16 de mayo de 2019. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Tiempo. El texto fue tomado de su página web.
El país amanece hoy con la renuncia de dos cabezas de la justicia ordinaria en medio de duros señalamientos a la Justicia Especial para la Paz (JEP) por el fallo sobre Jesús Santrich, mientras la reforma de la Justicia presentada por Cambio Radical apenas logra superar el primer debate en la comisión primera del Senado. Por tiempos, ya no pasará en esta legislatura.
No habían pasado 24 horas de la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que generó tensiones políticas y judiciales, cuando se conoció la salida de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien no alcanzó a completar un año en el cargo.
Al aceptar esta dimisión y designar a la nueva ministra, la magistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello, el presidente Iván Duque sostuvo que la nueva encargada de la cartera tendrá “la inmensa responsabilidad de avanzar en todas las reformas que se requieren para la modernización del aparato judicial”.
El mandatario, que este mismo jueves inició los contactos con los partidos políticos para enfrentar la situación, le encargó a la nueva ministra emprender el camino para “la reforma integral que va desde los temas procedimentales y tecnológicos, hasta los temas normativos relacionados con que la justicia sea exitosa y pueda generar un amplio consenso en todo el país”.
Desde muy temprano, Duque habló con los jefes de los partidos con el propósito de buscar un acuerdo político que le permita cerrar los agujeros que tanto la ley estatutaria de la JEP, como la no extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos, le dejaron, a su juicio, al Estado de derecho. A ellos el mandatario les reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente en la construcción de consensos para fortalecer temas como la extradición. Así mismo, trascendió que su equipo, en cabeza de su secretaria Privada, María Paula Correa, coordinará reuniones de alto nivel para tratar el tema.
Reforma es salida a la crisis
El ambiente enrarecido de las últimas semanas, que ha incluido versiones de ‘chuzadas’ a la Corte Constitucional; retiro de visas de Estados Unidos a tres magistrados –dos lograron que se las renovaran– y compulsa de copias contra un togado de la Corte Suprema, llevó a que una vez más la justicia quedara bajo tensión y se volviera a hablar de una gran reforma. Se han frustrado al menos 10 intentos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Fernando García, dijo que ni el alto tribunal ni el sistema judicial se oponen a los cambios, pero que en todo caso “las reformas deben ser concertadas con los jueces, que son quienes tienen la experiencia de la aplicación de los códigos y procedimientos”.
Añadió que “la transformación de la justicia debe ser pensada para acercarla al ciudadano”, para lo cual ya vienen trabajando desde hace un par de años organizaciones de la rama judicial y las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, lideradas por la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
Por su lado, el procurador general, Fernando Carrillo, señaló que en situaciones de crisis “hay que apostarle al fortalecimiento de las instituciones y no a su debilitamiento” y dijo que, en principio, hay que respetar a la justicia y “no apostarle al matoneo de las instituciones judiciales”, que podría agravar la situación.
El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera Mercado, dijo que si bien la justicia enfrenta una coyuntura especial “siempre se ha sabido reponer”. No obstante, afirmó que se hace necesario concretar una reforma integral que permita tocar temas como el análisis a la ley procesal “para ver si se requiere una reingeniería y que los procesos sean más rápidos (…), repensar la administración de justicia en lo penal, porque vía dilaciones los responsables de la corrupción vienen prolongando las actuaciones de la justicia”.
Mientras tanto, el magistrado del Tribunal superior de Bogotá, Hermens Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, reconoció que en el país hay una crisis institucional que toca a la Rama Judicial y que “las soluciones a estas problemáticas están en la Constitución (…) Hay que hacer una reforma judicial de fondo, sí. Pero cuáles son los contenidos, ahí es en donde la clase política colombiana desconoce la necesidad de fortalecer el poder judicial”, anotó.
Igualmente señaló que no puede seguirse legislando para las crisis: “debe repensarse qué papel juega en la democracia cada institución, y generar seguridad constitucional para el futuro; eso sí, lo claro es que sin un poder judicial autónomo en todo sentido, esto es, libre de interferencias de todo orden, como la corrupción, la democracia es una mera expectativa”.
Y Julio Andrés Sampedro Arrubla, el decano de la facultad de derecho de la Universidad Javeriana, consideró que la crisis que vive hoy la justicia “es consecuencia de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Colombia está en mora de una reflexión de fondo sobre el tema de administración de justicia para ver qué camino tomar”.
El jurista sostuvo que la administración de justicia requiere una reforma, pero primero “requiere una voluntad de quienes están operando la administración de justicia”.
Por esto propuso un gran acuerdo de todos los sectores del país “para que se construya una salida nacional para la crisis de la administración de justicia. Mientras esa reflexión no se haga, cualquier fórmula que se proponga va a ser parcial, hay que empezar a buscar consensos a favor de problemas puntuales frente a la administración de justicia. Sobre todo trazar una justicia que sea transparente, que sea oportuna, que solucione el conflicto de las personas que día a día se acercan y que duran años esperando que sus casos sean resueltos”.
Aunque el exministro de Justicia Carlos Medellín considera que hay una crisis en la justicia, señala que no es de la magnitud de la que se está hablando y que aunque para hacer una reforma de fondo se debe contar con la participación de la Fiscalía y la Rama Judicial, quien la debe liderar es el Gobierno, que es el encargado “del diseño de la política pública de justicia”. Cuestionó que el tema que debía estar en el primer lugar de prioridades “y eso no ha pasado”.
Por último, Medellín consideró que en las reformas se debe garantizar que exista “pronta y eficaz justicia. Fortalecer la eficacia del servicio público, acercar la justicia al ciudadano y luchar contra todos los delitos. La lucha contra el narcotráfico debe estar en el primer punto”, concluyó.
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