto va generando sus mayorías y los ciudadanos y la academia vamos a estar muy pendientes y que se discuta y de manera amplia en todos los sectores. Es un debate necesario y que se pregunte sobre las cosas importantes y no cómo limitar el uso de tutela”.

Proyecto de reforma a la justicia

Recientemente, el Gobierno Nacional presentó en el Congreso la reforma constitucional de la Justicia que contiene tres principales elementos: Transparencia en la administración judicial, eficiencia y seguridad jurídica. 

Las ministras de Justicia, Gloria María Borrero, y de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, defendieron la iniciativa y advirtieron que no se restringirá la acción de tutela, pero sí se evitarán las denominadas ‘tutelatones’. 

De igual forma, la ministra Gloria María Borrero aseguró que la medida de acabar los comunicados de prensa para dar a conocer las sentencias de las altas cortes no afectará los medios de comunicación. 

Dentro del paquete, también se presentó un proyecto de ley que buscará agilizar los procesos que se adelanten contra aforados constitucionales en la Comisión de Acusación de la Cámara. 

La ministra de Justicia dijo que “el proceso de antejuicio político de los aforados continúa ante la Cámara y ante el Senado”. 

La reforma también establece la creación del concepto de precedente judicial, para evitar que los jueces tomen decisiones distintas en casos similares.

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