Por estas razones, los miembros de la Comisión Interinstitucional, integrada por los presidentes de las altas cortes Constitucional y Suprema, y de los consejos de Estado y de la Judicatura, además del representante de los trabajadores hicieron un llamado para que se levante el paro judicial.
En todo caso, cada uno de los miembros de la Comisión resaltó la importancia que tienen los reclamos de los trabajadores, pero consideraron que en ningún momento se pueden afectar los derechos de los ciudadanos. “Las justas reinvindicaciones de los empleados de la Rama no pueden ser resueltas de manera inmediata, sino que requieren de estudios a corto y mediano plazo”, dijeron los miembros de la Comisión Interinstitucional.
Pero este no fue el único llamado: “La Comisión invita al Gobierno Nacional y a los trabajadores de la Rama a constituir mesas de trabajo donde se busquen soluciones y elaboren propuestas en materia salarial, concursos de ingreso a la Rama Judicial y condiciones de seguridad de los servidores”.
Por su parte, el fiscal General, Mario Iguarán, calificó como “justas las reivindicaciones de los trabajadores de la Rama Judicial, pero a la vez es injusto que éstas se reclamen a través de un paro”, y cuestionó que el cese éstas se adelanten “sacrificando los derechos de los usuarios de la justicia”.
El representante de los trabajadores de la Rama Judicial, Luis Fernando Otálvaro, manifestó que es necesario que el Gobierno Nacional se siente a negociar. “Creemos que cuando se llegó al paro fue porque el gobierno no atendió las peticiones que teníamos. En este momento lo que se requiere es sentarse a negociar”, señaló Otálvaro.
El representante de los trabajadores explicó que el diálogo se debe realizar en medio del cese de actividades porque es el único mecanismo que tienen. Esta posición la comparte el vicepresidente de Asonal Judicial, Gustavo Martínez quien aseguró que cerca del 93 por ciento de los trabajadores se han unido al paro.
Martínez dijo que los planes de contingencia que anunció el Gobierno, como los jueces provisionales para que atiendan los casos urgentes, resulta bastante inverosímil.
“Si van a buscar un plan de contingencia es porque tienen plata para hacerlo. Esa es una plata que se bota con gente que no tiene la experiencia suficiente para la demanda de justicia en este país, especialmente en lo penal con el nuevo sistema penal acusatorio”, indicó el dirigente sindical.
PETICIONES
Después de seis días de cese de actividades, los trabajadores judiciales han dejado claro que no levantarán el paro, hasta que el gobierno no programe una reunión para examinar sus peticiones. El representante de los trabajadores de la Rama Judicial, Luis Fernando Otálvaro, explicó que en este momento los problemas que se presentan por el paro “son responsabilidad del Gobierno que no escuchó las solicitudes de los trabajadores y permitió que fueran a paro”.
La República / 09 de septiembre de 2008
