Esto, atendiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El Gobierno ya definió los primeros cinco delitos que aunque hayan sidocometidos por miembros de la Fuerza Pública en operaciones serán investigados por la justicia ordinaria.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que, según el texto de la reforma que será radicada en marzo en el Congreso, delitos como desaparición forzada, genocidio, tortura, ejecución extrajudicial, violación y abuso sexual no serán conocidos por la Justicia Penal Militar en ningún caso.
A esas conductas se suman otras como narcotráfico y desplazamiento forzado.
“Las infracciones al derecho internacional humanitario, que son propias de las operaciones militares y policiales, sí quedarían en el ámbito de la justicia militar”, indicó.
Está por definir a qué conductas se refiere el proyecto en esa materia, quetradicionalmente ha sido problemática para la Fuerza Pública.
Otra novedad que trae la iniciativa es la figura del Tribunal de Garantías en la justicia ordinaria, que pretende “dar transparencia a las investigaciones y tranquilidad a los miembros de la Fuerza Pública”.
Pinzón añadió que en la reforma de la Justicia Penal Militar no se incluirán temas sobre amnistías o cierres de casos judiciales que están en curso contra militares o exmilitares.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, por su parte, señaló que una comisión especial ya examina otros delitos que serán incluidos en el proyecto y que no serán investigados en la justicia ordinaria.
“El proyecto tiene como mérito fundamental el equilibrio entre distintas posiciones. Se han tenido en cuenta críticas y posiciones de adentro y fuera del país, y creo que debe ser bien recibido”, aseguró Esguerra.
Anunció que habrá división entre la justicia militar y la policial. “Las operaciones militares son distintas de las operaciones de Policía”, dijo.
“Hay incertidumbre de si el presupuesto en la Reforma a la Justicia sirva”: Minjusticia
De otro lado, durante el encuentro que convoca al Gobierno, altas cortes, el Congreso y representantes de la sociedad civil para discutir el proyecto de reforma a la justicia, el debate se centró en el presupuesto a la Rama Judicial.
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró -recogiendo las inquietudes de los asistentes al encuentro convocado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózoga- que es un asunto de “Estado” el que se concerte un plan no solo para la destinación de los recursos necesarios para la justicia sino para que se designe una “gerencia preparada, seria, que se encargue de ejecutarlos”.
“Es claro que la Judicatura no ha cumplido a la hora de hacer planes, vender esos planes y manejar con juicio el presupuesto asignado”, indicó. Y agregó que el “Gobierno tiene claro que hay que dotar a la Rama de recursos hasta donde sea posible”.
Según el Presidente del Partido de La U, Juan Lozano, sería irresponsable que se designen esos recursos sin “garantizar la descongestión”. Actualmente, la iniciativa contempla la designación del 5 por ciento del presupuesto general de la Nación para la Rama.
Sin embargo, la preocupación existe no sólo por el porcentaje contemplado sino por la manera cómo será ejecutado. Para el magistrado del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez el tema se está trabajando con metodologías equivocadas y es necesario que cualquier plan garantice un desarrollo de la justicia.
“Estamos enfocando erráticamente el tema de la justicia.
Hablamos de cifras y cifras y día a día salen nuevas leyes que no tienen en cuenta el valor fiscal”, indicó el magistrado, quien también manifestó que sólo en la Sección Tercera del Consejo de Estado se está trabajando con casos con 10 años de atraso.
Esguerra, quien cerró la discusión, aseguró que es importante definir “qué se hará con estos recursos”. “Miremos el pasado. Resulta que los recursos de años anteriores no se han ejecutado”.
