18 de octubre de 2018
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por la Revista Semana. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Malo y Bustos: ¿Podrán salir invictos?
Los procesos contra ambos exmagistrados por el escandaloso carrusel de la toga avanzan a paso de tortuga en el Congreso. Este ha sido el trámite de cada uno y los obstáculos que enfrentan para salir adelante.
Después de varios meses de calma y silencio, los nombres de Gustavo Malo y Leonidas Bustos vuelven a sonar en el Capitolio. Ambos exmagistrados de la Corte Suprema fueron los protagonistas de uno de los escándalos que más daño le hicieron a la rama judicial: el cartel de la toga. La captura al ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, destapó una caja de pandora que puso a rendir cuentas a varios reconocidos togados porque a cambio de millonarios sobornos habrían logrado manipular los procesos en ese alto tribunal.
En cualquier otro lugar del mundo, el caso habría tenido consecuencias inmediatas para los togados, sin embargo, por cuenta del cuestionado sistema de aforados que rige en esos altos cargos, las investigaciones contra ambos exfuncionarios quedaron como en un congelador.
La primera alerta la entregó la propia Corte Suprema. En una carta al Congreso, instó al presidente del Senado, Ernesto Macías, a impulsar la definición de la situación del magistrado Malo. Para sus excolegas, la gravedad de las sindicaciones que impactan a Malo tienen fuertes repercusiones en el sistema judicial. Las organizaciones de la sociedad civil hicieron lo mismo. La Corporación Excelencia en la Justicia envió un llamado urgente también al Congreso para que “sin dilación ni demora” proceda a definir la situación del suspendido magistrado.
Hasta ahora, la única medida efectiva contra Malo la tomó la misma Corte Suprema, que logró apartarlo de sus funciones y bloquearle el sueldo, después de una ausencia de seis meses por incapacidad médica. A esta decisión, sobrevino la votación del pasado mes de abril, que llevó a que la Comisión de Acusaciones se anotara el tercer golpe de su historia.
La comisión acusó a Malo ante la Cámara de representantes y allí, con una mayoría de 82 votos por el sí y 2 por el no, el caso quedó en la cancha del Senado. El expediente tuvo que superar las interrupciones propias del cambio de Congreso y el malestar que causó entre los parlamentarios el llamado de atención de la Corte Suprema de Justicia.
El balón duró quieto siete meses hasta que la semana pasada los senadores procedieron a elegir a los siete miembros que integrarán la llamada célula judicial a cargo de presentar el caso de Malo a la plenaria por cinco delitos. En el reparto, el Centro Democrático mantuvo dos lugares: Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria. Del Partido de la U también se quedó el senador Roosvelt Rodríguez Rengifo. Estos tres parlamentarios venían desde tiempo atrás en esta misión e integraron en 2016 la comisión de instrucción del magistrado Jorge Pretelt.
Para esta ocasión, el grupo fue compuesto por Luis Fernando Velasco (liberal); Juan Diego Gómez (conservador); Alexánder López, del Partido Verde; y Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical. La participación de Germán Varón ha generado debate. Algunas voces piden que sea excluido dado que se estudia un impedimento por haber sido cliente de Gustavo Moreno. El ex fiscal anticorrupción hoy es el principal delator en contra de Gustavo Malo.
En uno de estos nombres recaerá la función de proyectar la ponencia a favor o en contra de Malo. Sus colegas de comisión tendrán que evaluar el documento con el fin de determinar si hay suficiente mérito para llevarlo a juicio y presentar sus conclusiones a la plenaria. En el caso Pretelt, los siete integrantes de la comisión no se pusieron de acuerdo, por ello, la ponencia de José Obdulio Gaviria que pedía el archivo fue derrotada y la que prosperó en la plenaria fue en el sentido contrario.
A Malo se le cuestiona por dos casos que estaban engavetados: el del exsenador Musa Besaile, quien tiene una antigua investigación en su contra por parapolítica, y el de Álvaro Ashton, congresista conservador que después del escándalo fue capturado y llamado a juicio por presuntos nexos con los paras. Estos casos son apenas la punta del iceberg del escándalo desatado por una grabación que hizo la DEA al exgobernador Alejandro Lyons y al abogado Leonardo Pinilla. En esta, aseguraban que para frenar la actuación de la corte se habrían pagado al menos 2.000 millones de pesos en un caso y 600 millones en otro.
Ambos procesos están lejos de ser definidos, si llegan a salir condenados por indignidad política, sus casos pasarán a manos de la Corte Suprema de Justicia, en donde comenzará la etapa penal. Y aunque en el caso de Malo existen los mayores avances por la acusación de la comisión, este trámite apenas comienza a coger forma en el Senado.
Los casos de Leonidas Bustos y de Gustavo Malo arrancaron al mismo tiempo. No obstante, el expediente del expresidente de la Corte Suprema se viene quedando atrás en la Comisión de Acusaciones. La investigación fue abierta en noviembre del año pasado por los mismos cinco delitos que tienen en líos a Malo: concierto para delinquir, prevaricato por acción y por omisión, cohecho y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
El nombre de Bustos fue el primero que salió a relucir en el escándalo cuando en una entrevista pública, el exsenador Musa Besaile aseguró que fue extorsionado por Gustavo Moreno, quien le dijo que para evadir un carcelazo debía pagar 2.000 millones de pesos. En su recuento, aseguró que Moreno le exigió el dinero para su “papá” y que entre labios y luego en una servilleta le preciso que se refería a Leonidas Bustos.
La estrecha relación entre Bustos y Moreno no era del todo novedosa; negocios que celebraron juntos salieron rápidamente a la luz, así como los regalos que se hacían y las celebraciones en las que participaban. El exmagistrado ha negado los señalamientos pero las autoridades tienen documentados episodios como un fin de año en Miami y un BMW de propiedad de Bustos, que estaba a nombre de su magistrado auxiliar y que pasó a ser parte de los bienes de Gustavo Moreno.
Uno de los capítulos que más ruido causó fue un regalo que Moreno dice haberle dado a Bustos. Se trata de un reloj Cartier cuyo valor habría ascendido a los 43 millones de pesos en el año 2012. Según Moreno, el Ballon Blue de oro de la joyería Cartier lo compró como regalo para Bustos con dinero que le habría entregado Ashton por sus servicios en el cartel de la toga; Bustos se defiende asegurando que desconoce el lujoso regalo y que a Moreno se le olvidó un detalle: que la primera vez que se habría reunido con Ashton fue en 2013, un año después de la compra del reloj. El vendedor de la tienda confirma que ambos acudieron a la comprar el reloj.
Para los ponentes del caso, Edward Rodríguez y Fabio Arroyave, existían evidencias suficientes para abrir investigación porque presuntamente el exmagistrado recibió pagos millonarios por parte de congresistas y excongresistas a cambio de beneficiarlos en decisiones judiciales. Solo hasta la semana pasada, el trámite volvió a tomar impulso con el rechazo a las recusaciones presentadas por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en contra de ambos investigadores y contra la ahora senadora Angélica Lozano.
Bustos ha intentado a través de varios recursos apartar a sus investigadores del caso. El año pasado, los recusó porque se negaron a entregarle las grabaciones de la DEA. En esa oportunidad también se fue en contra de los pronunciamientos de Álvaro Uribe Vélez, jefe político de Rodríguez, al considerar que el expresidente había lanzado toda clase de improperios en su contra y que ello demostraría que en la investigación reina un interés del Centro Democrático.
En una nueva recusación, Bustos cuestionó el papel de Rodríguez por haber hecho calificaciones sobre sus supuestas conductas a través de redes sociales y haber entregado resultados de manera acelerada sin reparar en los términos procesales que prevé la ley. Una queja similar plantó contra Angélica Lozano por sus manifestaciones a través de su cuenta de Twitter, lo que evidenciaría su falta de imparcialidad.
En un último recurso, Bustos pidió que Rodríguez y Arroyave se hagan a un lado del proceso dado que ellos mismos participaron en la acusación contra Gustavo Malo. El exmagistrado cuestiona que los investigadores hayan dado por cierta la existencia del cartel de la toga y considera que las afirmaciones hechas en este caso constituyen un prejuzgamiento ya que se dieron por fuera de su proceso.
Las recusaciones fueron resueltas con rechazo. La última respuesta de la Comisión de Acusaciones fue el 14 de junio, cuando Rodríguez y Arroyave señalaron que en ninguna de las disposiciones contenidas en el caso de Malo se hizo referencia al exmagistrado Bustos como responsable de una conducta delictiva. Para los representantes, las manifestaciones allí expuestas obedecen a una valoración de las pruebas que reposan en el expediente, y sobre las cuales se basó íntegramente el escrito de acusación de Malo.
El pasado viernes 12 de octubre, los investigadores escucharon los alegatos de conclusión de la defensa y de la Procuraduría, y procedieron a cerrar la etapa de investigación. Ahora, tienen diez días para entregar un informe de ponencia que diga si procede o no la acusación por los mismos cinco delitos que le endilgaron a Malo. El documento final tendrá que contar con la bendición de la mayoría de los 15 integrantes de la Comisión de Acusaciones y luego someterlo a la votación de sus colegas en la Cámara de Representantes.
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