En qué consiste? Un grupo interdisciplinario de expertos, apoyados por una sólida agenda de investigaciones, le propondrá al país una serie de reformas y acciones que requiere el sistema judicial para iniciar el próximo siglo.
Entre las recomendaciones, dijo Fuentes, se incluirán las responsabilidades que le atañen a la sociedad civil para contribuir a la convivencia pacífica. La Corporación hará, además, una veeduría independiente y técnica de la ejecución y la eficiencia del gasto judicial , explicó.
La Corporación Excelencia en la Justicia es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a más de 80 miembros entre universidades, centros de investigación, gremios, empresas privadas y capítulos regionales interesados en la eficacia de la justicia. Hoy se realiza la primera asamblea nacional de asociados (ver recuadro).
Doctor Fuentes, el Gobierno ha anunciado ajustes a nuestro Estado de Derecho para desvincular la justicia de la política. Cree que está politizada la justicia colombiana? Los funcionarios judiciales deben garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y están obligados a actuar con absoluta independencia e imparcialidad. Ningún funcionario de la Rama puede emitir providencias con criterios políticos extraños al imperio de la ley. Otro problema muy diferente es la judicialización de la vida política que deberá mantenerse mientras exista la corrupción e inmoralidad que tanto daño han causado a la democracia.
Cuál es su balance sobre la acción de la justicia frente a los escándalos de corrupción política? La crisis de gobernabilidad de la Nación se ha visto en parte superada gracias a la acción firme de fiscales y jueces que han sentado un precedente sobre la necesidad de ponerle coto a una larga e impune relación entre política y narcotráfico. Por eso, en aras de la credibilidad de nuestro sistema, es fundamental que se permita culminar procesos como el 8.000, sin ningún tipo de presión, con sujeción a las reglas jurídicas y sin que queden dudas sobre posibles intereses políticos en las decisiones por adoptarse.
Qué opinión le merecen las sentencias recientes a los principales capos del tráfico internacional de narcóticos? Las impugnaciones de la Procuraduría y la Fiscalía ayudarán a establecer sentencias más acordes con la gravedad de estos delitos y con la lucha que han librado las autoridades contra el narcotráfico. Pero lo más importante es que se le continúe proporcionando a la justicia colombiana normas similares a las internacionales para enfrentar las organizaciones delictivas. Las leyes de extinción de dominio y de aumento de penas van en esta dirección y contribuirán a producir fallos que no lesionen la dignidad de la justicia.
Cómo piensa la Corporación Excelencia en la Justicia ayudar a solucionar este angustioso panorama de criminalidad, impunidad e inoperancia de la justicia? Las personas que en buena hora crearon la Corporación son conscientes de que la recuperación de la confianza ciudadana en su sistema de justicia y el logro de un acceso equitativo al mismo, demandarán tiempo y amplia participación de la sociedad civil. Colombia enfrenta una preocupante combinación de fenómenos como el patinaje moral de sus altos dirigentes, la presencia de redes armadas muy eficaces para el crimen y el control territorial, pero incapaces de producir un imaginario colectivo, el poder corruptor de la droga, y la privatización de la fuerza que genera la dudosa autoridad del Estado. Así, la oferta de administración de justicia, por más recursos que reciba, jamás podrá atender los infinitos reclamos de solución de la gente. Esto se agrava por nuestro derecho excesivamente formalista, las nuevas demandas de protección de derechos ciudadanos, y el lento avance en la tarea de mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios judiciales.
Qué tipo de programas impulsará la Corporación? El gasto público del sector justicia prácticamente se ha duplicado por el desarrollo de las reformas de la Constitución de 1991, pero los resultados en materia de congestión e impunidad siguen siendo muy pobres. La Corporación hará una veeduría independiente y técnica de la ejecución y la eficiencia del gasto judicial y, al mismo tiempo, promoverá iniciativas piloto que muestren nuevos esquemas de gestión judicial. Por otra parte, conscientes de que los problemas de la justicia no se solucionan de un día para otro, la Corporación organizará a partir de este año la Misión Justicia Siglo XXI, con un grupo interdisciplinario de expertos que, apoyados en una sólida agenda de investigaciones, le propongan al país una serie de reformas y acciones que requiere el sistema de justicia para iniciar el próximo siglo, incluyendo dentro de las recomendaciones las responsabilidades que le atañen a la sociedad civil para contribuir a la convivencia pacífica.
Cómo esperan contribuir a la desjudicialización de los conflictos? La Corporación tiene dentro de sus objetivos principales fomentar iniciativas de solución alternativa y pacífica de los conflictos, así como facilitar el conocimiento ciudadano de sus deberes y derechos a través de actividades de educación y formación. En este y en otros campos hemos comenzado a definir programas de acción nacional y regional, líneas de investigación y esquemas selectivos de colaboración con la Rama y con el Gobierno. Nuestro primer Capítulo Regional en Ibagué está trabajando activamente en varios proyectos que desarrollan la misión de la Corporación.
La justicia es asunto que tradicionalmente preocupaba a jueces y el Gobierno. Por qué vemos ahora a universidades, empresarios, centros de investigación, gremios y expertos de varias regiones del país, uniendo esfuerzos para trabajar por la justicia? Está demostrado en muchos países que un sistema de justicia efectivo es de importancia vital para mejorar los índices de desarrollo económico y bienestar social de la población. Estudios han calculado el costo de la violencia para nuestra economía en cerca de dos puntos del PIB por año. Los jóvenes de la Colombia de hoy, especialmente los más pobres, se mueren por la violencia y no por enfermedad. Las pérdidas deplorables de capital humano joven se suma a otros impactos de la criminalidad, como la escasa inversión en el campo, el desangre financiero del sistema de salud, el aumento acelerado de gastos en defensa y seguridad, y la destrucción de la escasa infraestructura.
Podrá la justicia responder a semejante desafío? No es sólo un problema de la justicia. Falta mucha pedagogía de la tolerancia para enfrentar las barreras culturales que se oponen a la posibilidad de resolver nuestras diferencias sin recurrir a la violencia. Sin embargo, una justicia que sea eficiente y escarmiente el crimen es necesaria para salir de esta encrucijada. Ejercer la violencia se convirtió en el mejor negocio de la economía. Un trabajo reciente de Mauricio Rubio calcula, por ejemplo, que el ingreso anual de los delincuentes comunes en Colombia rondaría los US$ 20.000 al año, similar al ingreso per cápita de los países más desarrollados y diez veces mayor que el PIB per cápita colombiano. Una administración de justicia cumplida que castigue severamente al delincuente no s f3lo disminuiría las rentas de la criminalidad, sino que aumentaría los incentivos de las actividades honestas y contribuiría a reconstruir la pérdida de credibilidad en las instituciones judiciales.
Hoy, primera asamblea de la CEJ La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) realizará hoy la primera asamblea general de asociados.
El objetivo es debatir los proyectos que, teóricamente, ayudarán a replantear y mejorar el sistema judicial del país con miras al Siglo XXI.
Utilización de los recursos percibidos por la Corporación hacia planes de acción en torno a la niñez y la familia; la modernización en alta gerencia para el sistema judicial y el gran debate de lo que hoy son los esquemas de la justicia colombiana, serán los temas más relevantes de la reunión que coordinará Rafael Santos, presidente de la Junta Directiva de la CEJ.
La Corporación constituida el 28 de agosto de 1996 recibió la personería jurídica en noviembre de 1996. El director ejecutivo, Alfredo Fuentes, empezó su labor en octubre del año pasado y el equipo de la fundación inició su trabajo a partir de marzo de 1997.
Hoy la apoyan 12 benefactores, 13 patrocinadores, 50 afiliados y nueve aliados estratégicos. Recibirá aportes cercanos a los $2.200 millones en tres años.
El acto público con ocasión de la primera asamblea general de la CEJ se realizará a las 6 de la tarde en el auditorio del Banco Ganadero, carrera 9 No. 72-21, piso 12. En el evento intervendrán el presidente de la Corte Constitucional, Antonio Barrera, y el vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Gustavo Cuello Iriarte.
Foto: ALFREDO FUENTES, director de la CEJ, dice que falta mucha pedagogía de la tolerancia para enfrentar las barreras culturales que se oponen a la posibilidad de resolver las diferencias sin recurrir a la violencia.
Mauricio Dueñas/EL TIEMPO
El Tiempo / 20 de marzo de 1997
