Bogotá, 18 de abril de 2020. A continuación, se realiza una transcripción del artículo publicado por El Colombiano. El texto y su imagen fueron tomados de su página web.
Al menos el 20 % de los casos que llegan a manos de los jueces se rezaga. Hoy entre el 39 % y el 59 % de los casos que llevan los magistrados son procesos viejos que no han tenido respuesta, para el ciudadano, quien es finalmente el afectado.
El 31 de diciembre pasado reposaban en los despachos de los 5.311 jueces un total de 1’884.088 casos y, si no se hace algo al respecto, la rama judicial podría colapsar. De eso son conscientes en el Gobierno y en el Congreso, pero desde hace 10 años se busca una fórmula para reformar la justicia sin éxito.
Son muchos los factores que incrementan la cogestión: la falta de jueces, el déficit de fiscales, el atraso tecnológico, el aumento de las denuncias y de litigiosidad (resolución de controversias esencialmente por la vía judicial), más los frecuentes paros de la rama judicial, y hasta el coronavirus, van sumando retrasos en la judicatura. A esto se le suma la instauración de acciones de tutela, que se ha vuelto el mecanismo más ágil de acceso a la justicia, precisamente, ante el colapso de los tribunales.
Todo eso ha ido afectando su imagen. Si en febrero de 2010 la percepción ciudadana del sistema de justicia colombiano era 38 % favorable y 55 % desfavorable, en agosto de 2019 fue apenas 15 % favorable frente a 79 % desfavorable, según la encuesta de Gallup Poll Colombia recogida por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
Faltan jueces
El país está lejos de los estándares internacionales. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el ideal es que cada país tenga en promedio 65 jueces por cada 100.000 habitantes, pero en Colombia hay 11,6, lo que además representa una disminución del 11 % con respecto a 2015, cuando la tasa era de 13,3.
“Colombia tiene una tasa muy bajita de jueces, pero también hay que hacerle una censura a la Rama Judicial, porque países que tienen menos jueces como Chile, Brasil y Perú producen tres veces más sentencias y, en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces producen hasta siete veces más fallos que en Colombia”, aseguró Hernando Herrera Mercado, director de la CEJ.
Y es que, de acuerdo con información del Consejo Superior de la Judicatura, cada juez resolvió en promedio 349 casos el año pasado, 38 casos menos de los que resolvía cada funcionario en 2013.
Según World Justice Project, que desarrolla una métrica de la justicia en el mundo, Colombia ocupa el puesto 70 entre 128 naciones en productividad judicial, ya que el promedio que dura un proceso desde que llega a las instancias judiciales hasta que sale con un fallo es de 1.288 días.
Esa misma organización ubicó a Colombia en el puesto 124 bajo la premisa de que la justicia civil de este país está sujeta a demoras irrazonables.
Para Daniel Mauricio Rico, administrador público e investigador, la forma más palpable de entender los efectos de la congestión judicial está en el hacinamiento carcelario: “Hay personas que están en las cárceles que no deberían estar allí, porque ya cumplieron su condena, porque ya cumplen los requisitos para prisión domiciliaria o para la libertad condicional, pero esa congestión en los 152 jueces de ejecución de penas no les ha permitido salir”.
Una reforma estructural
Justo antes de que llegara la pandemia de coronavirus, y con ella el aislamiento preventivo obligatorio y la declaración de emergencia, el Ministerio de Justicia iba a radicar ante el Congreso el proyecto de reforma a la justicia, que incluiría la opción de desjudicializar asuntos que no necesitan de la intervención de un juez, sino que podrían realizarlas, por ejemplo, los notarios.
Sin embargo, varios de los representantes de las bancadas le expresaron a la ministra del Interior, Alicia Arango, que si la reforma no daba claramente soluciones a la congestión judicial, no la acompañarían. Así que el Gobierno optó por no radicar el proyecto hasta conseguir las mayorías.
Al respecto, Kennet Burbano Villamarin, director Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, expresó que la formulación de una reforma debería hacerse entre la rama judicial, los abogados litigantes y los otros funcionarios que intervienen en los procesos que son quienes saben cómo es el día a día de los despachos judiciales.
Así mismo, Burbano manifestó: “esa reforma debe incluir un presupuesto autónomo manejado por la rama judicial para que invertir en su modernización, sin él es muy difícil que haya alguna solución a la congestión judicial”.
EL COLOMBIANO se puso en contacto con el Consejo Superior de la Judicatura para conocer su posición sobre este asunto, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta.
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