El pronunciamiento lo hizo tras revelar que por petición suya el Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación formal contra más de cien jueces de la República por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
El Procurador aseguró que en muchas decisiones de estos jueces hay “gérmenes de corrupción” que “implican condenas de naturaleza gigantesca que afectan el patrimonio estatal”.
En un foro sobre Transparencia en la Justicia, que se realiza en Bogotá, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, señalo que uno de los riesgos que afronta la Administración de Justicia en el país tiene que ver con la captura del Estado por parte de la delincuencia, que no sólo ha permeado las ramas Ejecutiva y Legislativa, sino que amenaza seriamente a la rama Judicial.
Recordó que hace unos meses, en un Foro convocado por una publicación de la capital, denunció un caso emblemático de corrupción en esta rama del poder público, “se trataba de decisiones judiciales de más de 35 magistrados del país en el cual se condenaba a INVIAS por sumas superiores a los 35 mil millones de pesos, estando en trámite más de 270 demandas con pretensiones que superan los 600 mil millones de pesos.
Ordoñez Maldonado indico que se reconocieron a particulares millonarias indemnizaciones por parte de “verdaderas bandas criminales donde estaban implicados jueces, funcionarios de INVIAS, peritos avaluadores, que avaluaban los bienes 12, 15 y hasta 150 veces más allá de los valores reales sin que fueran objetados esos avalúos”.
Dijo que otro caso emblemático que llamó la atención de la Procuraduría tiene que ver con la liquidación de Telecom, en la que por vía de tutela se ordenaron pagos sin que estuvieran debidamente ejecutoriadas las decisiones judiciales utilizando vías procesales no apropiadas para ello.
Por estos dos hechos se elevó queja contra más de cien jueces ante el Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue su conducta y responsabilidad por el detrimento al patrimonio estatal, refirió el Jefe del Ministerio Público.
Indicó que en la estructura normativa actual existen vacíos que son proclives a la corrupción en la justicia.
El Procurador dijo que una de las causas de corrupción en la administración de justicia se origina en lo que llamó el activismo judicial: “Aquí hemos pasado del voluntarismo legal al voluntarismo judicial, la pretensión del juez que so pretexto de las nuevas filosofías neoconstitucionales, hace a un lado las normas positivas del ordenamiento jurídico para plasmar su capricho en la decisión judicial.
Añadio que es frecuente en los despachos judiciales “el concierto entre secretarios, sustanciadores y juez, pero al juez es al que le corresponde disciplinar a sus funcionarios y normalmente, los funcionaros son absueltos”, por lo que se requiere un trabajo más articulado y coordinado entre la Judicatura y la Procuraduría para “saber cual investigación debe ser acogida cuando se conozcan o se tengan indicios de esa concertación en determinado acto de corrupción”.
Expreso que “una sociedad sin justicia es una banda de forajidos” y subrayo que la justicia es lo que garantiza la civilidad y la justicia transparente, es lo que genera la paz social”, por lo que se debe articular un frente común integrado por la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para que se aúnen esfuerzos a fin de procesar a los operadores judiciales que se vean involucrados en casos de corrupción, de forma fiscal, penal o disciplinaria.
“Debemos hacerles sentir que el Estado existe y que puede reaccionar frente a esos hechos de corrupción”, precisó el Jefe del Órgano de Control.
“No me preocupan los choques de trenes, las interminables vacancias, lo que me preocupa es el riesgo que estamos corriendo de no justicia por la vía de la captación de algunos despachos y la ineficiencia judicial que afecta la inestabilidad institucional”, puntualizó
En el foro de Transparencia en la Justicia, participaron William R. Brownfield, Embajador de los Estados Unidos en Colombia; Jene Thomas, Director de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); Elizabeth Ungar, Directora de la Corporación Transparencia por Colombia; Gloria María Borrero, Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia; Óscar Ortiz González, Zar Anticorrupción del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; Julio César Turbay Quintero, Contralor General de la República y Julia Emma Garzón de Gómez, Presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
