El magistrado Jaime Arrubla, vicepresidente del tribunal, dice que los que impulsan ese tipo de proyectos en el Congreso “pretenden doblegar a su juez natural”.
De hecho, les sugiere no maquillar sus verdaderas intenciones y “que propongan de una vez que se acabe la Corte, que es la que les molesta”.
Arrubla, que está de presidente encargado de la Corte, dice que si algunos de los casos de parapolítica regresan a la Sala Penal desde la Fiscalía, los investigados pueden estar tranquilos porque allí están los mejores hombres de la justicia.
¿Cómo califica el proyecto de ley que pretende crear un supratribunal que investigaría a los congresistas?
La Corte Suprema de Justicia ha cumplido con las competencias que le han asignado la Constitución y la ley y lo va a seguir haciendo, en el presente y en el futuro.
Somos amigos de la institucionalidad y la democracia, pero nos llena de perplejidad una propuesta de esta naturaleza por inconveniente y por inoportuna.
¿Qué consecuencias traería para el país una propuesta de este tipo?
Eso supondría volver a organizar todo el sistema judicial del país. Estamos en un proceso a toda marcha donde hay una serie de aforados vinculados, unos en investigación, otros ya en juzgamiento.
El momento es excepcional. Nunca se habían visto 30 o 40 procesos contra los honorables congresistas. Esta es una coyuntura especial y no hay que legislar para la excepción. No es necesario crear otras cortes.
¿Porqué considera el proyecto “inconveniente e inoportuno”?
Una propuesta de esta naturaleza puede ser leída incluso internacionalmente como un palo en la rueda, como una obstaculización, un freno de los congresistas para
doblegar al juez natural. No creemos que eso sea conveniente para el país.
Pero, además de eso, puede ser interpretado como un obstáculo al equilibrio de poderes que plantea la misma Constitución. Lo mejor es que propongan de una vez que se suprima la Corte Suprema de Justicia, que es la que es molesta en estos momentos, porque, precisamente, está logrando que no haya impunidad.
¿Es inconstitucional la propuesta?
La propuesta desequilibra la estructura de la Constitución. Es un quiebre al equilibrio de la democracia, al juego de pesos y contrapesos. Nosotros los magistrados vemos muy bien que nos investigue y nos juzgue el Congreso. Es es lo normal en una
democracia.
¿Se podrían frenar las investigaciones contra los congresistas que adelanta la Corte?
El alto tribunal ha cumplido sus funciones contra viento y marea, ha adelantado un proceso con todos los riesgos que implica, ha logrado hacer efectivo un control que implica justicia y democracia, ha detectado que en uno de los principales organismos de la democracia, había un puñado de congresistas, no todos ni la mayoría, a los que había que investigar porque había serias dudas sobre la posible comisión de delitos.
Y ahora resulta que al que hay que cambiar no es al enfermo, sino al que está haciendo la labor de control de acuerdo con la ley y la Constitución. Es la locura.
¿Las reformas, entonces, deberían ser para el Congreso?
Es que el problema no es la Corte, que está haciendo el control. El problema está en una parte minoritaria del Congreso que tuvo una mala práctica política y eso debería no sólo tener una sanción, también debe haber una regulación para depurarlo.
Aquí resultó al revés: el enfermo va a operar al médico. Ahora, lo que se quiere es reformar a la Corte. Eso es absurdo. Creemos que la reforma hay que hacerse es donde están las fallas, no donde están los éxitos.
¿La reforma no es una reacción a decisiones de la Corte, como la del cambio de jurisprudencia para juzgar a los congresistas que renunciaron al fuero?
Es que eso no es generalizado. Es a cada caso concreto habrá que hacer el examen, determinar si la competente es la Corte Suprema o no. Eso depende de la norma constitucional que dice que si se cesó en el cargo, porque se renunció, cesa el fuero siempre y cuando el delito no tenga conexidad con el ejercicio de las funciones de congresista.
¿El cambio no crea inseguridad jurídica al cambiar las reglas de juego de estas personas que están procesadas en otras instancias?
Puede tener el país la seguridad, y los señores que están siendo investigados, de que la Corte va a hacer eso con pulcritud absoluta, dando garantías plenas de los derechos fundamentales y cumpliendo el debido proceso.
Pero, ¿qué va a pasar con los casos de los que ya se fueron para la Fiscalía?
Los investigados o procesados, los apoderados, la Fiscalía o los jueces, cualquiera de ellos, puede tomar la iniciativa para que a la luz de la nueva jurisprudencia se revise la situación y se tomen decisiones, que son susceptibles de recurso. Si el caso llega a la Corte, se examinará si mantiene la competencia. En caso contrario devolverá el caso.
¿En que momento se van a resolver los casos que ya han sido remitidos a la Corte?
Esto es competencia de la Sala de Casación Penal. La semana entrante ellos entrarán a tomar decisiones al respecto.
Otro cuestionamiento a la Corte es la demora en la elección del Fiscal General…
Lo que pasa, lo sabe el país, y es que la terna que nos envió el Presidente de la República, elaborada, seguramente de la mejor buena fe, ha tenido reparos y tachas que todo el mundo conoce; eso ha entorpecido el proceso. Esa es la razón de la demora.
¿Cuando se destrabará ese proceso?
Si no hubiese tachas, tenga la plena seguridad que la Corte ya habría entrado en la elección del nuevo Fiscal. La Corte ha tenido que hacer algunos replanteamientos, algunas reflexiones y todavía está en ello.
Si hay una terna con cuestionamientos, es elemental que la Corte tenga que reflexionar y despejar las dudas. Lo contrario sería un acto negligente. No es nombrar por nombrar, hay que nombrar para acertar.
