Los fallos consideran que se violó el derecho al control político de la revocatoria, que se vulneró el derecho a elegir y ser elegido y que se atentó contra el debido proceso cuando el Ministerio Público no atendió la teoría del complot del sahagunense Emilio Tapia.
EL HERALDO consultó a tres expertos juristas, el constitucionalista Juan Manuel Charry; la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria Borrero y el catedrático y columnista Ramiro Bejarano, para que analizaran lo ocurrido esta semana con el caso Petro y los escenarios que se plantean en adelante.
¿Abuso de la tutela?. Charry, aunque considera que la ‘tutelatón’ “mostró ser exitosa por distintos argumentos”, ve que “esta figura es equivocada. Es una carga exagerada a la administración de justicia.
Me parece que los ciudadanos no son los titulares del derecho en el caso del alcalde Petro, que alegar que se violó el derecho a elegir, en este caso no es válido, porque el derecho a elegir se agota con el sufragio donde uno señala quién quiere que ejerza una determinada función. La ‘tutelatón’ es como recurrir a todos los medios de lucha, como la filosofía guerrillera, que creo que no es la más adecuada para el tema jurídico”.
En el mismo sentido, Borrero cree que la andanada de tutelas “es un abuso al derecho y a la administración de justicia”. Eso nos demuestra que se debe regular de manera más estricta este mecanismo. “Ha habido errores de los jueces porque hay otras vías de acción, como ellos mismos reconocen en las sentencias, como la vía ordinaria del Consejo de Estado a través de la nulidad de los actos. Y creo que el derecho al control político no es un derecho fundamental. Y tengo dudas en la legitimidad de la causa de las tutelas, porque está bien que la tutela la hubiera puesto Petro, pero las han puesto una cantidad de ciudadanos, ¿cuál es su legitimidad en la causa?”.
Para Bejarano, en cambio, es el triunfo de la respuesta a la arbitrariedad del procurador, que se inventó un proceso disciplinario para efectos de hacer un control político, y resulta que el control político se hace de muy diversas maneras: lo hacen los concejales o los ciudadanos por vía de elección revocatoria, y el procurador lo que quiso fue sancionar a un alcalde porque considera que es mal alcalde, algo en lo que él coincide.
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