Por: Rodolfo Arango
El presidente de la República se apresta a tomar posesión de la Rama Judicial y del control constitucional.
Los recursos adicionales que promete la reforma legislativa para el funcionamiento de la justicia dependerán del Gobierno mediante la expedición de documentos Conpes. Por su parte, el Ejecutivo tendrá su asiento —con voz pero sin voto— en el Consejo de Gobierno Judicial a la hora de conformar las listas de candidatos para magistrados a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, quienes luego presentan seis de las nueve ternas a la Corte Constitucional para elegir sus integrantes, mientras las otras tres vienen del presidente. Aprobada la reforma a la justicia se consumará lo que en tiempos de Roosevelt se denominó “packing the court”. Fracasado el método de confrontar y chuzar a los magistrados, ahora se aplica con éxito el de cooptarlos mediante gabelas, como bien lo denunciara Ramiro Bejarano en El Espectador. La naturaleza humana es débil, más cuando defender principios abstractos supone el sacrificio de intereses concretos.
La reforma constitucional a la justicia en 2012 será conocida en la historia como la reforma del “plato de lentejas”. Doce años de período para los actuales y futuros magistrados, y setenta años como edad de retiro forzoso, son un plato suculento en un país salarial y pensionalmente incierto. El Gobierno sabe bien, con sus amplias mayorías en el Congreso, cómo doblegar voluntades. Más ventajas personales a cambio de relajar el control judicial a los desmanes de los legisladores. La presión de los congresistas, luego de años de juicios por parapolítica, ha acabado haciendo mella en el diseño institucional. Es parte del costo a pagar por mantenerse en el poder de cara a las elecciones de 2014. El resultado no asombra a quienes asocian la salud de la República exclusivamente con la economía y no con el mantenimiento de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público.
A partir de la reforma, por primera vez en la historia del país, fiscal y magistrados de altas cortes podrán ser sometidos a juicios políticos en el Congreso. ¿Dónde queda la independencia de la Rama Judicial con esta sorprendente medida, como bien se pregunta la Corporación Excelencia en la Justicia? No bastó a los virtuosos congresistas reivindicar la doble instancia en los procesos judiciales que se lleven en su contra. Con sigiloso caminar limitan el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a las causales constitucionales, dejando por puertas las establecidas en la ley como hasta ahora. Menos virtud, más liberalidad para nuestros responsables representantes.
El 2012 será recordado como el año del desmonte de una concepción republicana —basada en la limitación y control del poder público— en la justicia, todo a cambio de poder burocrático (retorno a la cooptación) y de ventajas salariales (más período y más edad). El último bastión del Estado constitucional social y democrático de derecho, la justicia independiente, ha caído.
El país necesita con urgencia un nuevo partido político en el poder, el partido de la esperanza, que logre mayorías en el Congreso para desmontar las contrarreformas a la Constitución de 1991. Una juventud esclarecida es necesaria, además, para oponerse a los intentos del Gobierno de Colombia por debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, como bien lo ha puesto de presente recientemente César Rodríguez, también en este diario. El Gobierno contradice en las reformas al aparato judicial, a la justicia transicional y, próximamente, a la Ley de Justicia y Paz, lo que proclama en la Ley de Víctimas y en los escenarios internacionales.
