Y además, con previa orden judicial y siguiendo las formalidades establecidas por la ley. De otra manera, los derechos a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre son violados”.
En concreto, la Oficina del Alto Comisionado hace referencia a las denuncias de interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales realizados por el DAS contra magistrados, defensores de derechos humanos, representantes de partidos políticos y periodistas, entre otros.
Por esto, sugirió que es necesario hacer “los cambios pertinentes” en el DAS e implementar la nueva ley de inteligencia, que constituye un marco legal adecuado para prevenir situaciones similares.
Para esa Oficina, el secreto de las comunicaciones es un derecho individual, constitucional reconocido, que garantiza un espacio inviolable de libertad y privacidad.
Además, alertó porque la percepción de que existen interceptaciones ilegales puede dar lugar a autocensura en lo que respecta a la libertad de expresión y comunicación “por temor a represalias”.
“La Oficina toma nota de la forma diligente en que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adelantan investigaciones sobre estos hechos y espera que éstas permitan un adecuado juzgamiento y sanción de los responsables”, dice el comunicado de ayer.
Pero la ONU también saludó la invitación del Gobierno colombiano a varios expertos, entre ellos, la Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, “como reafirmación de que la apertura al escrutinio internacional contribuye a una mejor protección de los derechos y libertades individuales de la ciudadanía”.
Por el escándalo de las ‘chuzadas’, tanto la Procuraduría como la Fiscalía adelantan sendas investigaciones.
La Fiscalía, que vinculó mediante indagatoria a cuatro directores del DAS que estuvieron entre el 2002 y el 2008, señala que hubo al menos cinco delitos, entre los que menciona concierto para delinquir y falsedad.
Hay otros 30 funcionarios y ex funcionarios llamados a indagatoria y la Fiscalía pidió el testimonio de al menos 150 personas, entre periodistas, políticos y hasta magistrados, que fueron víctimas de las escuchas y seguimientos ilegales.
Como lo reveló EL TIEMPO este domingo, incluso había un ‘manual’ para esos seguimientos ilegales.
En la Procuraduría, donde están investigados cerca de 20 funcionarios, hay indagación preliminar contra tres altos funcionarios de Palacio que fueron mencionados en el escándalo.
