Sorpresivamente, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, apareció en el debate de los ponentes para reiterar sus reparos al proyecto. Para muchos significó el regreso de las altas cortes a las discusiones. Pero el magistrado aclaró que apenas es un acercamiento.
El reloj del recinto de la Comisión Primera del Senado señalaba las 12 del medio día. El debate de la reforma a la justicia cumplía algo más de una hora. Pero en ese momento se produjo un hecho trascendente. Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, ingresó al recinto y se sentó junto al fiscal general y el ministro de justicia.
Nadie lo esperaba. Las altas Cortes habían decidido levantarse de las discusiones y no volver al Congreso para defender su propia visión sobre la reforma a la justicia, un proyecto que si afecta a alguien, es precisamente a la cúpula del poder judicial.
Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), presidente de la Comisión Primera, tal vez era el único que esperaba la sorpresiva presencia de Gómez. Pero nunca la reveló así como tampoco se mostró ‘fuera de base’ cuando Gómez se sentó en la mesa principal. Porque Velasco, con mucho sigilo y prudencia, llevaba más de un mes intentando que las Cortes regresaran a debatir la reforma en el Congreso, una de sus principales obsesiones como presidente de la comisión que se encarga de estudiar las reformas constitucionales.
En ese momento, los ponentes explicaban sus argumentos. Pero la presencia del magistrado Gómez obligó a que el normal transcurso del debate se alterara. Los senadores no encontraron ningún inconveniente en guardar silencio y aceptaron abrirle el micrófono al presidente del Consejo de Estado.
Sin límite de tiempo, el magistrado Gómez, luego de estrechar la mano del fiscal Eduardo Montealegre y el ministro Juan Carlos Esguerra, se adueñó de la palabra y aprovechó para lanzarle fuertes dardos al proyecto del gobierno que actualmente discute el Congreso.
Los presentes en la Comisión volvieron a escuchar en el parlamento que para las altas cortes, el proyecto “fractura la independencia de los jueces y conspira contra el Estado Social de Derecho”, garantizado por la Constitución de 1991.
El regreso oficial
Pero Gómez, consciente de que su presencia en el quinto debate podría ser malinterpretada, aclaró que el hecho de que expresara algunas de sus opiniones en el Congreso, no puede significar el regreso oficial de las altas cortes al debate.
El magistrado pareció despojarse de su dignidad e investidura al afirmar que se hacía presente como simple ciudadano, pero además, por ser magistrado, tenía los argumentos para hablar sobre el proyecto.
Aclaró que el hecho de que las altas Cortes se hayan retirado del debate no significa que “hayamos abandonado este proceso”, el cual ya está en su segunda fase. Sin embargo, la decisión definitiva del regreso al debate será una potestad exclusiva de la sala plena del Consejo de Estado, que el próximo jueves se reunirá para decidir si vuelve o no a los debates que adelanta el Congreso.
“Si la sala plena, ese día, lo aprueba, como presidente del Consejo de Estado estaría gustoso de acompañarlos, porque ese es un deber”, le dijo Gómez a los congresistas.
Los dardos al proyecto
Tras la significativa aclaración, el magistrado Gómez le hizo serios reparos a la reforma a la justicia. Y aunque no se ocupó de todo el proyecto, sí lo hizo para tres puntos concretos en los que el Consejo de Estado expresa nuevas diferencias.
Sobre la nueva fórmula para el juzgamiento de aforados (que según el proyecto crea una nueva sala dentro de la Corte Suprema de Justicia para juzgar al presidente, el vicepresidente, el fiscal general, magistrados y congresistas), Gustavo Gómez se opone porque afecta la armonía al interior de la rama judicial.
Como el proyecto establece que estos nuevos magistrados que juzgarían aforados serían elegidos por la Corte Constitucional, Gómez cuestiona que este tribunal tenga funciones electorales. “La Corte Constitucional tiene funciones y deberes de suma trascendencia. Lo máximo que pueden elegir es a su secretario”.
Esa nueva sala para aforados, dentro de la Corte Suprema de Justicia, además tendría funciones penales y disciplinarias. Gómez también se opone a esa propuesta. Y considera que el actual sistema, con la Comisión de Acusaciones para delantar juicios exclusivamente políticos, garantiza que en los juicios penales (que le corresponden a la Corte Suprema de Justicia) no haya “decisiones mediáticas o de opinión”.
Gómez también dirigió un dardo con nombre propio. Al senador conservador Eduardo Enríquez Maya, quien ha defendido la “gradualidad” de las sanciones y suspensiones en los procesos que, por pérdida de investidura, le corresponde adelantar al Consejo de Estado contra los congresistas.
El proyecto de reforma a la justicia contempla doble instancia para este tipo de procesos, además de ampliar sus términos, y hasta modular las decisiones, es decir, desde amonestaciones y suspensiones hasta la temida “muerte política”, que es la pérdida de investidura.
El magistrado Gómez le dijo a los congresistas que la pérdida de investidura no la pueden mirar como “una espada de Damocles encima de sus cabezas”. Para el presidente del Consejo de Estado, esa sanción es una garantía constitucional y es propiedad de la democracia colombiana. Insinuó que si las altas Cortes vuelven al debate, la defenderán a capa y espada.
El último dardo fue hacia el gobierno y sus intenciones de suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, o al menos a su sala administrativa a cambio de crear una sala de gobierno para que gerencia la rama judicial. El magistrado Gómez considera que es una propuesta que también mina la independencia de la justicia, pues en esa sala de gobierno habría presencia del poder ejecutivo.
Gustavo Gómez no quiso extenderse mucho y aunque fue directo, su discurso fue cauteloso. En algo más de 20 minutos despachó sus apreciaciones. Sin embargo, su discurso supuso que las altas cortes destaparan alguna de sus cartas y las dejaran en el parlamento. Unas cartas que están dispuestos a usar si el próximo jueves la sala plena del Consejo de Estado decide regresar al ruedo de la reforma a la justicia.
