30 de enero de 2019 –
A continuación, se realiza una transcripción de la noticia publicada por Asuntos Legales. Todo el texto y las imágenes fueron tomadas de su página web.
Uno de los delitos que conmocionó al país fue el atraco contra Adriana Sobrero en el barrio Rosales, el pasado 15 de enero de 2018. Cuatro hombres armados la siguieron y la persiguieron hasta su casa; cuando ella estacionó su camioneta Toyota, los delincuentes la abordaron, le robaron el celular y le dispararon. La víctima tenía 14 semanas de embarazo cuando ocurrieron los hechos.
Los doctores pudieron salvar la vida de su hijo, pero a ella la diagnosticaron con cuadriplejia. Sobrero tuvo que salir del país para realizarse un tratamiento médico. La comunidad se solidarizó por los hechos y convocaron marchas para apoyar a la víctima.
Sin embargo, el caso no concluyó de la mejor manera. Gracias a diferentes beneficios penales, los delincuentes podrían tener reducciones hasta de la mitad de la pena, la cual podría llegar a abarcar hasta siete años en prisión, con la posibilidad de pagar casa por cárcel. La sentencia será dictaminada el próximo 24 de febrero.
Según un estudio realizado por la Corporación para Excelencia a la Justicia, un proceso penal en etapa de investigación dura, en promedio, dura 540 días corrientes. En su etapa de juicio tarda 108 días, la lectura de la decisión después de finalizar su etapa de juicio dura 25 días corrientes y en segunda instancia tarda, en promedio, 43 días corrientes. Esto quiere decir que, en promedio, un proceso penal tarda casi dos años. Un período de incertidumbre para las víctimas de los delitos, que muchas veces claman por justicia.
Sin embargo, los indicadores mundiales han venido alertando sobre el incremento en los índices de impunidad en Colombia. Según estadísticas de Naciones Unidas, nuestro país tiene uno de los índices de impunidad más altos de todo el mundo: 75,6%. Un estudio publicado por la Universidad de Las Américas en México, detalló que los elementos que contribuyen al desarrollo de impunidad global son: deficiencia estructura de investigación criminal e inseguridad jurídica.
Aunque la gestión del fiscal, Néstor Humberto Martínez ha presentado aumentos importantes en la reducción de impunidad, aún existen muchos retos en este campo. Según el último censo criminal presentado por la Fiscalía General, tan solo 32,7% de los homicidios logran esclarecerse en el país.
Crisis sistémica
El abogado penalista Jaime Lombana habló con AL sobre el tema. Bajo criterio del especialista, en Colombia hay una crisis en el sistema penal que está fomentando la impunidad y la desconfianza institucional.
“Hay una crisis, que nos obliga a realizar ajustes necesarios al sistema procesal penal. Porque el sistema está hecho para ser sumamente lento”, comentó el abogado penalista.
Lombana reflexionó sobre los tiempos procesales y la desconfianza institucional, dijo que “Muchas personas no denuncian porque saben que un reparto en la Fiscalía puede demorar mucho tiempo (…) El tiempo pasa, la prueba huye y se siembra la impunidad”.
Esta ausencia de reacción sistémica ha fomentado el crecimiento de un fenómeno conocido como la “cifra negra de la criminalidad”. Los crímenes ocurren y las víctimas no denuncian, se llenan de desconfianza y se sumergen en la desazón de impunidad.
Otro fenómeno que se produce en este campo es el de la doble victimización donde “personas que denuncian un hecho, y durante, cada vez que hay dilación de una audiencia, la demora de un policía judicial, la víctima siente una frustración psicológica”.
Algunos penalistas críticos del sistema consideran que este es un sistema que premia al criminal y castiga a la víctima.
Ausencia de Política Criminal
Guillermo Mendoza Diago, exfiscal general de la Nación, aseguró que una gran parte del problema es “la ausencia de una política criminal que se base en criterios científicos”.
Adicional a esto afirmó que “el país debe realizar una inversión más amplia en temas de Fiscalías, porque en este país vivimos del populismo punitivo (…) el sistema debe cambiar”.}
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