“El poder Judicial en Colombia goza de total autonomía patrimonial, presupuestal, financiera y administrativa. La seguridad democrática no solamente ha devuelto el monopolio de la fuerza al Estado, sino que también devolvió el monopolio de la justicia antes usurpada y suplantada por terroristas y violentos.
“Es justo reconocer el compromiso del Gobierno Nacional por fortalecer financieramente a las Altas Cortes, los tribunales y juzgados, al pasar de un presupuesto de 831 mil millones de pesos en 2002 a 1.665 mil millones en 2009, lo que representa un aumento del 37 por ciento en pesos reales. En lo que se refiere la Fiscalía General de la Nación, se pasó de 657 mil millones en 2002 a 1.353 mil millones de pesos en 2009, representando un aumento del 51 por ciento en pesos reales.
“En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por parte del Gobierno Nacional, dirigido a impulsar la aprobación de proyectos de ley esenciales para el fortalecimiento de la administración de justicia, entre los cuales se incluyen normas hoy vigentes como la Reforma a la Ley Estatutaria de la administración de justicia y la Ley que busca vigorizar el principio de oportunidad dentro del Sistema Penal Acusatorio. Así mismo, se viene impulsando la aprobación de las iniciativas de descongestión judicial, delitos menores, arancel judicial y el código de convivencia ciudadana.
“El restablecimiento de un Ministerio de Justicia, separado del Ministerio del Interior, es un tema, cuyo debate ha sido abierto por el Gobierno Nacional a través de la creación de una comisión independiente de expertos liderada por José Alejandro Bonivento, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, que está analizando esta idea entre otras reformas a la justicia.
“Esta iniciativa, no puede de manera alguna interpretarse como una respuesta a una supuesta falta de diálogo e interlocución entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial, ya que es incuestionable la disposición del Ejecutivo en mantener un diálogo institucional en busca de soluciones eficaces para mejorar la colaboración armónica entre las ramas del poder y el logro de los objetivos del Estado. Dicho diálogo e interlocución son elocuentes en el plano de los aspectos técnicos, como es el caso de la preparación del Código Contencioso Administrativo y el diseño de los proyectos de reforma a la justicia antes mencionados, y que han sido ampliamente consultados con la rama.
“En el plano de las instancias compartidas por el Ejecutivo y la Rama Judicial, ha sido impecable el trabajo conjunto en espacios interinstitucionales como son: el Consejo Superior de Política Criminal, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, la Comisión para el Proceso Oral y la Justicia Pronta.
“La relación armónica entre los poderes públicos debe edificarse sobre la base de la verdad, la equidad y la transparencia, en el marco de profundo respeto a la Constitución y la Ley. Hacer depender la estabilidad y armonía entre la Rama Judicial y el Poder Ejecutivo, de aspectos ajenos al imperio del marco jurídico mismo, puede terminar por sacrificar la esencial autonomía e independencia que impone el Estado de Derecho. La Constitución y las leyes en su vigencia y aplicación no pueden ser objeto de negociación alguna.
“El Gobierno Nacional seguirá cumpliendo con su obligación constitucional frente a la Rama Judicial, por encima de cualquier tipo de consideración de carácter personal y que no guarde relación con las instituciones mismas”.
