Con las declaraciones de los dos ex mandatarios, la Sala de Casación Penal busca comparar si el proceso de adjudicación de notarías que hace el Ministerio del Interior y Justicia ha sufrido modificaciones o cambia en cada período presidencial.
“Yo tuve la oportunidad de decir que en mi gobierno suprimimos 23 notarías, yo creo que es muy importante hacer esta aclaración sobre la manera como se nombraron los notarios y los mecanismos y procedimientos”, explicó el ex presidente Andrés Pastrana. Añadió que su gobierno empezó el proceso para la implantación de la carrera notarial.
De manera específica, la Corte Suprema quiere establecer si para el período del 2004 y 2006, primer período de Uribe, época en la que Cuello puso de manifiesto que el Gobierno ofreció 79 notarías a 34 congresistas que aprobaron el acto legislativo que permitió la primera reelección presidencial, la adjudicación respectiva fue hecha de manera irregular.
Estas declaraciones las había solicitado la alta Corte desde finales de julio pasado.
Ya el alto Tribunal había ordenado una inspección a la Superintendencia de Notariado y Registro el pasado 14 de julio para buscar documentación sobre los nombramientos de notarios desde finales del 2004 hasta el 2007, con base en lo cual los magistrados del alto tribunal establecieron la manera de cómo se hicieron los nombramientos de los notarios y si estos cumplían los requisitos para acceder al cargo, además de encontrar cuál fue el sustento para la creación de más de cinco notarías en todo el país.
Después la Sala Penal ordenó inspeccionar cada una de las notarias, que según el ex funcionario fueron adjudicadas como favores políticos a varios senadores y representantes, nombrando como notarios a terceros allegados a los políticos.
Aparte de los ex presidentes, la Corte también había llamado a declarar a Tomás Uribe, hijo mayor del presidente de la República, quien fue vinculado por Cuello en su denuncia porque al parecer había participado en el nombramiento de la Notaria Segunda de Tunja en el 2006.
Sin embargo, el hijo del presidente Uribe negó cualquier participación en el nombramiento de dicha notaria.
En el mismo proceso, el alto Tribunal le había compulsado copias a la Fiscalía el 6 de julio del presente año, para que investigara a ex congresistas que aparecían en la denuncia.
Ayer la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó que uno de los implicados en la denuncia, el senador Alirio Villamizar rindiera indagatoria en la corporación.
Según el ex superintendente de Notariado y Registro, a Villamizar el Gobierno le habría adjudicado la Notaría 11 de Bucaramanga de la cual recibía 50 millones de pesos mensuales a cambio de votar favorablemente en el 2004 el acto legislativo de reelección presidencial.
En la misma decisión, la Corte le ordenó al congresista rendir versión libre después que auxiliares y el CTI de la Fiscalía allanaran el pasado 20 de agosto su vivienda en Bucaramanga y le encontraran en una caja fuerte cerca de mil millones de pesos y unos pagarés por medio de los cuales, al parecer, algunos funcionarios públicos le pagaban al Senador parte de su sueldo por haberlos recomendado en sus cargos.
