La tesis de la corporación consistió en que el Estado puede hacer uso de las leyes, el Código Penitenciario y, entre otros, el Código de Policía para contrarrestar los atracos, los saqueos de residencias, los asaltos a los bancos, a los supermercados y centros comerciales.
Ahora, 20 meses después, la administración Samper estudia la posibilidad de acudir otra vez a la conmoción interior y adoptar una serie de medidas dirigidas a descongestionar el sistema carcelario, que en la actualidad alberga a más de 40 mil reclusos cuando su infraestructura sólo tiene capacidad para 30 mil detenidos.
La falta de celeridad en los procesos, el hacinamiento en los penales, la inexistencia de penas distintas a la reclusión, la dificultad en el manejo de los dineros destinados al sector y el amotinamiento de más de 2800 presos de la cárcel Modelo de Bogotá llevaron al Gobierno a pensar en una salida definitiva a la crisis.
Emergencia La tesis del ministro de Justicia, Carlos Medellín, es que el problema de las cárceles es grave. Es una emergencia carcelaria . De ahí que el Gobierno acudiría a figuras como la caución y a decretar la excarcelación por delitos menores.
Cuál es el fondo del problema? Bastarán más normas de emergencia para solucionar el caos de las cárceles colombianas? El consejero de seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Hugo Acero, dijo que lo que pasa es que se están dando muchos bandazos con la política criminal y se lanzan leyes, pero no hay una infraestructura adecuada para ponerlas en marcha .
Cuando la gente afirmó Acero se quejaba de la inseguridad en las calles expidieron la Ley 228 para judicializar a la gente que cometía delitos menores, y aunque les advirtieron que no había capacidad carcelaria para recibir a tal cantidad de reclusos, no hicieron caso y la pusieron a funcionar.
Entonces ahora que se dieron cuenta de los graves problemas de hacinamiento deciden dar marcha atrás y sacan en libertad a los presos por delitos menores. Lo que se necesita es una mayor planeación. Es válido plantear que algunos delitos menores no ameritan cárcel, pero es necesario estudiar seriamente otro tipo de sanciones. Se debe hacer un debate a fondo sobre este tema .
Rehabilitación A juicio del ex ministro de Justicia Andrés González, el gran objetivo del sistema carcelario debe ser la rehabilitación de los internos.
De ahí la necesidad, explicó, de buscar que internos puedan ser conminados a realizar trabajos sociales y a mejorar las condiciones estructurales y de atención en los penales. Incluso la de la capacitación y remuneración de los guardias.
La solución no puede ser tan simplista como la excarcelación porque daría al traste con todo el esfuerzo hecho para cerrarle el paso a la impunidad , indicó González.
El argumento de González es que la impunidad en las calles es uno de los temas que más afecta al ciudadano común y corriente y que más desmoraliza a la policía.
Al lado de los esfuerzos hechos para luchar contra la mafia y la delincuencia organizada, debe existir una justicia real para la sanción de los delitos cotidianos , sostuvo.
Confío en la indiscutible inteligencia del Ministro de Justicia , acotó.
La percepción de González no es tan diferente a la de Alfredo Fuentes, director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia.
El criterio de Fuentes es que no parece razonable llenar las calles de presuntos delincuentes. Más aún en las condiciones de desempleo que existen en el país.
Lo que ellos van a realizar cuando recobren su libertad es volver a delinquir porque no encuentran trabajo. La inseguridad ciudadana será peor , dijo Fuentes.
En concepto de Fuentes, la solución al problema carcelario es la de poner en marcha una verdadera política de reinserción de los presos a la vida social.
Si realmente se desea atacar estructuralmente el caos carcelario, el Gobierno debería cumplir los objetivos fijados en el Plan de Desarrollo: actualizar el censo carcelario; redistribuir la población de internos; acelerar los procesos de los presos y avanzar en la construcción y remodelación de los centros penales , dijo Fuentes.
Eso no se ha cumplido a cabalidad , enfatizó.
La tesis de Fuentes es que cerca de la mitad de la población carcelaria no ha sido condenada.
Recordó que hay 170 centros de reclusión en el país con una capacidad para 28 mil cupos. Sin embargo, hay alrededor de 40 mil internos. Así las cosas, a juicio de Fuentes, la solución no puede limitarse sólo a la declaratoria de la conmoción interior.
El pánico de denunciar En un país en el que policías y fiscales tienen que rogarles a los testigos de delitos para que declaren formalmente contra los delincuentes y en el que las víctimas prefieren soportar los atropellos en silencio antes que exponerse a declarar, es paradójico que se esté proponiendo la excarcelación para delitos menores.
Estos son los testimonios de algunas víctimas que prefieren no denunciar: Júreme, júreme que no le va a decir a la Policía que yo fui la que le conté que los ladrones rondan mi barrio. Yo los conozco, todos los vecinos los conocemos pero no podemos acercarnos a la Estación de Policía a contar qué es lo que pasa, porque solo los detienen por un par de horas y después salen a vengarse de nosotros, son capaces de matarnos, nos tienen amenazados .
Con esta súplica, hace poco una mujer de un barrio del centro de Bogotá se acercó a este diario a contar que en su vecindario todos se habían convertido en cómplices silenciosos de los raponeros y atracadores porque nadie se atrevía a denunciar a los ladrones.
Con la voz entrecortada la mujer contó que los ladrones se paseaban ante los ojos de los policías, pero ellos no los capturaban porque nadie se había atrevido a denunciarlos formalmente.
La misma historia se repite con la mayor parte de las víctimas de delitos, porque las personas no quieren involucrar sus nombres en procesos en los que sienten que los únicos perjudicados pueden ser ellos mismos.
Por eso, algunos sienten que si desaparecen las penas para los delitos menores pierde todo el sentido contar quiénes los tienen aterrorizados en sus vecindarios.
En febrero, una líder de la Colina Campestre le contó a la Policía que una banda especializada en el hurto de vehículos se había robado 20 carros del barrio en los últimos tres meses, pero cuando quiso reunir a las víctimas para que hicieran denuncias formales nadie se atrevió a hablar por miedo a que los ladrones los identificaran.
Ya nos robaron, ya no podemos hacer nada para recuperar los carros. Esos ladrones saben dónde vivimos y nos pueden matar , dijo una víctima.
Por su parte, la Policía siente que ante esta actitud de las víctimas es imposible combatir la delincuencia.
No podemos perseguir a alguien de quién no tenemos ninguna pista. Necesitamos la colaboración de la gente , dijo un policía de esa zona.
En el barrio Florida, en el occidente de Bogotá, a uno de los vecinos lo atracaron y mataron a su hijo cuando estaba próximo a llegar a su casa.
No tiene sentido denunciar estos casos porque nadie puede devolverme a mi hijo y si hablo lo único que estoy haciendo es poner mi vida en peligro inútilmente , dijo el padre de la víctima.
En los primeros días de marzo un hombre fue atracado y golpeado por el conductor del bus en el que se montó y por otros tres ladrones que aparentaban ser pasajeros del vehículo.
Le robaron 15 mil pesos, un reloj de plástico y un cinturón, luego lo patearon y amenazaron con matarlo. Finalmente, lo dejaron tirado en la calle.
Para qué voy a denunciar si la Policía no puede hacer nada para resolver ese caso? No los pueden capturar y si me pongo a declarar solo me estaré metiendo en un proceso interminable e inútil , dijo la víctima.
HABLAN CRIMINOLOGOS MISAEL EDUARDO GARZON BARRETO, director del consultorio jurídico de la Universidad de Los Andes.
La medida que plantea el Gobierno es meramente coyuntural y no es una solución al problema toda vez que está relacionada directamente con al ausencia de una política carcelaria.
La sensación de seguridad del ciudadano del común es, normalmente, la sensación de primera mano de la criminalidad callejera. Necesariamente lo que va a suceder es que el ciudadano del común que no tiene porqué salir afectado por una política de coyuntura, obviamente se va a sentir agredido, va a sentir que el Estado no le protege, que el Estado no aplica justicia.
A ese ciudadano, claro está, que si lo que se le plantea es una libertad en masa de las personas que están vinculadas procesalmente por delitos de estas categorías, lo que va a suceder es que el ciudadano del común se va a dar cuenta de que las mismas personas que son capturadas vuelven a salir a la vía pública inmediatamente, y son personas que además como no cuentan con recursos ni con posibilidades de hacer nada diferente van a reincidir en la criminalidad.
Esto va a redundar en que el ciudadano del común va a pensar que el Estado está incumpliendo de sus obligaciones de protegerlo en su vida, honra y bienes. La persona del común es la que se va a ver afectada. La gran mayoría de privados de la libertad en Colombia, el 60 o 70 por ciento, lo están por conductas contra el patrimonio económico y la integridad personal, que son precisamente las conductas en las cuales estas personas van a reincidir porque la sociedad colombiana no les da una oportunidad de supervivencia diferente .
MAYOR (r) ENRIQUE RODRIGUEZ FONTECHA, director de derecho público en la Universidad Gran Colombia.
Es una falsedad. Esa medida va a volver a Bogotá más loca de lo que la tiene Antanas Mockus porque soluciona transitoriamente el hacinamiento en las cárceles, pero la libertad de ese hombre que ya no tiene arreglo, que mata y roba por 30 mil pesos para una papeleta de basuco, representa soltar a toda esa cantidad de gente a matar, a atracar y a robar en las calles. El problema social va a ser berraquísimo.
El impacto de esta medida en la ciudadanía es brutal porque el tipo que atraca a una señora, el tipo sale a la calle y comete el delito y vuelve y entra a la cárcel. Si yo como atracador se que atraco y que eso es excarcelable, es como el depravado sexual que sabe que violar un niño es excarcelable pues vuelve y lo hace, porque le gusta y porque sabe que no va a haber medidas que lo contengan.
Con la excarcelación solucionamos un problema como es el hacinamiento carcelario, que está solamente para las gentes de los patios pobres, no los de alta seguridad.
Ante esto, el ciudadano común no vuelve a denunciar jamás porque el tipo va a salir y lo va a buscar y lo va a matar. Nosotros no podemos pensar que por aliviar la situación de una persona vamos a golpear una sociedad.
La gente que está en las cárceles es el vicioso, el campesino que no tiene con que pagar el abogado o la indemnización de la que habla el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal o sin capacidad para pasar un memorial. En Colombia hay justicia para pobres y para ricos, y es difícil que un rico se quede en la cárcel .
Delitos cometidos en Bogotá 1996 1997 Atracos a personas 2.374 2.668 Asaltos bancarios 53 112 Asaltos a residencias 216 287 Hurtos a entidades comerciales 404 504 Hurto de vehículos 1.348 1.355 Lesiones comunes 970 1.048 Homicidios 773 661 * Datos hasta el 28 de marzo.
Fuente: Policía Metropolitana
El Tiempo / 2 de abril de 1997
