Por una visión integral de la justicia

¿Cómo fortalecer y aumentar la independencia del poder judicial? En Colombia y en América Latina la respuesta intuitiva a esta pregunta ha sido reformar las competencias de los jueces y la forma de elegirlos o removerlos del cargo. Este precisamente fue el enfoque de la pasada reforma a la justicia y el del proyecto que hace poco presentó el ministro de Justicia saliente.

Sin embargo, la discusión de una reforma constitucional que elimina la reelección presidencial y refuerza el equilibrio de poderes puede ser una oportunidad para adoptar un enfoque más integral e interdisciplinario en el intento de fortalecer el poder judicial.

Desde esa perspectiva se valora el quehacer de los jueces como garantes de los derechos humanos y se robustece su independencia a partir de su articulación con los demás órganos del Estado.

En países donde existen políticas precarias para brindar igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, seguridad, libertad personal y otros servicios públicos, el juez adquiere un papel preponderante, al velar por la garantía de estos derechos.
El ministro Gómez Méndez le presentó en su momento al presidente Santos un proyecto basado en las propuestas que formuló una comisión asesora de alto nivel. El proyecto incluye cambios a la tutela, modifica el sistema de elección de magistrados, pone fin a la puerta giratoria y elimina el Consejo Superior de la Judicatura para instalar, en su lugar, un tribunal disciplinario.

No obstante, en el reciente foro sobre Reforma a la Justicia, activismo judicial y políticas públicas, organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, la Corporación Excelencia a la Justicia, la Universidad Javeriana y Ámbito Jurídico, se demostró que en países donde existen políticas precarias para brindar igualdad de oportunidades en materia de salud, educación, seguridad, libertad personal y otros servicios públicos, el juez adquiere un papel preponderante, al velar por la garantía de estos derechos, hasta el punto de ser tildado de activista y de creador de políticas públicas que exceden a sus competencias. 

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