Tras seis meses de posesión de los magistrados del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y año y medio de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, finalmente los cabecillas del otrora grupo guerrillero, se presentarán ante un juez. Así empezar a responder por los delitos cometidos por cinco décadas de conflicto armado.

La cita será hoy, cuando sean notificados de los hechos delincuenciales relacionados con los secuestros sistemáticos que cometieron durante medio siglo de confrontación armada. Según cifras de la Fiscalía, se trataría de 6 mil casos; sin embargo, organizaciones de derechos humanos calculan que los raptos podrían corresponder a unos 40 mil.

La audiencia en la que los exguerrilleros se vean cara a cara con la justicia se desarrollará a partir de las 2:30 de la tarde en la sede del tribunal, ubicado en Bogotá, el cual contará con máximas medidas de seguridad a cargo de la Policía Nacional.

La magistrada Julieta Lemaitre, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, dirigirá la audiencia. Explicó que escogieron los casos de secuestros para iniciar los procesos contra las Farc luego de que el comité de priorización determinara que se trataba del delito en el que más incurrieron, el que más impactó a la sociedad y de los que más víctimas dejó.

Sin embargo, aún no se tiene claro quiénes de los cabecillas hoy líderes del partido político Farc asistirán a la audiencia, solo se confirmó la asistencia de Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada.

Fuentes de las Farc explicaron que no contarán con la presencia de todos los citados ante la falta de claridad en los procedimientos de la JEP, los cuales están pendientes hasta que el presidente de la República firme la Ley de Procedimiento.

Desde el grupo político declararon que hay líderes en zonas de normalización o fuera de Bogotá, como Iván Márquez y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el Paisa, quienes enviarán abogados en su representación, porque no tienen claridad sobre cómo debe hacerse el traslado hasta la capital, si está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Policía o algún otro mecanismo de seguridad que garantice su asistencia evitando cualquier tipo de riesgo.

Tampoco está clara la asistencia de Jesús Santrich, quien está detenido en la Cárcel Picota de Bogotá, mientras avanza su proceso de extradición, aunque fuentes de la JEP declararon que solicitaron los permisos a la Fiscalía y el Inpec para que asista a la audiencia.

La posibilidad de que la mayoría de los convocados no estén presentes en la audiencia fue rechazada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien declaró: “Creo que la JEP hay que respetarla y su fortaleza consiste en que los integrantes de la exguerrilla acudan al llamado de la Justicia Transicional”.

Ana María Ramos, directora encargada de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que la audiencia demuestra que la JEP es un tribunal activo, que empezará a procesar a los acusados basada en los informes que aportaron la Fiscalía, la Procuraduría y ONG, entre otras entidades que colaboran con el tribunal.

“Aquí se pone a prueba la disposición que tienen los comparecientes de asistir cuando son llamados, que además es una de las obligaciones que suscribieron quienes se sometieron al tribunal de la JEP a cambio de su libertad condicional, con la restricción de salir del país, entre otros compromisos”, expresó Ramos.

La audiencia convocada por la JEP se da después de que la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, ratificara su respaldo a la justicia transicional, luego de una reunión personal que sostuvo con la presidente de la corporación, la magistrada Patricia Linares.

Colombia tiene abierto un examen preliminar en la CPI desde el 2004 por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército, miembros de la guerrilla de las Farc y paramilitares.