Se trata de la propuesta para reformar a la justicia nacional elaborada por una comisión de expertos, que fue convocada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4932 de 2008 y de la que hicieron parte 13 juristas liderados por el ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo de la Judicatura, además de catedrático, José Alejandro Bonivento Fernández.
Durante dos meses este grupo adelantó 26 reuniones en ciudades del país, además de mantener un foro abierto en Bogotá para escuchar dudas y recoger las sugerencias que desde distintos sectores se hicieron frente a la encomienda. Las propuestas consignadas en 160 páginas en las que de manera detallada se muestra el blanco y negro de lo que es y lo que debería ser la justicia colombiana; todo, condensado en 15 capítulos que resumen el llamado “Gobierno de la Rama”, espina dorsal de la iniciativa.
En los próximos días esta propuesta será sometida a consideración del Gobierno, como responsable de la convocatoria, y al escrutinio de cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República. La idea es buscar un consenso frente a la necesidad, para que este esfuerzo sea llevado al Congreso y se convierta en realidad.
En este último aspecto, y ante los temores por posibles “micos” que le cuelguen más adelante, el documento previene sobre la inconveniencia de cambiar la esencia de la propuesta, sin desconocer el poder reformador del Legislativo.
“La comisión excluyó como materia de discusión lo relacionado con la competencia de investigación y juzgamiento radicada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Fiscal
Uno de los hechos que más llama la atención está relacionado con la manera como se propone el nombre de los aspirantes a Fiscal General y quién debe elegir a ese funcionario.
La propuesta habla que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que elabore la lista de aspirantes a suceder al Fiscal saliente, para que el Presidente elija.
En la actualidad ocurre lo contrario: la potestad de designación es del Presidente, quien de manera autónoma elabora una terna para que la Corte en pleno elija. Este es, para muchos, el problema que desde hace siete meses enfrenta a la Corte Suprema con el Ejecutivo y por el que, a pesar del largo período, no ha sido posible dicha escogencia; primero, por una inviabilidad decretada y luego, porque ninguno de los aspirantes ha alcanzado los 16 votos que requiere.
Pero este no es el único cambio propuesto. Se propone replantear el número, para que se pase a una lista de por lo menos seis aspirantes, que elaboraría la Corte y de la cual el Primer Mandatario haría la designación.
En este aspecto se desestimó de tajo la posibilidad de que el Fiscal haga parte del Ejecutivo, por lo que seguiría formando en la Rama Judicial. No obstante, no se descarta que a futuro dicho funcionario no dependa ni de la Rama, ni del Ejecutivo, sino que sea considerado un organismo autónomo. El período de cuatro años para el Fiscal seguiría intacto.
Consejo Superior
El hoy conocido Consejo Superior de la Judicatura se convertiría en un órgano llamado Consejo Nacional de la Administración Judicial y pasaría de tener 13 magistrados, con todo lo que eso implica en cuanto a auxiliares y equipos de trabajo, a seis miembros, sólo tres de ellos exclusivos del nuevo organismo.
Esto eliminaría automáticamente la Sala Disciplinaria (que hoy disciplina a abogados, jueces, fiscales y magistrados) y se mantendría la función administrativa (Sala Administrativa) pero con nuevos integrantes: los presidentes de las tres altas cortes (Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia), además de tres expertos en temas judiciales y administrativos. A todo esto se sumaría la llamada dirección ejecutiva y la escuela judicial, ésta última encargada de formar y capacitar a los empleados de la Rama.
Mininterior
La necesidad de crear de nuevo el Ministerio de Justicia, independiente del de Interior (política), es otra de las propuestas, la misma que hace más de un año expuso el Gobierno Nacional.El documento hace énfasis en lasfunciones que deberá tener ese Ministerio: entre otras la política legislativa, judicial, criminal y carcelaria. Estas, sumadas a la tarea de ser interlocutor directo con la Rama Judicial, es decir, que se convierta en un puente entre el la rama, el Legislativo y el Ejecutivo.
Panel de control
Disciplinaria
El proyecto establece la necesidad de quitarle al Congreso (Comisión de Acusación) la función disciplinaria de los magistrados, no la Penal. Serían los propios magistrados, entre sí, quienes se disciplinarían.
En cuanto a la información a los medios de comunicación, reclama certeza a la hora de dar a conocer la información “sin competir con la función judicial”.
Magistrados de las Altas Cortes
Otro tema es la ampliación del período de los magistrados. Se habla de pasar de ocho a 12 años. Se aceptó el cambio de la edad de retiro forzoso. Uno de los temas relagados fue el relacionado con la posibilidad de incrementar la edad mínima para ser magistrado, que es de 35 años. Se manifestó la posibilidad de pasar a los 45 años. Se avaló endurecer los requisitos aumentando el tiempo de experiencia en 15 años.
Tutela y choque de trenes
La Comisión de la Reforma a la Justicia decidió mantener la procedencia de esta acción, inclusive contra providencias judiciales, pero propone límites para que dicho mecanismo, solo se use por clara violación al debido proceso. En cuanto a tutelas, este tipo de acciones podrá seguir llegando a la Corte Constitucional, pero solo de manera excepcional.
