04 de noviembre de 2018 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por RPT. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Abusadores Vs Gobierno Punitivo. La violencia sexual en contra de los menores de edad es una problemática que actualmente aqueja el panorama mundial, si bien Colombia no se encuentra en los primeros lugares de los países con más abuso sexual a menores, esta configura una importante problemática social, que además va en aumento, según el informe FORENSIS de medicina legal, para el año 2017 se registraron 23,798 casos de abuso sexual, de los cuales 20,663 fueron contra menores de edad, es decir el 86.83%, de los casos reportados, de estos, el 86% fueron contra el género femenino y el 14% restante, contra el masculino, que si bien no es una cifra equivalente al abuso hacia niñas, confirma que los niños también son abusados sexualmente.
Por otro lado las edades en donde los niños y niñas experimentaron mayor abuso sexual, fue entre los 5 y 13 años, con 13,450 casos, es decir, el 56,52% del total del reporte.Este mes Colombia revivió la discusión sobre las medidas que se deben tomar ante los violadores y asesinos de menores de edad, al conocer dos trágicos y lamentables casos, uno fue el de Génesis Rúa de nueve años, quién fue violada y quemada por su vecino, unos días después se conoció el caso de Sebastián Moreno, quien murió a sus 11 años luego de un atentado en Caucasia Antioquia.
Luego de este último caso, el presidente Iván Duque, anunció que erradicará en el Congreso un proyecto para dar condena perpetua a los violadores, secuestradores y homicidas de menores de edad, como está expuesto en el proyecto de acto legislativo 066 de 2018 en memoria de Gilma Jiménez y que en nuestro criterio es inconstitucional, puesto que en la carta política de 1991 se prohíbe la cadena perpetua, sin embargo hoy la pena máxima equivale a 60 años. Igualmente el mandatario, aseguró, que es una decisión que someterá a debate con la comunidad, quienes se dividen en dos posturas, por un lado, se encuentran los que están de acuerdo con la cadena perpetua y por otro lado, están los que abogan por la pena de muerte. Cualquiera de estas dos opciones resulta ineficiente para el sistema carcelario, penal y social que actualmente afronta Colombia.
Para empezar, el sistema carcelario pasa por una crisis, de acuerdo con la Contraloría General de la Nación, en su último informe, asegura que, hay un lento avance en la construcción de nuevos cupos carcelarios, por tanto se mantiene la obsolescencia de la infraestructura carcelaria en servicio, existe incumplimiento sistemático ante las condiciones mínimas de habitabilidad, y de instalaciones pertinentes para la conservación y preparación de alimentos, gracias al hacinamiento que supera el 52%. En cuanto a los procesos de resocialización, se ha descubierto que son poco efectivos, puesto que la reincidencia aumento de 16.7% a 18.3%, otra conclusión del informe, se refiere al deficiente acceso de atención de salud y de servicios públicos.
La cadena perpetua, solo empeorará este panorama, la medida vuelve improductivos el resto de su vida a los condenados, haciendo de estos una carga prolongada en el sistema carcelario. En cuanto el sistema penal acusatorio, que también pasa por una crisis, debido al congestionamiento del mismo, que ha motivado varios intentos de reforma a la justicia, precisamente, ahora el gobierno está contra reloj para realizar esta tarea, que además, no presenta cambios profundos frente al descongestionamiento penal, pero esto es otro tema.
Para mayo del año pasado, de acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, se presentaban 112.461 audiencias atrasadas, de las cuales 17.168, corresponden con imputación de cargos, y de éstas sólo 1.725 han sido programadas a más de un año, y de otro lado, aún cuando los acusados aceptan su responsabilidad en algún delito se quedan esperando que un juez les cite a audiencia. Todo esto lleva a un porcentaje elevado de casos archivados, un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirma que de los casos que llegan a los jueces, sólo el 5% obtiene un fallo. Con este rápido balance del sistema carcelario y penal, no se puede esperar que un problema tan estructural como lo es el abuso sexual, homicidio y secuestro de menores, se solucione con un enfoque netamente punitivo y más si ese enfoque requiere de instituciones judiciales fuertes y eficientes, que ahora mismo no tenemos.
La cadena perpetua en este caso, es una medida populista, y se basa en el uso de la fuerza, criminalizando todo problema social, sin importar que tan exagerado sea, claro, el abuso de menores de edad no conlleva a una responsabilidad leve, todo lo contrario, pero medidas como las discutidas no dan cuenta del trasfondo de cada delito, muchos de los abusadores de niños, han sido abusados, igualmente en su niñez, pueden tener problemas mentales. Como también pueden ser cercanos de los niños, el informe FORENSIS de medicina legal, registró que para el año 2017 de los casos reportados sobre abuso sexual a menores, el 85,65% de los casos ocurrieron por personas conocidas de la víctima, además, el 76,56% de los actos se llevaron a cabo en la vivienda de la víctima, pero esto no se queda sólo entre los conocidos y la posibilidad que tienen de agredir a los menores en sus propios hogares, puesto que se reportaron 4.768 casos de incesto, es decir abuso sexual por parte de los padres, hermanos, tíos, en fin, familiares cercanos, lo que equivale al 18.77% de todo el reporte general.
Lo anterior, evidencia la necesidad de tener un enfoque preventivo en este tipo de casos, ya que los conocidos o familiares que llegaron a abusar de los menores, tuvieron muchas oportunidades de llevar a cabo sus actos, pudieron dar señales de sus intenciones, que, con un adecuado seguimiento de los casos, probablemente muchos se habrían evitado. Pero la jurisdicción está enfocándose en castigar y no en identificar comportamientos que puedan atentar contra los menores, para poder prevenirlo, esto último tendría mejores resultados, ya que el derecho penal se encarga de castigar, no de resolver problemáticas sociales. El que algunos casos sean condenados, no conlleva a la no existencia de unos nuevos, de esta manera, el enfoque punitivo del derecho penal, no sirve para atacar los orígenes y causas de los delitos.
Además, el uso de la fuerza y coerción excesiva, se fundamentan en demostrar que, la resocialización de los condenados es imposible, ya que su corrección no es viable, por tanto la mejor salida es, alejarlos o matarlos, atentando directamente contra los derechos fundamentales de los criminales, que por sus acciones, es comúnmente aceptado el olvido de sus derechos, generando violación directa de la constitución y aliviando la responsabilidad del Estado, el cual se preocupa porque estas sean cada vez menos. En este punto debemos tener conciencia que el abordaje de los problemas sociales deben ser atendidos por el Estado, fortaleciendo sus capacidades, no solo en materia judicial, sino también en lo social, puesto que variables como educación y situación económica, pueden ser causas de violencia intrafamiliar, en donde mayormente se presentan casos de abuso a menores, de acuerdo con la UNICEF, todos los años, 275 millones de niños y niñas en el mundo sufren de violencia doméstica y de una vida familiar turbulenta.
Todo lo anterior hace pensar, ¿Qué acciones específicas ha implementado el Estado Colombiano, para educar, prevenir y promover derechos humanos de los niños? , si bien, la Constitución Política de 1991, afirma que, los derechos de los niños están por encima de cualquier otro, significa que, una persona que abuse de un menor, ¿Se le deben negar sus derechos fundamentales?, ¿El Estado no tiene la obligación de tratar estas personas? , ¿No debe buscar su resocialización en los casos que sea viable?, en casos que no sea posible, más que matarlos o enjaularlos hasta su muerte, generando una carga más al sistema carcelario y presupuestario del país, ¿No sería conveniente, ejecutar programas de productividad o servicios que remuneren algo a la sociedad? Para terminar, es indispensable que el Gobierno actual, se enfoque en buscar verdaderas soluciones a las problemáticas sociales que aquejan nuestro país, en lugar de acoger modelos populistas basados en el uso excesivo del derecho penal, que pasa por una crisis y solo profundiza la impunidad y la proliferación de las problemáticas.
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