Por lo general, Esguerra es el primero en intervenir. Y siempre su discurso tiene un mismo hilo, el del tono conciliador: “Es apenas una propuesta. No es la última palabra. No es una reforma revanchista. Todo está sujeto a mejorar…”.
Pero ese tono conciliador parece que aún no tiene eco en el poder judicial. Las altas cortes se levantaron del debate que adelantaba el Congreso (el semestre pasado) y aún mantienen su postura de mantenerse al margen. Han hecho seis críticas precisas. Pero quizás hay otras motivaciones.
Las alarmas
En uno de los referidos foros académicos, un magistrado (aunque está a punto de terminar su periodo) que para la opinión pública, y desde el gobierno Uribe, se ha convertido casi en el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, confesó muchas sensaciones que en el poder judicial genera la reforma.
Sucedió la semana pasada, en el más reciente foro del Instituto de Ciencia Política y la Corporación Excelencia a la Justicia. Jaime Arrubla Paucar, ante un reducido y selecto escenario, de no más de 20 personas, controvirtió la reforma desde un ángulo sorpresivo: la iniciativa, tal y como está, podría tumbar el proceso de la parapolítica…
Las palabras exactas de Arrubla fueron: “La reforma es el tronco en la rueda de la parapolítica”, y hacía referencia al artículo del proyecto que pretende establecer la doble instancia en el juzgamiento de los congresistas.
Y no es que la Corte Suprema se oponga a que los senadores y representantes, como todos los ciudadanos del mundo, tengan su derecho a ser juzgados en dos instancias. La molestia de los magistrados es que, según el texto de reforma, las dos instancias no están al interior de la Corte Suprema de Justicia.
Porque la fórmula propuesta por el gobierno es que el Tribunal Superior de Bogotá ejerza la primera instancia. Una fórmula que, según Arrubla, pretende despojar a la Corte Suprema el conocimiento de las causas penales en contra de funcionarios aforados, como los congresistas.
Las cortes, entonces tienen otra lectura. Según Arrubla, que la reforma despoje a la Corte de una de sus actuales funciones, más aún cuando adelanta el proceso de la parapolítica, “es inconveniente”.
“Yo diría, lo primero que hay que observar es el momento en el que estamos. ¿Vamos a cambiar al juez a mitad de un proceso, que está a mitad de camino, y que es uno de los procesos más importantes que ha tenido la historia de la República? ¿Y vamos a cambiar el juez porque ha sido eficaz? Entiendo las razones del Congreso de establecer la doble instancia, pero el momento es totalmente inoportuno”, dice Arrubla.
Incluso, el magistrado advierte que ese proyecto que cursa en el Congreso se está convirtiendo en estrategia para quienes actualmente tienen investigación en la Corte.
“… con la mera tentativa de reforma ya se le puso el tronco en la rueda. Vayan a ver los expedientes para que vean cuál es la estrategia de los aforados en este momento. Dilatar, dilatar, dilatar. Bregando a que los coja la reforma a la justicia y esto se vaya de la corte Suprema de Justicia para contar con mejor suerte en otros estrados judiciales. Es una realidad. Están jugando a la dilación. La reforma ya dio una primera vuelta, dará la segunda en un par de meses, y para afuera de la competencia de la Corte Suprema de Justicia”, sostiene Arrubla.
Fórmulas para despejar temores
El Gobierno responde. Felipe Robledo, viceministro de Justicia, dice que hay, en el capítulo de la doble instancia para aforados, un parágrafo transitorio que establece que las modificaciones regirán sólo para delitos cometidos con posterioridad a la promulgación de la reforma. El funcionario asegura que, con esa cláusula, no se verán afectados los procesos que actualmente adelanta el alto tribunal.
Alfonso Prada, representante a la Cámara (Partido Verde) y ponente del proyecto, propone otra solución. Que ese parágrafo transitorio tenga una fecha “muy posterior”, desde el 2014 o hasta el 2018. La justificación, dice, es para que el Congreso, que carga con el lastre de una de las instituciones de mayor desprestigio en la opinión pública general, no vaya a enviar el mensaje de que está legislando en causa propia y para afectar un “trascendental” proceso judicial.
Otra cosa piensa un congresista de la oposición. Germán Navas Talero (Polo), quien ha peleado por la doble instancia, rechaza la actual decisión del Congreso de establecer la primera instancia por fuera de la Corte Suprema de Justicia, a la que califica “el juez natural” del parlamento.
“Yo fui el que dijo que era una revancha del Congreso. La única razón por la cual trataron de quitarse a la Corte de encima es porque la Corte aplicó la ley. Por eso me mantengo. Esta reforma, en el capítulo del juzgamiento de aforados, es una revancha del Congreso contra la Corte”, afirma Navas.
¿Estrategia de parapolíticos?
El magistrado Jaime Arrubla admite que este tema es trascendental y por eso confiesa: “… fue lo que motivó el gran choque por parte de la Corte Suprema” en la reforma a la justicia. Porque admite que “veníamos trabajando muy bien con el Senado”, que mantenía las dos instancias para aforados, pero en la Corte. Pero en la Cámara de Representantes fue donde se decidió que la primera instancia debería ser en un tribunal de inferior jerarquía.
Arrubla es más suspicaz y dice que esta decisión se suma a otras dos estrategias, o intentos de”tumbar la parapolítica”.
La primera recuerda la intención de un “veterano parlamentario” de presentar un proyecto para crear, por encima de la Corte, un ‘súper tribunal’ (proyecto de Miguel Núñez Lapeira, del Partido Conservador, en el 2008) que juzgara a los aforados.
La segunda, dice Arrubla, fue la estrategia de muchos congresistas de renunciar a su fuero para que el proceso saliera de la Corte, pasara a la Fiscalía y se juzgara en otro tribunal. “Eso estuvo a punto de desgranar, de diezmar este proceso de la parapolítica”, hasta que se produjo una sentencia que impedía que los parlamentarios renunciaran a su fuero, como hace poco más de tres años lo estaban haciendo.
Dos estrategias a las que hizo referencia el magistrado para afirmar, en tono de ironía, que “como la investigación que ha hecho la Corte Suprema ha sido eficiente, entonces no sirve. En este país, lo que está funcionando hay que desbaratarlo, busquemos algo que sea ineficiente. Es decir, aquí lo que necesitamos es un sistema que garantice impunidad”.
Así pues, Arrubla, en esos foros que buscan concertación, puso nuevas cartas sobre la mesa y confesó los temores de la Corte Suprema en el actual proyecto del Gobierno. Eso podría ser un inamovible para encontrar el consenso.
Por ahora, queda claro que hay un nuevo tema de discusión en la agenda que tendrá el presidente Juan Manuel Santos con los partidos políticos de la Unidad Nacional en los próximos días, donde se hará un nuevo diagnóstico de cómo va la reforma a la justicia.
