Pero el principal problema que afronta la Rama Judicial en este momento es el de los altos niveles de congestión.
Para ello, los empleados de los juzgados de cada región deberán reunirse con los Consejos Seccionales de la Judicatura y proponer estrategias para adelantar todo el trabajo atrasado. Tener “la justicia al día en 2007” le costará al Estado unos $250 mil millones.
“Muchos jueces del sistema oral se han comprometido a trabajar sábados y domingos. porque en el caso Bogotá, en promedio están esperando más de 100 carpetas a cada juez del circuito, son más de 300 audiencias represadas, fuera de lo que tenían inicialmente”, resaltó Torres Corredor.
Ese trabajo extra también servirá para que los empleados judiciales reciban el dinero de pago durante el tiempo que estuvieron en paro, que se les dará en tres entregas, una parte al inicio de la recuperación de ese tiempo, otra terminado el lapso y una tercera entrega unos días después. “Muchos jueces del sistema oral se han comprometido a trabajar sábados y domingos, porque en el caso Bogotá, en promedio están esperando más de 100 carpetas a cada juez del circuito, es decir que son más de 300 audiencias represadas, fuera de lo que tenían inicialmente”, indicó el magistrado.
Con respecto al polémico tema de los salarios, Hernando Torres se mostró complacido con los decretos del Gobierno con respecto a la nivelación salarial, calificándolos como “conquistas importantes”. Entre las más representativas están que a partir del 2009 quedan totalmente atados al movimiento de los salarios de los magistrados de altas cortes, es decir, un juez del circuito va a ganar el 48 por ciento del 70 de lo que gana un magistrado de alta corte. Si un magistrado de alta corte tiene un movimiento salarial, eso afecta directamente a juez de circuito y al juez municipal”.
Los cambios a largo plazo
Por su parte, el magistrado Jesael Giraldo indicó que a largo plazo se busca darle un cambio a la Rama Judicial, enfocada en el beneficio de los ciudadanos, reformas que “alivien la congestión, que conduzcan a que los procesos judiciales se decidan dentro de términos razonables y plazos establecidos en las leyes. Nosotros ya tenemos una reforma aprobada, a la ley estatutaria de administración de justicia que ya fue declarada constitucional y está para sanción”.
El Espectador / 16 de octubre de 2008
