El enfoque renovador se plantea en función de los ciudadanos o desde la sociedad , tras los fracasos de sucesivas reformas para enfrentar la lentitud de la justicia, la insuficiencia de jueces y de presupuesto, y unos procesos judiciales anticuados. Los promotores del pacto consideran que una sola opción partidaria no puede lograr los cambios que demandan millones de españoles que cada año acuden a la justicia para solucionar sus diferencias.
En Colombia, los anuncios de las Farc de imponer la justicia revolucionaria sólo pueden tener como respuesta del Estado y de los ciudadanos la continuación del proceso democrático iniciado años atrás dirigido a combatir los problemas de nuestra administración de justicia. Mientras esta función pública del Estado es susceptible de seguir ganando legitimidad a medida que se vaya ampliando el acceso social a sus servicios y mejorando la eficiencia, la justicia guerrillera y la de otros actores armados jamás será aceptada por la población, por sus métodos bárbaros, violatorios de los derechos humanos y carentes de las garantías de imparcialidad.
Pero los desafíos de continuar el proceso de modernización de la justicia colombiana son grandes y requieren el concurso de toda la sociedad, comenzando por los ciudadanos, que no sólo deben apoyarla sino exigirle mayor eficiencia y urgentes correcciones de rumbo en algunas áreas. Los problemas de efectividad y tardanza del servicio suelen asociarse a la falta de recursos. Sin embargo, es posible mejorar con lo que ya tenemos. Se ha avanzado en la discusión de una agenda, pero es preciso superar la falta de coordinación entre los poderes públicos, dentro de la rama judicial y con la sociedad civil, alrededor de metas y prioridades.
La acumulación ininterrumpida de expedientes desde 1995 debe detenerse y echarse atrás con medidas de reingeniería administrativa y procesal y descriminalización de ciertas conductas. En materia penal hay que sentar las bases de una política carcelaria y penitenciaria de largo plazo y atacar estructuralmente las deficiencias del combate al delito con la adopción de un sistema procesal que fortalezca la investigación del delito, consagre el juicio oral con respeto por la presunción de inocencia y el derecho de defensa, y permita que los jueces recuperen su papel de garantizar los derechos de los inculpados. Ampliar el acceso requiere, por otra parte, profundizar la desjudicialización y la diversificación de mecanismos de solución de controversias.
Será posible un pacto de Estado y con la sociedad para edificar prontamente la justicia que precisa el logro de una paz duradera en Colombia? El plan de trabajo 2000-2002, aprobado por organizaciones de la sociedad civil de todo el país que integran la Corporación Excelencia en la Justicia, se ha propuesto aportar un grano de arena a este propósito de trabajar unidos por la justicia.
* Director Ejecutivo, Corporación Excelencia en la Justicia
El Tiempo / 17 de mayo de 2000
