El debate en la Comisión I de la Cámara de Representante se tornó acalorado por la discusión entre el representante del Partido Conservador, Humpey Roa y el Gobierno Nacional por la financiación y presupuesto de la Rama Judicial.
A un solo debate de su aprobación, se hace claro que la reforma a la justicia atiende problemas del sector pero aporta poco para que el ciudadano tenga mejor servicio.
Sacar adelante la reforma a la Justicia se ha convertido en un caballo de batalla para el Gobierno y hoy está a tan solo un debate de su aprobación. Pero, finalmente, ¿en qué favorece al ciudadano de a pie?, ¿cómo modifica las actuales condiciones y características del sistema judicial colombiano? o ¿el proyecto se queda en una nueva reforma al Estado como lo argumentan distintos expertos?
En este último aspecto, los analistas han llamado la atención en el hecho de que esta iniciativa tiene más tinte político por cuanto modifica las relaciones entre el Ejecutivo, el Congreso y la Rama Judicial.
Al plantear la reforma a la Justicia, el Gobierno Nacional intentó atacar tres problemas básicos, que son los que tocan al ciudadano cuando busca la justicia: la congestión de los despachos judiciales, el acceso a un juez y la impunidad.
Las cifras del Consejo Superior de la Judicatura son dicientes, casi 800 mil procesos quedaron sin tramitar el año pasado en la Rama Judicial, por lo que deberán ser conocidos este año.
La reforma busca atacar la congestión ampliando “las facultades a personas que no son jueces para decidir casos”, señaló Miguel La Rota , investigador de la Corporación Dejusticia.
Abogados, centros de conciliación y notarios quedarían habilitados para conocer de algunos procesos. Lo que para La Rota es complejo, pues “esas personas no están investidas del poder judicial, entonces, no gozan de la independencia y de la protección que normalmente tiene un juez para poder decidir imparcialmente”.
Acceso a la Justicia
Darle poder a los particulares, preocupa a Luis Fernando Otálvaro , presidente de Asonal Judicial, sindicato de jueces y fiscales, pues se rompería con el acceso a la justicia. “Cuando la gente ni siquiera tiene posibilidades de acudir a la justicia porque no tiene para el bus, ahora les van a decir que pueden acudir a un notario, pero que tienen que pagar”.
El precio para acceder a la justicia, afirma Otálvaro, se generaría porque “los privados que presten el servicio tendrían que invertir en personal, infraestructura y demás para cumplir con las nuevas funciones que antes no tenían, que en últimas se le cobraría al ciudadano que quiere acceder a eso”.
Para María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, la reforma “atenta contra la gratuidad de la justicia, pues en el país, acceder a ella no tiene ningún costo y se le pasa a notarios y abogados que van a cobrar por esto”. Gloria Borrero , directora de Excelencia en la Justicia, piensa que no necesariamente se cobrará por acceder a la justicia, pero tendrá que ver cómo el Congreso reglamenta la materia.
“Que se cobre es una barrera al acceso a un juez, pero dependerá del legislador si impone el amparo de pobreza para estos casos, donde los que no tienen con qué pagar se les dé un subsidio. Todo depende de cómo el legislador lo reglamente”, indicó Borrero.
Impunidad
En Colombia “solamente el cuatro por ciento de los casos que han entrado a la Fiscalía desde 2005 hasta el final de 2010 tienen una condena. Es decir, el 96 por ciento de los casos de homicidio no tienen condena”, indicó La Rota. La reforma no trae medidas parar combatir la impunidad. “No toca nada, lo único que se da, son mayor facultades a la Fiscalía para que sin orden judicial pueda interceptar comunicaciones, capturar hasta por 72 horas y allanar”, indicó Otálvaro.
Para Gloria Borrero , “las 72 horas que le dan a la Fiscalía es un elemento que le servirá mucho para darle maniobrabilidad al ente para las zonas que están más alejadas pues les da más tiempo para investigar”.
Pero reconoce que el proyecto no ataca directamente la impunidad “salvo en lo que tiene que ver con que tendrá un órgano de gobierno de la Rama que podrá hacer un plan de desarrollo adecuado, lo que en últimas resuelve varios problemas del sistema, incluyendo la impunidad”.
