El acto legislativo de reforma la reforma a la justicia tiene los tiempos contados para ser aprobado en el Congreso de la República.
Por tratarse de una reforma constitucional, tiene que cumplir su segunda vuelta en lo que queda de este periodo legislativo, que finaliza el 20 de junio.
La reforma a la justicia se encuentra en la Comisión Primera del Senado, de allí tiene que pasar a la plenaria de esa corporación, luego a la Comisión Primera de la Cámara, después a su plenaria y por último tienen que ser conciliados los textos que resulten de estos debates con el que quedó en diciembre pasado, para que finalice su trámite en el Congreso.
Plazos cortos
Los plazos son apretados. Por eso preocupa tanto un anuncio hecho por la Comisión de Acusación que podría complicar aún más los tiempos.
Se trata de la llegada a la plenaria de esa corporación de la apertura formal de investigación en contra del exfiscal Luis Camilo Osorio Isaza, por delitos relacionados con su presunto favorecimiento al ‘paramilitarismo’.
De presentarse ese escenario, la ley ordena que se detenga cualquier proceso legislativo y la Cámara se dedique únicamente a decidir el proceso en cuestión.
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, señaló al respecto que “si llega a haber la necesidad de hacer un juicio, eso lleva prelación sobre los demás procesos y tomaría tiempo, la Comisión de Acusación es autónoma en su ponderación de las pruebas de los diferentes casos y de tomar las decisiones correspondientes, aplicaremos estrictamente el reglamento”.
El Gobierno cuenta con que el proyecto pueda finalizar su trámite sin percances.
Sin embargo, la envergadura de la iniciativa hace que los congresistas deban debatir con la mayor rigidez cada uno de sus puntos, los cuales no son pocos.
EL REGRESO DE LAS CORTES AL DEBATE
Además de los tiempos que debe cumplir la iniciativa, hay varios puntos clave sobre la mesa con la necesidad de ser aclarados. El primero es el regreso al debate de las altas cortes. Aunque varios han sido los llamados hechos por el Gobierno y el Legislativo para que eso suceda, por lo pronto no parece posible ese acercamiento.
El presidente de la Comisión Primera del Senado, Luis Fernando Velasco, tiene el propósito de conseguir que los magistrados participen de los cuatro debates que le faltan al proyecto en el Congreso. Para lograrlo, se ha reunido con el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y con el de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata.
Velasco afirma que lo más lógico es que si el Congreso está debatiendo una reforma al poder judicial, ese debate debe contar con la participación de las cortes, precisamente para que el proyecto no resulte en contra de ellas.
PRINCIPALES PUNTOS DE LA INICIATIVA
– La Contraloría volvería a investigar aforados.
En la ponencia de la reforma a la justicia se incluyó un artículo que establece que este órgano de control sí debe tener la facultad de hacer control fiscal a aforados. La ponencia establece que con las únicas excepciones del Presidente, el Vicepresidente y los magistrados de la Corte Constitucional, la Contraloría pueda ejercer el control fiscal en contra de todos los funcionarios del país.
– Procurador no podría investigar congresistas. Uno de los aspectos que más se destaca en la ponencia es que limita las funciones del Procurador General de la Nación para investigar a los congresistas.
– Diez nuevos magistrados en la Corte Suprema para investigar aforados. Será esta Alta Corte la que siga juzgando penalmente a congresistas y su competencia se ampliará para investigar a magistrados, fiscal general, procurador y contralor. Esas investigaciones tendrán garantizada la doble instancia. Para ello se crearán dos salas dentro de la Corte Suprema, cada una integrada por cinco magistrados. La primera hará la investigación y la segunda se encargará del juzgamiento en primera instancia. La segunda instancia será competencia de la actual sala de casación penal de la Corte Suprema.
– La Comisión de Acusaciones ya no tendría la competencia para investigar magistrados. Sólo lo harán sobre el presidente de la República y el vicepresidente y sus juicios serán de carácter político, para evaluar la declaración de “Indignidad Política”.
– Descongestión con condiciones. En el quinto debate se mantendrá la propuesta del Gobierno de designar notarios y abogados particulares para ayudar a descongestionar los despachos judiciales. Pero en el Senado se definirán condiciones para ello.
– No se eliminaría el Consejo Superior de la Judicatura. Los ponentes del Senado acordaron eliminar la Sala Administrativa de esa corte y en su lugar crear una Sala de Gobierno de la rama judicial, integrada por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Podrán nombrar un gerente de la rama. La Sala Disciplinaria de la Judicatura se mantendrá, pero reduciendo sus funciones a disciplinar a jueces y abogados.
– No habría figura superior a la tutela. La figura del ‘habeas juris’, aprobada en la Cámara de Representantes quedó eliminada. Se trataba de un recurso extraordinario que se podía reclamar en todos los procesos judiciales para dar garantía a los derechos fundamentales.
