El titular de la Cartera se encuentra optimista por la suerte de la reforma a la Justicia en la Cámara de Representantes y tiene claro que el Gobierno va a responderles a las víctimas con la reglamentación y aplicación de la ley aprobada por el Congreso.
Esta semana viaja a San José de Costa Rica para formalizar ante la Corte Interamericana los hallazgos sobre la masacre de Mapiripán por los “engaños” que hubo de las supuestas falsas víctimas que se vieron beneficiadas con las indemnizaciones.
Ministro, ¿cómo ve el ambiente en la Cámara para la reforma a la Justicia?
Yo veo el ambiente favorable, bastante positivo, me parece que están bien dispuestos a la discusión, al diálogo, por las conversaciones que he tenido con algunos de los representantes y los voceros de las bancadas, incluso, con los ponentes que designó la presidenta de la Comisión Primera. Creo que tienen inquietudes, algunas dudas, discrepancias, puntos en los que quieren que cambiemos y que profundicemos el debate y a eso es lo que le vamos a halar, porque de eso se trata el debate.
El viernes se creó un Observatorio de la Administración de Justicia, que anunció que va a hacer todo lo posible para que la reforma no sea aprobada…
No sé quiénes son los que decidieron hacer ese observatorio, pero me parece que eso es una regla y una característica típica de la democracia, en donde debe haber expresiones de quienes están a favor y los que están en contra. El Gobierno sigue, naturalmente, convencido de las bondades de la importancia y la necesidad, aspectos que están incluidos en el proyecto de reforma como va y me parece que el proyecto que salió en segundo debate es considerablísimamente mejor que el que salió del primer debate. Esperemos a ver qué nos depara el destino en lo que falta.
¿Cómo avanzan los decretos reglamentarios de la Ley de Víctimas?
Estamos trabajando en todos los proyectos de reglamentación. El jueves hubo una audiencia con la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, ellos nos formularon y nos presentaron algunas observaciones y algunas críticas que tienen sobre determinados puntos que están contenidos en los borradores que habían sido sometidos a consideración. Los estamos mirando, los estamos analizando para efectos de ver qué cambios introducimos en los proyectos para mejorarlos y sacarlos adelante los más antes posible y lo mejor posible. Estamos en eso.
¿Son válidas las observaciones?
Son válidas. Básicamente lo que dicen es que les parece que falta más por el lado de la implementación de la ley, que falta más por el lado de mirar cómo se la va a poner en práctica, tienen algunas inquietudes respecto a lo que pueda aportar Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda. Estamos, por supuesto, en contacto con ellos porque en eso la respuesta del Gobierno tiene que ser integral.
¿Hay recursos para indemnizar a las víctimas?
Eso estaba planteado y previsto desde cuando el proyecto de ley se sometió a la consideración del Congreso. De manera que sí tendrá que haberlos, a eso está comprometido el Gobierno y a eso tiene que estar comprometido todo el Estado. Habrá que arbitrarlos como sea necesario para poder ejecutar esta ley y responderles a las víctimas.
¿Cómo va el ‘revolcón’ del Inpec?
Estamos mirando cómo se va a poner en marcha la Unidad Administrativa Especial que se creó, digamos, sacada de una costilla del Instituto con el propósito de que se dedique a las tareas de administración y de construcción de cárceles, con vocación de tercerización, de concesiones, con vocación de ir mirando esto con criterio profesional, gerencial y administrativo que es lo que toca. De modo que el Inpec, propiamente, se pueda concentrar en sus tareas de custodia, de vigilancia y resocilización.
¿Los sindicatos han sido un obstáculo?
Parte del proceso consistió en el compromiso que ellos adquirieron en el sentido de que iban a reducir a uno los 42 sindicatos que tienen y esta ha sido parte fundamental de la reforma, por lo que ella conforma desde el punto de vista del ejercicio propio de la actividad sindical que, por supuesto, el Gobierno tiene que respetar, aprecia y reconoce pero, en los cuales, no podían seguir incurriendo en los abusos que habían venido incurriéndose en el pasado.
El proyecto que aprobó la Cámara de la Ley de Justicia y Paz y que vincula, entre otros, que los ex jefes paramilitares no queden en libertad hasta que haya una condena, ¿es viable su aplicación?
Es muy importante que se haya dado el paso que se dio en torno a ese proyecto de ley. Fue una iniciativa que presentó a la consideración del Congreso la fiscal General de la Nación, Viviane Morales, con el cual el Gobierno estuvo totalmente de acuerdo, le dimos todo nuestro apoyo, inclusive, consideramos haberlo enriquecido con unas posiciones adicionales y complementarias y que fueron aprobadas ayer (jueves) en la Comisión Primera. De manera que eso va por muy buen camino.
Lo que se busca es que, desde el punto de vista puramente procesal como en algunos casos desde el punto de vista sustancial, podamos sortear los obstáculos y la experiencia ha venido mostrando en el desarrollo del sistema de justicia transicional que está contenido en la Ley de Justicia y Paz y entonces creemos que lo que se ha planteado es importante, conveniente y oportuno.
En su viaje a Costa Rica, ¿qué argumentos le llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Mapiripán?
Lo que puedo anticipar es que, fundamentalmente, vamos a formalizar ante la Corte los hechos que hemos venido conociendo con relación a la magnitud de la masacre de Mapiripán, lo que por supuesto no la hace menos grave, pero lo que sí es al mismo tiempo también gravísimo es que se haya venido teniendo conocimiento de que parece que no hubo más de doce víctimas y han comenzado a aparecer personas, en un número considerablemente superior, que resolvieron, muy mal asesoradas, engañar al Estado, engañar a los colombianos, engañar a los organismos internacionales haciéndose pasar por víctimas para cobrar una sumas de dinero, unas indemnizaciones a las que, naturalmente, no tenían derecho.
¿El Gobierno va a tomar alguna medida jurídica en contra del Colectivo de Abogados por este caso?
Lo que hay son dos cosas, una lo que se va a hacer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, dos, las investigaciones y las indagaciones que ha iniciado la Fiscalía por la posible, presunta comisión, a mi modo de ver bastante clara, pero habrá que establecerlo jurídicamente, de varios delitos, entre ellos y en primer lugar el fraude procesal.
Entonces ¿no descartan algún proceso en contra de este colectivo?
En contra de quienes resulten responsables de la comisión de los delitos por acción o por omisión; por haberlos cometido directamente o por haber participado de alguna forma, así sea como cómplices. Se actuará contra quien corresponda.
